Como Teseo, la Generalitat entró en su particular laberinto de Creta haciendo alarde de valentía. Artur Mas exigió que el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) no tuviera condiciones políticas. Fue inútil: el reglamento era suficientemente claro para que cualquier comunidad supiese que su autonomía financiera quedaba mermada al adherirse al fondo. Desde 2012, las finanzas catalanas se han perdido en el laberinto del FLA sin el hilo que desenrolló Teseo para poder salir tras matar al minotauro.
En estos tres años el FLA se ha utilizado, en especial, para pagar deuda más que para pagar a los proveedores. En el caso catalán, de los 31,2 millones del FLA dispuestos por Hacienda hasta agosto de este año, el 70% se han utilizado para afrontar los vencimientos de deuda de la Generalitat (21,4 millones). Sólo 2,3 millones han ido para pagar a las farmacias, y 2,66 para los conciertos sanitarios.
En estas últimas operaciones, la Generalitat y las demás comunidades adheridas trasladan a Hacienda una relación de los proveedores a los que pagar. Es Hacienda quien, tras estudiar la lista enviada por la conselleria, realiza la transferencia del dinero a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). A parte del FLA, Catalunya ha recibido 6.465,6 millones del Plan de Pago a Proveedores para afrontar las facturas atrasadas.
Además, el Estado gestiona directamente el endeudamiento de las comunidades, haciéndose cargo en nombre de las comunidades autónomas de los vencimientos de deuda así como de los pagos para financiar el déficit público (la diferencia entre los ingresos y los gastos). Todo esto ha ocurrido desde 2012. Y no precisamente gratis: la Generalitat ha pagado al Estado 1.909 millones en intereses. Además, Hacienda se reserva poder aprobar cada nueva operación de endeudamiento de la Generalitat
El cambio introducido por Montoro hace una semana viene a atornillar el marcaje financiero empezado en 2012. A partir de ahora, Hacienda controla todas las facturas catalanas (no sólo las que se abonan a través del FLA), y la interventora de la Generalitat deberá certificar cada mes que los recursos de la Generalitat no se usan para financiar, en palabras de Montoro, “veleidades independentistas”.
O FLA o impago
A la Generalitat no le quedaba otra que aceptar su intervención: si no se sometía a Montoro, Hacienda no habría desbloqueado este viernes los primeros 319 millones de euros del FLA de noviembre. Lo constató el propio Mas este martes: “Si llega el FLA pagamos; si no, no podemos”.
¿Se puede desobedecer al FLA? No a corto plazo, porque la Generalitat, como otras comunidades, tiene cerrado el grifo de crédito internacional desde hace cuatro años, en parte debido a su propia mala gestión financiera.
Los 'bonos patrióticos' catalanes fueron un fracaso. Los intereses de estas emisiones de deuda minoristas que lanzaron tanto el último gobierno tripartit como el primer ejecutivo de Mas llegaron al 5,25%, muy por encima del mercado. Unes intereses jugosos para el comprador de bonos (y para la banca que gestionó su emisión), pero imposibles de devolver para una administración que ya había visto como la crisis mermaba sus ingresos. Este cóctel de desplome de ingresos e intereses inasumibles fue el que llevó al laberinto del FLA.
¿Había alguna alternativa? Hacienda optó por el FLA porque le permitía atar en corto a las autonomías. Sin embargo, el conseller Mas-Colell planteó en 2011 (con Zapatero todavía en el poder) los hispabonos, deuda pública emitida por el Estado a favor de las comunidades autónomas. Tanto el gobierno socialista como el del PP lo rechazaron porque, de cubrir parte de las emisiones de bonos autonómicos, la deuda estatal se encarecería.
Liquidez para las autonomías para acabar con la autonomía
Además de las ya citadas condiciones, cada autonomía adherida al FLA acepta todas las condiciones de la ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada en 2012 con el apoyo del PP, pero también de CiU.
Someterse al FLA implica la presentación periódica de un plan económico financiero en el que cada autonomía detalla a Hacienda las medidas de ingresos y gastos necesarias para cumplir con los objetivos de déficit. En los planes de ajuste, además de las privatizaciones y la venta de activos, las comunidades deben incluir medidas que permitan “la reducción del sector público autonómico”. En otras palabras, Hacienda ofrece liquidez para las autonomías para acabar con su autonomía.
A pesar del FLA, Catalunya ha incumplido el objetivo de déficit impuesto por la Unión Europea y que el Estado reparte a su favor concentrándolo en las comunidades autónomas. El año pasado el déficit catalán superó el 2%, cuando el objetivo era del 1%. Y de hecho varias instituciones, desde la Generalitat hasta la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, dan por descontado que Catalunya volverá a rebasar con creces el límite de déficit este año.
Si Catalunya no consigue cumplir los objetivos de déficit público y mantiene los problemas de liquidez para pagar a sus proveedores, ¿para qué ha servido todo esto? No sólo para impedir a la Generalitat decidir cómo abonar las facturas, como denuncia el Govern. Como desde hace tres años la Generalitat se financia en exclusiva a través del Estado, la dependencia financiera catalana es cada vez mayor: en 2012 la deuda catalana en manos del Estado a penas era de 2.000 millones, mientras que el segundo trimestre de 2015 ya superaba los 37.000. El Estado, pues, ya controla casi el 60% del pasivo catalán.
Antes de ser abrasado por el sol, Ícaro huyó volando del laberinto de Creta. La Generalitat difícilmente podría emprender si quiera el vuelo.