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El Ayuntamiento de Barcelona pide frenar el inminente desahucio en Casa Orsola e insta a la negociación

Imagen de archivo de la fachada de la Casa Orsola, en Barcelona

elDiario.es Catalunya

30 de enero de 2025 11:27 h

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Sube la tensión en Barcelona a pocas horas de la fecha señalada para el desahucio de uno de los inquilinos de la Casa Orsola, convertida ya en emblema de los movimientos por el derecho a la vivienda. El Ayuntamiento ha pedido in extremis que se paralice el desalojo y que las partes se sienten a negociar, pero el Sindicato de Inquilinos y la empresa propietaria de la finca se acusan mutuamente de dinamitar cualquier atisbo de diálogo.

Apoyado en una iniciativa del Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán), el consistorio se ha ofrecido a mediar entre las partes. “Una buena solución, de entrada, sería suspender el lanzamiento y reunirnos en una mesa, ese sería el camino”, ha señalado el comisionado de Vivienda del Ayuntamiento, Joan Ramon Riera. 

Pero sus palabras no parece que vayan a surtir efecto, a juzgar por la respuesta del Sindicato de Inquilinas. En un breve comunicado, le han echado en cara que se active a falta de pocas horas para el desahucio. “El Ayuntamiento tiene contacto con la propiedad y con el Sindicato de Inquilinos y saben perfectamente que es la propiedad la que se niega a la negociación”, añaden, y aseguran que hasta el mes pasado pidieron reunirse –sin éxito– con los dueños. 

Adquirida por la empresa Lioness Inversiones en 2021, la finca modernista del Eixample contaba entonces con 27 pisos habitados. De ellos, unos pocos tenían contratos indefinidos y al resto, les iba a vencer en pocos años. En la actualidad, y tras varias concentraciones, intentos fallidos de negociación y una también fracasada mediación del Ayuntamiento, cinco de los vecinos de la Casa Orsola están fuera de contrato, dos de los cuales con demanda para un desalojo. Pero se resisten a abandonar la finca. Uno de ellos es Josep, de profesión docente, y que tiene fecha de lanzamiento este viernes. 

A lo largo de la jornada de este jueves, también la propiedad de la finca se ha pronunciado públicamente, algo muy inusual. Lioness Inversiones, ha emitido un comunicado en el que denuncia la “creciente inseguridad jurídica a la que se enfrentan los propietarios de viviendas”. Una situación, afirman, que se “agrava por la lentitud de los procesos judiciales, que facilitan que los inquilinos no vulnerables se nieguen a abandonar la vivienda”.

Lioness Inversiones define al Sindicato de Inquilinas como una plataforma que “promueve prácticas de ocupación y difamación”. Además, denuncia que el Sindicato haya “forzado” negociaciones colectivas “en condiciones ajenas a la realidad del mercado” para “atrasar la restitución de la propiedad legitima”.

“Esta plataforma ha inducido a algunos inquilinos a creer que pueden mantener sus contratos sine die sin ajustes de renta, aprovechando la lentitud de la justicia”, añade la propiedad. Además, argumenta que este tipo de campañas “generan inestabilidad” y, según apunta, son las responsables de la reducción de la oferta disponible.

Con todo, Lioness Inversiones reclama más recursos para el sistema judicial para acelerar los procedimientos de desalojo y se respete el derecho a la propiedad privada, “un pilar básico en el Estado de Derecho”, según apuntan.

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