Cuando desalojaron el complejo industrial ocupado de la calle Puigcerdà, en la que vivían más de 200 personas -la mayoría de origen subsahariano-, Ibrahima decidió probar suerte en otra nave, también en el distrito de Sant Martí en Barcelona, en la calle Paraguay. No fue fácil, según cuenta, entrar a vivir en un espacio en el que ya había unas veinte personas, pero al final le acogieron. Como todos vive de la chatarra, y como todos está condenado a abandonar su techo y su puesto de trabajo por orden del juez, que tras recibir una denuncia de la propiedad ha ordenado desalojar el inmueble a partir de la semana que viene.
La sombra de los desalojos sigue planeando sobre los cerca de 20 asentamientos irregulares hay en los barrios de Sant Martí y el Poblenou de Barcelona, según las cuentas de la Asamblea Solidaria con los Asentamientos del Poblenou. En este último año, más allá del espectacular desmantelamiento de las nave de las calles Puigcerdà y Pere IV el pasado julio, ha habido unos seis o siete desalojos de menor impacto.
Ahora toca minimizar los efectos de la salida de las 20 personas que viven en la calle Paraguay, y para ello se reunieron ayer en una asamblea los inquilinos y los vecinos y activistas del barrio. “Lo primordial es conseguir un techo donde dormir”, exponía uno de ellos, tras descartar el aplazamiento del desalojo, puesto que la decisión del juez es firme. Los ocupantes pedirán en los próximos días una reunión con el Ayuntamiento para pedir que se les proporcione una vivienda al menos provisional. Así sucedió tras el desalojo de la calle Puigcerdà y así se hace en todos los casos de riesgo como este, según fuentes del consistorio.
Tras la asamblea, también acordaron convocar una manifestación para esta misma tarde. “Que todo el barrio vea nuestro problema”, exponía Omar ante el grupo. Los ánimos, sin embargo, estaban abatidos, puesto que el cansancio es inevitable para muchos de ellos tras años de ocupaciones clandestinas, encontronazos con la policía, intentos fallidos de regularización de su situación -por falta de empleo- y, en definitiva, de pobreza y exclusión.
Balance: ocupación temporal sin papeles
El desánimo de los inquilinos de Paraguai 10 se debe también a los pocos resultados que se han obtenido tras las movilizaciones vecinales que han salido al paso de los desalojos. Sin ir más lejos, tras los sucesos en la calle Puigcerdà los colectivos afectados y los vecinos iniciaron una serie de amplias protestas para pedir vivienda, trabajo, papeles y dignidad para los 230 damnificados, según el censo vecinal. ¿Pero qué queda de aquellas peticiones hoy?
A fecha del mes de febrero, de acuerdo con las últimas cifras del Ayuntamiento, había 113 personas viviendo temporalmente en recursos residenciales municipales, es decir, albergues y pensiones. De ellos, 19 han encontrado un puesto de trabajo, y unos 60 son usuarios de cursos de formación y capacitación.
Sin embargo, el abasto de esta asistencia, de acuerdo con el Plan de Asentamientos Irregulares municipales, siempre es limitado, puesto que en la mayoría de casos las personas atendidas acaban volviendo a la rueda de exclusión por no tener regularizada su situación en España. Esta es una de las claves, según los vecinos, del drama de los asentamientos en Barcelona: la imposibilidad de acceder a papeles para empezar una vida digna.
En cuanto a regularización, las cifras son rotundas: de las 250 personas que quedaron desamparadas hace un año, 87 tramitaron la documentación para acceder a un permiso de residencia y trabajo, y a día de hoy son tan solo 7 los que, según el Ayuntamiento, han logrado los papeles. 47 casos han sido denegados por el Estado -a la espera de recurso- y los demás están en trámite, según el recuento de los vecinos.
“Que esté el proceso abierto por lo menos es positivo, porque esto impide por ejemplo que te puedan llevar a un CIE”, apunta Manel Andreu, portavoz de la Asociación de Vecinos del Poblenou. Durante todo un año -dos días a la semana-, en el espacio ocupado La Flor de Maig los vecinos han tratado de ayudar a los afectados por los desalojos a tramitar sus papeles para poner en regla su situación, pero los resultados son escasos.
“Conseguir los papeles, así como garantizar que puedan mantener sus métodos de subsistencia, son dos piezas a partir de las que, poco a poco, podrían empezar a encontrar una solución”, expone Andreu, que en su balance necesariamente negativo de la situación ve más culpable la Ley de Extranjería que el Ayuntamiento, “que ha puesto soluciones de emergencia al problema de la vivienda aunque con muchas deficiencias”.
“Todos sabemos como van las cosas, ya lo hemos vivido”
“A ver, todos sabemos como van estas cosas, todos ya hemos vivido situaciones así”, exponía Ibrahima en la asamblea, para dar a entender que no son nuevos en esto de los desalojos y que lo mejor es no darse falsas esperanzas. Pero o por ello renunciarán a movilizarse. “Además de pedir alojamiento podríamos pedir también un espacio en el barrio en el que guardar la chatarra”, sugería Carlota Figueras, activista vecinal, al ver que una de las preocupaciones de quienes viven en estas naves es que, en cuanto les expulsan, se quedan sin taller y sin medios de subsistencia por mucho que les den un techo provisional.
La asamblea se acerca a su fin y Carlota apela a la unidad. Uno de ellos asiente convencido. “Pase lo que pase, debemos permanecer unidos, porque si no perdemos la fuerza”, les empuja esta vecina. Con el desalojo de hace un año, el colectivo quedó disperso. Quizás esta fuera la intención del Ayuntamiento, piensa Andreu. Pero, pese a la diáspora, la sombra del drama humanitario sigue sobre este barrio y sobre la ciudad.
Las órdenes y procesos de desalojo se suceden en el Poblenou sin que muchas veces las entidades vecinales sean capaces de contabilizarlas. Pero en este momento hay otro caso, como el de Paraguay, que por su magnitud ocupa las preocupaciones de los colectivos del entorno. Se trata de un asentamiento en un solar sin edificar de la calle Álava, 17, en el que viven en roulottes unas 14 familias de origen galaicoportugués.
Esta es su casa desde hace cerca de 7 años, según las cuentas de Quart Món, la entidad social que les asiste, pero su día a día se vio alterado el pasado mes de febrero cuando se produjo un incendio en una parte del solar. El accidente, que tuvo su origen en una estufa, acabó sin consecuencias graves, pero al poco tiempo llegó una orden de desalojo a petición de la propiedad.
“Hubo movilizaciones y las familias enviaron una carta al alcalde, y al final se ha conseguido paralizar la expulsión al menos hasta septiembre”, cuenta Silvia Torralba, de Quart Món.
En Barcelona hay unas 80 familias galaicoportuguesas que viven en asentamientos, de las que 45 cuentan con el apoyo de esta entidad. Su caso es a menudo más sencillo de abordar que el de colectivos como los subsaharianos, puesto que de entrada estas familias son catalanas y tienen papeles.