La Diputación de Barcelona ha presentado este miércoles una iniciativa para restablecer los cajeros automáticos que habían cerrado en los últimos años en las poblaciones de menos de 5.000 habitantes. Para ello, los ayuntamientos interesados tendrán que solicitarlo. Según los datos de esta administración supramunicipal, los potenciales beneficiados serían entre 50 y 60.
El presupuesto inicial para este proyecto es de un millón de euros anuales, pero la cifra puede variar en función de las características de cada cajero. Las localidades que nunca han tenido este servicio quedarían excluidas y también aquellas en las que el censo sea muy bajo, salvo en casos concretos en los que la instalación del cajero se vea justificada por un criterio “kilométrico”, según ha expresado el diputado de Innovación, Gobiernos Locales y Cohesión Territorial, Josep Arimany.
Arimany ha puesto como ejemplo de lo que sería el “criterio kilométrico” la comarca del Berguedà, donde algunos ciudadanos tienen que recorrer “más de 30 kilómetros para ir a sacar dinero”. El diputado ha asegurado que esta problemática no es nueva, pero que sí ha empeorado con la pandemia y que esto, ha añadido, supone un “agravio” para las personas mayores que ven “limitada su autonomía” por el cierre de oficinas bancarias y cajeros. Ha destacado además que esta situación es especialmente preocupante en las comarcas del Bages, la Anoia, el Penedès y la ya mencionada del Berguedà.
“En la comarca del Berguedà, la gente mayor tiene que coger un taxi o pedir a algún familiar o conocido que les acerque a Berga [la capital de la comarca] para poder ir al cajero”, ha contado Arimany. “Se trata de un problema generacional, porque afecta sobre todo a nuestros mayores”, ha agregado.
Lo que las iniciativas ciudadanas piden en toda España va más allá de la apertura de cajeros automáticos. También solicitan la presencia de personal bancario que pueda ayudar a aquellas personas que no saben usar esta tecnología. Con respecto a este asunto, el diputado ha asegurado que el proyecto ya contempla esta cuestión y que barajan dos posibilidades: la presencia de una persona contratada por la entidad que “tutorice” a las personas que lo necesiten “dos días por semana” y la puesta en marcha de sistemas de “reconocimiento biométrico o facial”, es decir, que las personas que acudan al cajero puedan llevar a cabo sus operaciones sin necesidad de utilizar números secretos o contraseñas, puesto que la máquina podrá reconocerlos.
En cuanto a la implicación de las entidades bancarias en la reapertura de cajeros automáticos, Arimany ha reconocido que “deberían hacerlo ellos”, pero que al ver que esto no se está produciendo, la Diputación “ha querido poner su grano de arena para facilitar ese proceso”. A pesar de esto, el diputado ha sostenido que la Diputación pondrá “condiciones” y será “estricta” para que el proyecto no les salga “gratuito” a los bancos y para que no aprovechen la situación para “cobrar comisiones abusivas a la ciudadanía”. “A nosotros nos gustaría que los cajeros estuviesen en los Ayuntamientos o, al menos, en alguna de las instalaciones municipales”, ha dicho Arimany.
El pasado 28 de octubre la Diputación de Barcelona votó de manera unánime para sacar adelante esta iniciativa y Arimany considera que se trata de una cuestión de “cohesión social” que no puede esperar a que otras instituciones, como el Govern de Catalunya o el Gobierno, se hagan cargo.
El proyecto presentado este miércoles en Barcelona entrará en concurso público entre los meses de marzo y abril. A finales de año, se comenzarán las obras de instalación y a principios de 2023, si todo marcha según lo previsto, ya se podrían ver las primeras reaperturas. Por otro lado, el coordinador del área de Innovación, Gobiernos Locales y Cohesión Territorial, Xavier Forcadell ha sostenido que los contratos de concesión obligarán a las entidades a mantener los cajeros abiertos por unos 4 o 5 años, para “asegurar” una cierta continuidad del proyecto.
Los representantes de la Diputación han reconocido que existe “el riesgo” de que el concurso quede “desierto”. “Como en cualquier otro concurso público”, ha defendido Forcadell, quien también ha afirmado que también han contemplado esta posibilidad y que están trabajando para buscar “diferentes fórmulas y alternativas” por si esto llegase a ocurrir.