La Generalitat pretende que la Hacienda catalana, la estructura de Estado más importante, sea cooperativa con el ciudadano. No obstante, a partir de febrero del año que viene los ciudadanos tendrán más dificultades para llegar hasta el fisco catalán, ya que la Agència Tributaria de Catalunya (ATC) trasladará su actual sede del centro de Barcelona en la periférica Zona Franca . El sindicato CATAC considera que el cambio de ubicación resulta contrario a los intereses públicos, por lo que ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia Catalunya (TSJC).
“Hemos presentado el recurso para defender los intereses de los ciudadanos”, explica Jordi Jové, delegado del sindicato CATAC al ATC. Para Jové, el traslado de la ATC en la Zona Franca hará incumplir el principio de proximidad de la Administración a los ciudadanos. El motivo es la mala comunicación de la nueva sede, que estará situada en el número 46 del Paseo de la Zona Franca, lejos de todos los distritos de la ciudad excepto algunos barrios de Sants-Montjuic. En consecuencia, según los cálculos de la CATAC, la nueva sede perjudica al 94% de sus potenciales usuarios.
El sindicato cuestiona, además, el papel del ex director general de Patrimonio, Salvador Estapé, en el traslado de la ATC. Además de este cargo, Estapé era también presidente del consejo de administración de Feria 2000, que tiene en la zona “diferentes inmuebles de propiedad” así como “incidencia directa sobre la economía de la zona así como la valoración de los terrenos y construcciones ”. En el recurso, la CATAC argumenta que como presidente de Feria 2000, Estapé representaba a todos los miembros del consejo, incluidos los intereses privados de la Cámara de Comercio de Barcelona (que tiene el 11% del capital de Feria 2000),
Como el edificio de la nueva sede de la ATC se encuentra “en el área de influencia” de Feria 2000, la CATAC considera que Estapé no debería haber intervenido en el traslado de la Hacienda catalana, por lo que quedan “viciados de nulidad los actos donde ha intervenido” Estapé en esta operación. Todo ello le sirve a la CATAC para argumentar que no ha habido una “actuación objetiva” de la administración. Estapé abandonó el Gobierno el pasado mes de septiembre para fichar por Anticipa Real Estate, una de las filiales españolas del fondo Blackstone, y que se quedó el paquete de hipotecas tóxicas de Catalunya Banc.
Por otra parte, Jové señala que el promedio de 500 contribuyentes que cada día visitan la sede actual de la ATC en la calle Fontanella (junto a la Plaza Catalunya) realiza también otros trámites en la sede de la Hacienda estatal de la plaza Letamendi o la de Barcelona, situada en el Poblenou. Así, por Jové, de estar “en una zona de paso” de Barcelona, el ATC quedará situada en la periferia, una zona mal comunicada.
Las opciones de transporte público para llegar a la nueva sede de la ATC pasarán por la línea 9 del metro, que llegará a la zona en febrero de 2016, pero la parada quedará a 20 minutos a pie de la nueva ubicación del ATC . Además, el sindicato considera que la L9 “no resulta accesible a la mayoría de la población”, ya que para cogerla deberá hacer transbordo en Zona Universitaria (L3) o Collblanc (L5). A las limitaciones de movilidad en metro se añaden las del autobús, ya que las 5 líneas que llegan a la Zona Franca “tienen un recorrido tortuoso”.
Jové considera que la propia Generalitat ha reconocido que es difícil llegar a la nueva sede de la ATC en la Zona Franca ya que los trabajadores de la agencia han recibido un correo electrónico donde se les ofrece plazas de aparcamiento gratuitas hasta que el transporte público cubra las necesidades de desplazamiento del personal.
3 millones para adecuar la nueva sede
El departamento de Economía asegura el traslado de la ATC conllevará un ahorro de 1,4 millones de euros anuales en alquileres. Sin embargo, solo adecuar el edificio T de la Zona Franca ha costado a las arcas públicas 2,9 millones de euros, de los que 2,7 corresponden a obras en las oficinas y que han sido adjudicadas a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acsa y Emte SLU (una filial del grupo Comsa Emte que el pasado mes de abril presentó un ERE para despedir a 195 trabajadores).
Además, Jové asegura que la sede de la Zona Franca no satisface las previsiones de crecimiento de personal del fisco catalán. La Agencia Tributaria Catalana debería pasar de los 268 empleados actuales a tener 600 trabajadores en 2018, según afirmó el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell. En el recurso presentado, el sindicato pone de manifiesto que se pretende aumentar la plantilla un 129%, pero que la nueva sede sólo aumenta un 9% la superficie de oficinas respecto la actual de la calle Fontanella. “La Zona Franca no da respuesta a las necesidades de cabida que se prevén para el aumento de la plantilla”, asevera Jové, que añade que también se perderán 1.600 metros cuadrados de sótanos.
Por otra parte, el sindicato también cuestiona el proceso de contratación seguido por la Generalitat para alquilar la nueva sede de la Zona Franca, ya que argumenta que el contrato de arrendamiento con Bankia (la propietaria del edificio T) se hizo sin el preceptivo concurso público y no hay motivos que justifiquen la contratación directa del alquiler de las plantas baja, primera, tercera y cuarta del edificio T. Por el contrario, el departament de Economía adujo motivos de necesidad del servicio, de urgencia y de limitación del mercado inmobiliario para justificar la contratación directa.