La Generalitat ha encargado el diseño del modelo tributario catalán a grandes consultoras del sector privado. Firmas como PwC, Deloitte o KPMG han sido las elegidas para elaborar las líneas maestras del nuevo sistema fiscal catalán. Otras consultoras escogidas han sido Everis y Infraplan, además de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) y profesores de la Universitat Pompeu Fabra y la Universitat de Barcelona y la escuela de negocios Esade. Catalunya Plural ha preguntado el coste de estos informes pero el departamento de Presidencia de la Generalitat no ha contestado a la petición.
El encargo del nuevo modelo tributario catalán a estas consultoras genera dudas en la Plataforma per una Fiscalitat Justa. A falta de un análisis en profundidad sobre el modelo presentado, desde la plataforma, Jordi Garcia Muniesa señala que PwC, Deloitte o KPMG son responsables de asesorar a grandes empresas para pagar menos impuestos.
Las dudas que expresa Garcia Muniesa se fundamentan en casos recientes como el escándalo LuxLeaks. Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación desvelada en España por El Confidencial mostró como PwC, Deloitte y KPMG estaban implicadas en el asesoramiento a grandes empresas para desviar sus beneficios a Luxemburgo, de manera que eludían el pago de impuestos en los países donde generaban el negocio. Pero casi diez años antes, en 2005, KPMG ya fue investigada por el gobierno de EEUU por diseñar esquemas fraudulentos que permitían a sus clientes evadir impuestos.
Todo ello hace que Garcia Muniesa vea un conflicto de intereses en el diseño de un modelo tributario. “No digo que estas firmas no tengan que mostrar su opinión. Pero no estaría de más que el Govern hubiese consultado a expertos más independientes, que los hay”, añade.
Garcia Muniesa también lamenta que en la presentación de este lunes a penas se hablara de fraude fiscal cometido por las grandes empresas y las grandes fortunas -que supone el 70% del fraude fiscal total-, y de los mecanismos de la nueva Hacienda catalana para combatirlo. “Y no será que en Catalunya no tengamos ejemplos de fraude fiscal de grandes empresas y grandes fortunas”, apostilla Muniesa, en referencia a los casos recientes protagonizados por la soprano Montserrat Caballé, el abogado Emili Cuatrecasas o la familia de empresarios Carulla.
En este sentido, Garcia Muniesa recuerda que existen mecanismos de denuncia de grandes evasores que no fueron mencionados, como por ejemplo los buzones seguros donde los ciudadanos pueden depositar sus sospechas sobre grandes fraudes fiscales para que su hacienda los investigue.
Además de la lucha contra el fraude fiscal, otra de las incógnitas que ayer no se desvelaron fue el número de funcionarios con el que contaría la nueva Hacienda catalana. El responsable del programa para la definición de un nuevo modelo de administración tributaria, Joan Iglesias, evitó concretarlo asegurando que corresponde al Govern implantar el modelo. Sin embargo, recordó que la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) cuenta ahora con 324 funcionarios y que en los próximos años espera contar con unos 600 efectivos.
Cooperación en vez de control
El nuevo modelo tributario catalán, que la Generalitat pretende crear como parte del proceso de independencia, estará basado en la cooperación con el contribuyente en vez del control y se inspirará en países como Australia y Suecia. Esto permitirá calcular el 'Tax gap' o grieta fiscal, la diferencia entre la recaudación real y la potencial. Desde el sindicato de técnicos del ministerio de Hacienda (Gestha), Miguel Ángel Maíllo considera positivo este cambio de mentalidad, aunque recuerda que la implantación estará sujeta a la negociación política con el ministerio de Hacienda.
“Es especialmente positiva la desconcentración del poder tributario”, señala Maíllo, en referencia a la división de organismos que prevé la nueva Hacienda catalana. Así, del ejecutivo dependería el Servicio Catalán de Gestión de Ingresos formado a su vez por cuatro organismos: la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC), la Agencia Catalana de Recaudación de Ingresos (ACRI), la Agencia Catalana de Comercio Exterior y Aduanas (Acced) y la Agencia Catalana de la Propiedad Inmobiliaria (ACPI). No obstante, todo el sistema estaría tutelado por un Consejo Fiscal dependiente del Parlament catalán.
Maíllo también aplaude el tratamiento diferenciado del incumplimiento fiscal según sus causas -error o búsqueda de fraude- lo que debe revertir en una reducción de la conflictividad y del grado de litigios en el nuevo modelo tributario catalán.
Otro enfrentamiento político
La presentación del nuevo sistema tributario catalán ha abierto un nuevo conflicto en la abultada carpeta de tensiones entre el gobierno de Mariano Rajoy y la Generalitat. Antes incluso que terminara la presentación del proyecto de modelo tributario, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha dicho que se trata de un paso “a ninguna parte”, y ha reiterado su intención de recurrirlo a los tribunales.
Una visión muy diferente de la expresada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, que ha asegurado que sin Hacienda propia Catalunya no tendrá autogobierno, y ha considerado “un error muy grande” no haber apostado por ella en el pasado.