La consellera de Bienestar Social y Familia, Dolors Bassa, ha defendido que el sistema de protección a la infancia de la Generalitat prioriza que los menores estén en familia, y que sólo una minoría de los casos en que trabajan los profesionales de la Dirección General de atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) terminan con la asunción de la tutela de los menores por parte de la Administración. De los 12.655 expedientes abiertos a familias durante el 2015, expresó Bassa, sólo un 11% (1.860) han comportado medidas protectoras, y un 3% han acabado en desamparo.
La consejera se ha referido al modelo de protección a la infancia después de recibir una interpelación parlamentaria de la diputada Gemma Lienas, de Cataluña Sí Que Es Pot (CSQEP), que aseguró que hay que “abrir un debate urgente” entorno este sistema. Lienas ha señalado que los procesos de desamparo, es decir, de retirada de tutela de los menores- albergan algunos procedimientos discutibles, tal como han denunciado familias, expertos y entidades en El Diari de la Educació. La diputada ha recordado que los equipos de psicólogos y educadores (EAIA) que evalúan las posibles situaciones de riesgo que sufren los niños “trabajan solos, sin control de ningún tipo y sin recursos”, y que el plan de trabajo para recuperar el hijo está lleno de requisitos “intangibles” o inasumibles para muchas familias, como es el hecho de tener un salario digno.
“Si el EAIA decide no retirar el niño y luego le pasa algo, es responsabilidad del equipo. Pero si se declara el niño en situación de desamparo y resulta que no era necesario, no asumen la responsabilidad”, argumentaba Lienas, una situación que incentivaría a los profesionales a “curarse en salud” y optar por el desamparo. “Desemparan más de lo necesario”, sentenció la diputada de CSQEP, partidaria de reforzar el trabajo de la Administración con las familias para evitar las situaciones de riesgo sin tener que retirarles los hijos. “La plaza en un centro de acogida le cuesta a la Generalitat 4.000 euros al mes por niño: invirtamos esto en la familia”, s'exclavama Lienas.
“No se trata de iniciar una guerra contra la DGAIA”, precisó en su intervención Lienas, quien ha defendido a los trabajadores y profesionales, sino “abrir el debate” sobre un modelo que ha permitido que se hicieran desamparos sin motivos suficientes, algunos de los cuales recogidos por este diario en los últimos días.
“Ha citado uno, dos, tres casos ... Que los tenemos que revisar, y es verdad que no tienen que pasar, por tanto, aquí nos tendrá al lado”, reconoció Bassa sobre los casos de desamparos dudosos detallados para Lienas, pero con todo ha defendido que el sistema en su conjunto contempla el desamparo como último recurso, y siempre para garantizar el bienestar de los niños por encima de todo. La consellera ha recordado asimismo que los criterios para declarar un niño en riesgo son claros, y van desde el maltrato físico hasta el abandono o alteración psíquica de los responsables familiares. Pero Lienas le ha respondido que algunos profesionales incluyen dentro de estos conceptos situaciones poco claras o con “sesgo de clase”, como es el hecho de considerar que una madre tiene “conductas extrañas” o que el niño vaya con sandalias y calcetines un día de lluvia . La diputada no sólo ha reclamado criterios “claros y compartidos”, sino también “supervisados”.
Bassa ha aprovechado su intervención para mencionar el Plan de Calidad 2016-2017 de la DGAIA para mejorar el servicio, la atención y la calidad técnica de los profesionales. Entre otras medidas, se prevé recoger “la opinión de los usuarios”, es decir, que “se establecerán espacios de escucha para la participación real de los niños, adolescentes y familias protagonistas del proceso”, aseguró la consellera. También en esta línea Bassa ha anunciado un contrato programa de 9 millones de euros destinado a los ayuntamientos catalanes para que pongan en marcha un servicio de atención socioeducativa no residencial para niños y familias, un espacio de trabajo familiar que reforzaría el papel de la prevención.