Detectives, alquiler social y un desahucio: la nueva querella de una inmobiliaria contra Ada Colau

Empresas y rivales políticos de Ada Colau insisten en trasladar a la vía penal sus discrepancias con la gestión municipal. La inmobiliaria Juninmo ha interpuesto la decimotercera querella contra la alcaldesa y su equipo de gobierno en lo que va de mandato. La nueva acción legal acusa a Colau, a la concejala de Vivienda, Lucía Martín, y a tres funcionarias de coacciones y otros tres delitos por el expediente abierto a la inmobiliaria –y cerrado sin sanción– por intentar desahuciar a un hombre vulnerable en 2021.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la titular del juzgado de instrucción 20 de Barcelona admite la querella de Juninmo, que se define como una inmobiliaria “fuera del ámbito de la pura especulación”, ya que los inmuebles que gestiona “proceden de herencia familiar de varias generaciones”.

En esencia, la querella ve como una coacción municipal el expediente sancionador que el área de Vivienda del consistorio abrió en 2021 a Juninmo cuando la inmobiliaria intentó desahuciar a un inquilino del barrio de Les Corts considerado como vulnerable por los servicios sociales.

La ley catalana de Vivienda vigente en aquel momento preveía sanciones para los grandes propietarios que no ofrecieran vivienda social a los inquilinos vulnerables antes de desahuciarlos, pero el Tribunal Constitucional tumbó la norma.

La inmobiliaria llega a aportar un informe que ha encargado a una empresa de detectives para cuestionar que el inquilino fuera vulnerable. Se trata de una prueba inusual en un procedimiento penal, según las fuentes jurídicas consultadas. 

Para llegar a su conclusión, los detectives se basan únicamente en el estudio de las redes sociales del inquilino y en que su hermano “dispone, a simple vista, de una situación profesional acomodada”. Los detectives adjuntan una quincena de fotografías de Instagram del inquilino.

Pese a que la inmobiliaria pedía la declaración inmediata como imputadas de Colau y Martín, la jueza ha frenado sus intenciones. La magistrada sí ha acordado requerir documentación al consistorio y al juzgado civil sobre el desahucio del inquilino antes de decidir si confiere la condición de investigadas a la alcaldesa y al resto de querelladas por Juninmo.

Misma abogada que el fondo buitre

La impulsora de esta nueva acción legal contra Colau es reincidente. La abogada María José Tarancón ya representa al fondo buitre Vauras en un proceso penal similar: el fondo acusa a Colau y a dos concejales de coacciones por abrirle un proceso sancionador por desahuciar a familias vulnerables de un edificio okupado en el Poble-sec. La magistrada archivó el caso en primera instancia, pero la Audiencia de Barcelona lo reabrió.

La nueva querella vuelve a apuntar directamente contra la alcaldesa y una concejala pese a que en ninguna de sus 30 páginas se describe una conducta concreta de Colau y Martín en relación al desahucio objeto del pleito. No obstante, Juninmo mantiene que “la perpetración de los delitos no hubiera sido posible” sin la participación de Colau y Martín. La inmobiliaria pide además 100.000 euros de fianza al Ayuntamiento como “responsable civil”.

A diferencia del caso del Poble-sec, el propio Ayuntamiento cerró sin sanción el expediente abierto a Juninmo por no ofrecer vivienda social al inquilino vulnerable que pretendía desahuciar en Les Corts, según han informado fuentes municipales.

Correos y una inspección turística

Entre las pruebas supuestamente incriminatorias que aporta Juninmo, destacan los intercambios de correos entre funcionarias del servicio de Vivienda de Les Corts y la abogada de la inmobiliaria. 

Lejos de mostrar ninguna coacción, en los correos las técnicas municipales del Servicio de Intervención en situaciones de Pérdida de la Vivienda y Ocupación (SIPHO) se ofrecen a la inmobiliaria para mediar con el inquilino antes de su desahucio previsto para octubre de 2021.

De hecho, tal y como consta en la documentación aportada por Juninmo, las gestiones entre consistorio, propiedad e inquilino terminaron con un acuerdo que llevó a suspender el desahucio y a firmar un nuevo contrato a principios de noviembre de 2021 que prorrogaba el alquiler hasta el 31 de octubre de 2022. Pero el inquilino volvió a dejar de pagar la renta mensual en marzo del año pasado, lo que motivó una nueva demanda de la inmobiliaria.

El juzgado de primera instancia que tramitó el desahucio, con todo, rechazó que la condición de vulnerabilidad apreciada por los Servicios Sociales municipales fuera motivo suficiente para suspender el desahucio. El juzgado consideró insuficientes para ratificar la situación de precariedad económica el informe del SEPE de que el inquilino dejó de percibir el paro en 2016 al considerarlo “antiguo” y porque el hombre manifestó que su familia podía ayudarle “para cubrir los gastos básicos”.

Por otro lado, la inmobiliaria también ve como un delito de coacciones la inspección que, un año después del desahucio frenado en Les Corts, hizo el distrito de Gràcia a un local de la Travessera de Gràcia tras recibir quejas vecinales de que era un alojamiento turístico sin licencia. Para Juninmo, la inspección y la incoación de otro expediente municipal tiene el único objetivo de “coaccionar” a la inmobiliaria para que ofrezca alquileres municipales.

En un primer momento, los inspectores municipales de Gràcia cometieron un error e identificaron como vivienda turística unos bajos en los que en realidad había una farmacia propiedad de Juninmo. Fuentes municipales han confirmado que ese error ya se ha subsanado.

En realidad, explican las mismas fuentes, la vivienda turística estaba en unos bajos distintos a los de la farmacia pero ubicados en la misma finca. Este expediente de cese de vivienda turística ilegal está todavía en trámite. Los inspectores municipales han podido comprobar que el propietario de ese bajo no es Juninmo, sino un particular que comparte primer apellido con la administradora de la inmobiliaria, por lo que sospechan que se trata de un familiar.

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