Acoso, robos, palizas y racismo: así operaba una banda de 'desokupaciones' desmantelada por los Mossos

Los Mossos d’Esquadra han desmantelado una banda de desokupaciones extrajudiciales que, bajo la apariencia de una empresa legal, actuaba en la provincia de Tarragona mediante coacciones, amenazas, robos y violencia contra inquilinos. En total, son 16 los detenidos, a los que han intervenido dos armas de fuego. Dos de los arrestados, el presunto jefe de la organización y su hombre de confianza, están en prisión preventiva, según el auto judicial.

Las actuaciones de la banda, creada en 2020 con el nombre de Antiokupa Tarraco, incluyen un amplísimo repertorio de coacciones, agresiones y acoso extremo. Entre ellos, destrozos de vehículos y domicilios, palizas, instalación de GPS en las víctimas para seguirlas, el robo de un perro o incluso la sustracción de una niña de tres años de las manos de su madre para que esta saliera de su vivienda y así los atacantes poder entrar en ella y echarla. También apunta la investigación judicial a “cierta colaboración” entre ese grupo y la Policía Local de Mont-roig del Camp.

Por todo ello, y tras una investigación que ha durado ocho meses, los detenidos están acusados de presuntos delitos de coacciones, amenazas, usurpación de funciones, acoso, violación de domicilio, daños, robo con fuerza, robo con violencia y contra la integridad moral y el sentimiento religioso. Los Mossos calculan que participaron en un total de 60 hechos delictivos.

La causa judicial la dirige magistrado del Juzgado de Instrucción 3 de Reus, que investiga a otras once personas por los mismos hechos. Durante sus pesquisas, la policía catalana ha constatado que la banda se presentaba como un servicio de mediación para desahucios pero que, en realidad, se dedicaba a acosar a los inquilinos. A menudo, con motivaciones racistas, “movidos por el odio y la discriminación por razón de origen, raza o etnia”. 

A raíz de los pinchazos telefónicos y el seguimiento de la banda, el juez relata también las reuniones del grupo con sus clientes, algunos de ellos “comerciales de fondos buitre” o, como detalla más adelante, “empresas destinadas a especular con los inmuebles”. El auto apunta a que estos intermediarios de los grandes propietarios ofrecían a inversores la vivienda ocupada a bajo precio junto con el contacto del líder de la banda, para facilitar su desalojo.

El acoso en cuatro fases: de las llamadas a las palizas

La tarea policial ha permitido sacar a la luz el modus operandi de esta organización tarraconense, cuyas acciones podían ir dirigidas a inquilinos en situación de impago o de ocupación, pero también a arrendadores con contrato vigente. Se trata de un funcionamiento que el juez también describe pormenorizadamente y que resume en cuatro fases: negociación, vigilancia y acoso, coacciones y aumento de la “intensidad criminal”. 

La empresa de desokupaciones, que cobraba entre 3.500 y 4.000 euros a propietarios a cambio de desalojar sus inmuebles, iba incrementando de forma “gradual” la gravedad de sus actuaciones. Primero, ofrecían un acuerdo a los inquilinos para abandonar la vivienda. Si la respuesta era negativa, comenzaban todo un repertorio de “acciones delictivas” para echarles. Ello podía incluir, según la investigación, amenazas telefónicas con multitud de llamadas en horario nocturno, golpes a la puerta, coacciones mediante el corte de suministros o “daños y desperfectos” en los inmuebles. 

También ese acoso inicial pasaba por las amenazas. “Si no te vas, saldrás con los pies por delante”, “te vamos a quemar”, “te vamos a matar”, son algunos de los ejemplos que recoge el juez en su auto.

Si aun así el piso no quedaba vacío, la organización subía un grado más la violencia. Entonces podían presentar denuncias falsas, violar el domicilio o robar con fuerza en el interior de la vivienda, romper los cristales o pinchar ruedas de coches… “En algunos casos, llegaron a efectuar robos violentos y lesiones graves a algunos de los inquilinos. Algunos de los episodios más graves tuvieron lugar en presencia de menores”, recalcan el comunicado policial. 

En un caso le robaron el perro a un inquilino. A otro afectado lo apalearon en la puerta de su trabajo y le rompieron dos costillas y el tímpano. Y luego está el caso de una madre y su hija de tres años a la que los atacantes se llevaron como método de presión. “Se echaron a correr con la niña con la clara intención de que la madre saliera desesperada detrás y así poder ellos entrar en el domicilio, dejando a la víctima con dos bebés en la calle sin posibilidad de poder entrar de nuevo en su casa”, resume el magistrado. 

Vínculos con un bufete de abogados

Un último aspecto de funcionamiento que los Mossos también consideran relevante es su vinculación a un despacho de abogados local. La empresa usaba la “cobertura” de un bufete para dar “apariencia de legalidad” a su actividad. Además, añaden, el propietario del despacho era socio de la empresa de desokupaciones. Asimismo, los Mossos señalan que algunos propietarios de los inmuebles que eran clientes de la banda participaron en los desalojos. 

Las detenciones, que afectan a personas de entre 27 y 59 años, se han llevado a cabo en las poblaciones de L’Hospitalet de l’Infant, Salou, Reus, Sant Joan Despí, Rubí, Mataró y Barcelona. Cinco de los arrestados presentaban antecedentes por coacciones, amenazas, trato degradante, lesiones, daños, robos con fuerza o salud pública. 

Connivencia con la policía y palizas por encargo

Dos de las derivadas detectadas por los Mossos durante sus indagaciones son los contactos que mantenía la banda con la Policía Local de Mont-roig del Camp, en Tarragona, y las actividades paralelas del líder hoy en prisión. El auto señala que al menos en una ocasión el acusado llamó a un agente de la policía local para advertirle de un desalojo extrajudicial y evitar que ellos se personaran. 

“¿Qué pasa? ¿Qué tienes allí? ¿Algo?”, pregunta la voz que atiende desde las oficinas de la policía local. “Otra ocupación, sí”, responde el investigado. “Me ha dicho el otro día [...] el cabo que avise cuando trabajamos así en Miami Playa (barrio del municipio de Montroig), así lo sabes”, prosigue el mismo. “Perfecto, sí, sí, perfecto, porque si no la gente…”, le contesta el interlocutor desde la comisaría.

Sobre las palizas por encargo, que según los pinchazos telefónicos ofrecía a 36 euros la hora, destaca el caso de un cliente que quería evitar la ocupación de uno de sus locales. El solicitante no está conforme con el precio, a lo que el investigado le suelta: “¿Qué te piensas que si vas a pegar una paliza a una persona quieres que te cobre 10 euros la hora?”. “Pero estamos hablando de un negro, no de una persona”, le insiste el cliente. “Vale, vale. Ya hablaremos”, concluye el detenido.