Dimite el asesor sin título universitario de la consellera catalana de Universidades
El hasta ahora asesor de la conselleria de Investigación y Universidades Alexander Golovin ha renunciado este miércoles al cargo una semana después de su nombramiento, según ha informado el departamento en un comunicado. Golovin ha alegado como causa de su renuncia “acusaciones graves y falsas” vertidas contra él, que no ha precisado.
El joven, de 22 años, se iba a encargar de elaborar los discursos de la consellera, Gemma Geis, no disponía de título universitario y provenía del Institut Ostrom, un 'think tank' de tendencia liberal e impulsor de una campaña a favor de la “profesionalización de la administración”. Golovin iba a percibir un sueldo de 57.983,60 euros anuales brutos, según las tablas salariales de la Generalitat actualizadas a 2021.
Golovin fue nombrado en el cargo el pasado 9 de septiembre. Empezó Relaciones Internacionales en la Universidad Ramon Llull pero lo dejó, y actualmente cursaba Estudios Hebreos en la Universidad de Barcelona (UB). Tanto Golovin como la conselleria confirmaron a elDiario.es que entre los requisitos para optar al puesto no se reclama un título universitario, ni un determinado número de publicaciones científicas o trabajos académicos, ni experiencia laboral.
El Institut Ostrom, del que Golovin había sido director de programas, impulsó el manifiesto 'Por una dirección pública profesional“, en el que consideraba ”imperativo“ un cambio profundo en la administración pública que supusiera el abandono de ”pautas de confianza y discrecionalidad“ y la incorporación de los principios de transparencia, publicidad, competencia, concurrencia y aptitud en la designación del personal directivo. ”La sumisión de la continuidad en el ejercicio debe ser en función de la evaluación de resultados y no del ciclo electoral“, sentenciaba el manifiesto.
El Institut Ostrom también se ha posicionado públicamente en contra de la rebaja de tasas universitarias, política que ha llevado a cabo recientemente Universidades, y la ley catalana de regulación del precio de los alquileres y se ha mostrado partidario de una rebaja generalizada de impuestos. Pese a tener su sede en Catalunya, el pasado mes de agosto el instituto explicó que ha colaborado con el gobierno de la Comunidad de Madrid, que pilota Isabel Díaz–Ayuso (PP), en su propuesta fiscal.
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