El nuevo protocolo catalán contra los abusos sexuales a menores deja fuera las escuelas privadas
El nuevo protocolo catalán para detectar y combatir el maltrato infantil en el ámbito educativo, aprobado el pasado 16 de junio, excluye los centros educativos privados. Lo ha denunciado este viernes el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo en Catalunya), Rafael Ribó, que considera “inadmisible” que una parte del sistema escolar quede fuera de una responsabilidad –la de prevenir y detectar los abusos a menores– que tiene que ver con los derechos universales de los niños.
En el texto queda claro que el ámbito de aplicación del protocolo son los centros del Servicio de Educación de Catalunya –es decir, los públicos y concertados–, y que a los privados sólo les afectan los puntos 4 y 5 del documento, donde se recogen los principios de actuación en caso de abusos y las indicaciones para la implantación del protocolo en los centros.
Así los centros privados quedan exentos de cumplir el resto de puntos –en total son 12–, algunos de los cuales son tan importantes como el de la prevención –informar al alumnado, crear un clima de escucha en el aula, potenciar la educación afectiva y sexual– o el que detalla el procedimiento de actuación cuando se detecta un caso, que consiste en avisar a la familia del alumno, a la Inspección de educación, al departamento de Enseñanza y a la Fiscalía de Menores o los Mossos d'Esquadra.
El departamento de Enseñanza y el de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias dieron luz a este protocolo bilateral centrado en el ámbito educativo tras constatar casos de abusos a menores en los que el anterior protocolo, aprobado en 2006, se había incumplido. El más llamativo fue el de los Maristas Sants-Les Corts de Barcelona, un centro que “ocultó” a la Administración, según el Síndic, unas agresiones sexuales cometidas durante años por el profesor Joaquín Benítez que conoció en 2011.
“Otorgar un tratamiento diferenciado en la aplicación del protocolo en función de la financiación del centro no tiene justificación”, reitera el Síndic, que recuerda que esto supone un trato discriminatorio y de desprotección hacia los alumnos de estas escuelas. En Catalunya los centros de titularidad privada representan un 6% del total: poco más del 2% en Primaria y Secundaria pero hasta un 20% en Bachillerato. Pero según ha recordado el Síndic, también quedarían fuera del protocol las guarderías de iniciativa privada, que escolarizan en toda Catalunya casi 30.000 niños menores de tres años.
Un 15% son víctimas, pero se detecta menos del 1%
Un 15% son víctimas, pero se detecta menos del 1%El Síndic de Greuges ha entregadoeste viernes al Parlament su Informe sobre el abuso sexual infantil en Catalunya, que además de constatar la exclusión de los centros privados alerta de una falta de difusión y formación entre los maestros sobre el contenido del protocolo a la hora de hacer prevención sobre el maltrato. Denuncia sobre todo que, seis años después de la aprobación en 2010 de la Ley de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia, todavía no se han desplegado servicios como el de atención especializada a las víctimas.
Esto sitúa a Catalunya, según Ribó, en una situación de “infradetección” de las agresiones sufridas por niños y adolescentes. Mientras que por un lado se calcula que hasta el 15% de los menores sufren algún tipo de abuso a lo largo de su infancia, los casos que se acaban detectando no llegan ni al 1%. Según los atestados policiales, en 2015 un total de 644 menores fueron víctimas de este tipo de abusos en Catalunya, 37 de los cuales en centros educativos y 12 en centros de menores.
El Síndic ha explicado que esta prevalencia de la victimización de un 15% es habitual en la gran mayoría de países europeos –el Consejo de Europa incluso habla en sus campañas “de uno de cada cinco”–, y siempre hay un gran desfase respecto a los casos que se detectan. Pero aun así Ribó ha concluido que “vamos muy atrasados” en todo lo que tiene que ver con la prevención y detección, sobre todo en cuanto a la creación de “servicios multidisciplinares” que impliquen agentes diversos como policía, escuelas, servicios sociales o servicios médicos.
