El editor de Mongolia alega a la jueza que la sátira de un belén por la que está imputado es libertad de expresión

El periodista y coeditor de la revista Mongolia Pere Rusiñol ha alegado este miércoles ante la jueza que la sátira de un belén por la que está imputado por un delito de ofensa contra los sentimientos religiosos no buscaba vejar a la religión sino que está amparado por la libertad de expresión al suponer una “crítica social” al catolicismo.

Ante el juzgado de instrucción 12 de Barcelona se ha celebrado este martes la declaración como investigado Rusiñol, acordada por el juez Sergio Escalona a petición del sindicato ultra Manos Limpias. El titular del juzgado no estaba y el interrogatorio lo ha llevado a cabo una magistrada que lo sustituye.

El coeditor de la revista Darío Adanti también tenía que declarar como investigado por videoconferencia desde Madrid, pero problemas técnicos han hecho que no se pudiera celebrar. En cualquier caso, los editores de Mongolia pedirán el archivo del caso este mismo jueves.

El caso por el que sido imputada Mongolia ha vuelto a poner sobre la mesa el uso interesado de la Justicia por parte de asociaciones ultras, que emplean delitos decimonónicos como la ofensa a los sentimientos religiosos (un tipo penal que numerosos juristas consideran desfasado y contrario a la libertad de expresión) para perseguir opiniones contrarias a la suya.

En esta causa, el denunciante es sindicato ultra Manos Limpias, cuyo secretario general, Miguel Bernad, fue condenado en primera instancia a cuatro años de cárcel por extorsionar a bancos. Sorprendentemente, pese a ser la entidad promotora de la causa penal, ningún abogado de Manos Limpias se ha presentado este miércoles a la declaración judicial de Rusiñol.

Tampoco la Fiscalía ha acudido a la declaración, por lo que las preguntas las ha realizado casi en su totalidad la magistrada. Cuando la jueza ha preguntado al editor si la portada tenía intención de vejar los sentimientos religiosos de los que profesan el cristianismo, Rusiñol ha insistido que la revista hace sátira y critica social a una institución “regresiva en derechos”, como a su juicio es la Iglesia católica.

“Muchos cristianos nos elogiaron la portada porque consideraron que critica a aquellos que comparten su fe pero que son hipócritas y no viven el mensaje de Jesús, por lo que lo tratan como una caca”, ha explicado a los periodistas Rusiñol a a salida del juzgado.

La denuncia de la entidad ultra no concreta exactamente, como en teoría exige el derecho penal, qué contenidos de la revista Mongolia ofendieron sus sentimientos cristianos. Manos Limpias se limita a señalar que en 14 páginas del número de diciembre de Mongolia, en cuya portada aparecían José, la virgen María y un dibujo de una caca sonriente representando a Jesús, “se vierten una serie de reportajes y artículos gravemente atentatorios” contra la religión católica.

Además de Manos Limpias, se han querellado contra Mongolia otras tres entidades ultras, como una asociación carlista, los ultracatólicos Hazte Oír y Abogados Cristianos. Esta ofensiva de colectivos de extrema derecha supone para Rusiñol un ejemplo de “acoso jurídico” contra Mongolia, ya que aunque el caso termine archivado la revista tendrá que destinar fondos a abogados y procuradores.

Amnistía Internacional ha apoyado a la revista y ha criticado la decisión del juez de imputar a los editores de la revista Mongolia, además de confiar en que la denuncia contra ellos “no tenga mayor recorrido judicial”.

“Esperamos que esta denuncia no tenga mayor recorrido judicial. El delito de ofensa contra los sentimientos religiosos debe desaparecer de una vez del Código Penal para que no se repitan situaciones como la que hoy afrontan los editores de Mongolia”, sostiene en el comunicado Virginia Álvarez, portavoz de Amnistía Internacional España.

La entidad ha insistido en que el hecho de que una publicación pueda desagradar a una parte de la población “no la convierte en delito”, y ha recordado que diferentes organismos internacionales como el Consejo de Europa han reclamado la despenalización del delito de blasfemia.

Amnistía ha recordado que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas reitera que la libertad de opinión y de expresión “constituyen la piedra angular de sociedades libres y democráticas, por lo que la prohibición de faltas de respeto hacia una religión o cualquier otro sistema de creencias es incompatible con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

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