Iberpotash suma otra investigación europea por ayudas de Estado
La Comisión Europea tiene puesta la lupa sobre la Generalitat por su gestión de la actividad de Iberpotash, la empresa israelí que explota las minas de potasio de la comarca catalana del Bages. El ejecutivo comunitario ha anunciado este martes que ha abierto una investigación exhaustiva para averiguar si Iberpotash se benefició de ayudas de Estado que le otorgaron ventaja frente a sus competidores. Esta investigación se suma a la abierta a Iberpotash por contaminación y que tendrá que determinar si la Generalitat no ha hecho todo lo posible para frenarla. Ambas pueden acabar en multas millonarias, aunque se tardará tiempo en conocer el veredicto comunitario.
Según un comunicado de la Comisión, el origen del caso es una denuncia presentada contra Iberpotash a la Unión Europea en 2012. Hay dos líneas de investigación: en primer lugar, las autoridades europeas valorarán si los 7,9 millones de euros que la Generalitat gastó para recubrir una escombrera de residuos provocados pro la actividad minera de Iberpotash tendrían que haber corrido a cuenta de la empresa.
La Comisión valorará si estos costes deberían haber sido sufragados por Iberpotash, por ser el contaminador. De confirmarse que fue la Generalitat y no Iberpotash quien pagó el recubrimiento, señala la Comisión, se incumpliría el principio de quien contamina, paga, ya que sería una autoridad pública la que estaría cubriendo los gastos de limpieza en lugar de la empresa. Precisamente el incumplimiento de este principio es una de las principales reivindicaciones del movimiento ecologista del Bages.
Por otro lado, se investiga si la fianza de dos millones de euros impuesta por la Generalitat a Iberpotash fue demasiado baja a la que exigen las normas medioambientales y, en particular, la Directiva sobre residuos de las industrias extractivas de la UE y las normas nacionales y autonómicas.
La Comisión ha fijado en los dos casos citados las posibles ayudas de Estado. Sin embargo, ha descartado otras medidas de la investigación al no apreciar ventaja competitiva. Se trata de la supuesta financiación de un estudio, la tasa por el uso del colector de salmueras y la mejora de las instalaciones de tratamiento de agua potable financiada por las autoridades. En este sentido, los ecologistas denuncian que los presupuestos públicos asumen un sobrecoste de 3 millones de euros anuales para potabilizar el agua salinizada del Llobregat en comparación con otras plantas catalanas.
La Comisión recuerda que la normativa sobre ayudas estatales de la UE en materia de protección medioambiental permite a los Estados miembros, en determinadas condiciones, prestar apoyo a proyectos que incentiven realmente a las empresas a cambiar su comportamiento y mejorar su huella ecológica. Sin embargo, no permite a los Estados conceder ayuda simplemente para cubrir costes que en cualquier caso tienen que correr por cuenta de las empresas para cumplir las leyes medioambientales.
Bruselas advierte, no obstante, de que la apertura de la investigación no prejuzga el resultado de la misma y recuerda que las terceras partes interesadas tiene ahora la oportunidad de presentar observaciones sobre las dos medidas evaluadas.
