La actuación de las administraciones públicas y de los directivos de Spanair fue correcta y no agravó el estado de insolvencia de la aerolínea. Así lo ha dictaminado la sección 15 de la Audiencia de Barcelona en una sentencia que supone enmendar por completo lo que concluyó el juzgado mercantil 10. El tribunal de primera instancia consideró “culpable” el concurso de acreedores de Spanair y condenó a pagar solidariamente 10,8 millones de euros a la cúpula de la compañía, entre ellos a su expresidente Ferran Soriano, ahora director general del Manchester City, y a Avançsa, dependiente de la Generalitat.
El juzgado mercantil condenó a la cúpula de Spanair por su retraso en presentar la solicitud de concurso voluntario de la sociedad. Por contra, la Audiencia califica el concurso como “fortuito” en vez de “culpable”, por lo que ni Soriano ni los demás directivos deberán cumplir dos años de inhabilitación ni pagar 10,8 millones de euros de indemnización. Es más, considera que la actuación de las administraciones públicas y los directivos “estuvo en todo momento orientada a encontrar una solución” que ofreciera viabilidad a la compañía.
La amalgama público-privada que conformaba Spanair -directivos, Generalitat, Ayuntamiento y Fira de Barcelona- recurrió la sentencia de primera instancia por tres motivos. En primer lugar, consideraban que la aerolínea no estuvo en situación de insolvencia más de los dos meses que marca la ley para solicitar el concurso de acreedores. Pero si lo estuvo, añadieron en sus recursos, estaba justificado porque en aquel periodo se estuvo buscando un socio industrial para dar una salida viable a la sociedad. Además, los recurrentes niegan que la eventual demora en pedir el concurso agravara la insolvencia de Spanair.
La Audiencia de Barcelona les da la razón y no ve “reprochable” desde el punto de vista concursal que Spanair siguiera vendiendo billetes durante todo el mes de enero de 2012. En esa fecha los administradores ya sabían que la Comisión Europea tenía bajo la lupa las aportaciones públicas a Spanair por ser contrarias a la legislación comunitaria, lo que a la postre frustró la entrada de Qatar Airways como socio que salvara a la compañía.
“Lo negligente hubiese sido lo contrario, pecar por precipitación, dado que la sociedad tenía mucho que ganar y no demasiado que perder si se conseguía un acuerdo de viabilidad”, resuelve la Audiencia de Barcelona. Para los magistrados, la búsqueda de un socio industrial para Spanair justifica la tardanza en presentar el concurso -el 30 de junio de 2011 Spanair ya estaba en situación de insolvencia, pero el concurso de acreedores no se solicitó hasta el 30 de enero de 2012.
“Solo cuando parecía razonable que la posibilidad de ofrecer viabilidad a la aerolínea no existía, hacia finales de enero de 2012, se presentó el concurso”, sentencian los magistrados, que niegan asimismo que la demora en la solicitud del concurso agravara la insolvencia de Spanair. Por contra, el juzgado mercantil calificó los últimos meses de Spanair como una “huida hacia adelante”, entre otros motivos porque incluyó un préstamo de 10 millones a cargo de la Generalitat el 4 enero de 2012, esto es, 26 días antes de presentar el concurso.
Spanair cesó su actividad el 27 de enero de 2012, dejando en tierra a casi 23.000 pasajeros, y presentó concurso de acreedores con un pasivo de 474 millones de euros. La inyección de dinero público a la aerolínea fue constante desde 2009 a 2012, pero no evitó el fracaso. La Sindicatura de Cuentas cifró en más de 200 millones las aportaciones públicas a una aerolínea ruinosa. La Audiencia acredita que desde julio de 2011 hasta su cierre, la Generalitat y Fira de Barcelona aportaron 91 millones de euros. Según la lista de morosos publicada por Hacienda en diciembre, Spanair todavía debe al fisco 7,19, millones.