La pregunta, dos días después del asesinato de un profesor a manos de un alumno, sigue planeando sobre el sistema educativo y el de salud: ¿se podría haber evitado? Las respuestas son tan complejas como las variables que conducen a un chico de 13 años a presentarse en el instituto con una ballesta. Muchos expertos alertan que sería osado asegurar que la agresión se habría podido prever, por mucho que se hubiera dispuesto de más recursos o tiempo de observación. Pero esto no impide que el foco se sitúe ahora sobre los mecanismos de detección de conductas de riesgo en niños y jóvenes, una serie de programas y protocolos con un impacto discutido dentro del sector, que a menudo deja la identificación de estos casos a merced de la capacidad de observación de los profesores del instituto.
¿Quién es el encargado de detectar posibles síntomas de enfermedades mentales? No hay uno solo, por suerte, y depende del grado y tiempo de relación con el joven. En este sentido, es evidente que la familia es la mejor posicionada para identificar comportamientos extraños: esto es, según los protocolos de la Generalitat, conductas de aislamiento, descensos académicos bruscos o ideas estrambóticas. “Pero a veces las familias niegan la realidad, o huyen hacia adelante negando los problemas del hijo”, apunta la psicóloga Olga Piazuelo. Aquí es donde entran otros agentes, como el pediatra, los servicios sociales o, sobre todo, la escuela, que es el otro gran ámbito de desarrollo de los niños y niñas.
Algunos programas de la Administración reúnen estos agentes en torno al sistema escolar, pero a menudo su actuación es muy genérica. Es el caso del programa 'Salud y escuela', en el que colaboran los departamentos de Enseñanza y Salud, entre otros, pero su planteamiento es tan genérico que se centra poco en la salud mental. “La enfermera que viene a los centros dentro de este programa se centra sobre todo en cuestiones de salud alimentaria, por posibles casos de anorexia, o en cuestiones de sexualidad”, apunta Iolanda Arboleas, psicopedagoga y directora del instituto de Sils. “A nivel de prevención en los centros educativos no se hace demasiada cosa, hay un agujero”, valora la psicoanalista Ángeles Vives.
“Esto hace que los profesores estén muy solos a la hora de valorar la situación de los jóvenes, porque ya tienen suficiente trabajo organizando clases”, apunta Piazuelo, que considera que los centros deberían contar con más profesionales de la psicología. Arboleas, en cambio, se muestra convencida de que los institutos sí tienen las herramientas para detectar conductas susceptibles de ocultar un trastorno mental grave, y que “casi siempre se hace con éxito”. Arboleas señala la labor tutorial como un espacio clave para observar, o la del propio psicopedagogo del centro, que en caso de reconocer ciertos patrones se pone en contacto con el EAP -el equipo de asesoramiento psicopedaógico, que rota por varios centros-, el cual puede acabar derivando los jóvenes a los centros de salud mental de la zona.
Esta cadena, sin embargo, no siempre funciona con celeridad, debido a la falta de recursos. “Siempre ha habido escasez, pero tras los recortes es más evidente”, precisa Piazuelo. Los EAP habían llegado a visitar los centros casi una vez por semana, y ahora a menudo lo hacen menos de una vez cada dos semanas, con el agravante de que la crisis ha generado más problemas entre los alumnos. El psicólogo y educador Jaume Funes apunta además estos equipos suelen estar “más centrados en la orientación de los jóvenes que en la prevención de conductas de riesgo”. En general, los expertos consultados sostienen que el nivel de estrés al que se ha sometido el sistema educativo en los últimos cursos no favorece una atmósfera que permita una observación cuidadosa de los problemas y emociones de niños y niñas.
Un programa específico para psicosis truncado por falta de fondos
En 2005 se puso en marcha en Barcelona un equipo sin precedentes en materia de salud mental: el equipo de Atención Precoz del Paciente en Riesgo de Psicosis, liderado por el doctor Jorge Tizón, que se dedicaba específicamente a la prevención y atención precoz de casos de psicosis. El objetivo de su tarea fue actuar con más intensidad sobre todas las patas que intervienen en la salud mental y conectarlas mejor: las familias -a través de servicios sociales-, los centros de Secundaria -a través de talleres en los institutos-, y los centros médicos -a través del trabajo con pediatras-. Según los datos recogidos por el propio equipo, con los años la hospitalización por estos casos se redujo en un 20%.
Pero en 2011 se eliminó el programa. A sus profesionales -incorporaba psiquiatras, trabajadores sociales, oncólogos y enfermeros de salud mental- les dieron como justificación, por un lado, que Tizón se jubilaba, y por otro, que ya no lo había recursos para mantenerlo. Su ámbito de actuación eran los barrios barceloneses de Camp del Arpa, los Encants y La Sagrera. De hecho, uno de los centros al que habían ido a impartir talleres sobre prevención había sido el mismo Joan Fuster.
“Uno de los ámbitos de nuestra actuación era Secundaria, porque la población de riesgo en trastornos mentales graves y psicosis se sitúa entre los 12 y 25 años”, detalla Jordi Artigue, psicólogo clínico miembro de aquel equipo. “En los institutos ofrecíamos talleres de sensibilización: hablábamos con los alumnos sobre los trastornos y les pasábamos un cuestionario sobre la propia percepción del adolescente en este sentido”, relata. Después estaban una hora más en el centro hablando “abiertamente” de salud mental.
A partir de la experiencia de ese equipo, Salud impulsó una docena de otros servicios similares, pero a través de conciertos, como pueden ser las unidades de intervención precoz de psicosis de entidades como el Instituto Pere Mata, en la zona de Tarragona, o el Instituto de Asistencia Sanitaria, en Girona. Estos programas se mantienen, pero Artigue expone que su equipo dedicaba buena parte de la actividad en la prevención con los adolescentes, mientras que el resto suele prestar más atención a los adultos.
Sea como sea, la variedad de agentes que intervienen en el ámbito de la salud mental, y el papel diverso de las diferentes capas administrativas -hay servicios municipales que se implican más o menos- hace difícil establecer un diagnóstico sobre la estado del servicio. Eso sí, los profesionales coinciden en que más tiempo para la observación de los niños debería ser el camino hacia el que avanzar.