Josep Prat, ex presidente del Institut Català de la Salut (ICS) y ex director general de Innova, declara este martes por la mañana ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Reus para esclarecer si su defensa está siendo pagada con fondos públicos o no. El pago de los costes de la defensa de Prat, el abogado Xavier Melero -también abogado de Oriol Pujol Ferrusola por el caso ITV y de Artur Mas por 9-N-, es una de las piezas separadas del macro caso 'Innova', de presunta corrupción sanitaria en Reus.
La apertura de esta pieza separada se produce después de que la Guardia Civil encontrara entre la documentación requisada en el domicilio de Prat -tras el registro del pasado 27 de febrero de 2013- unos correos electrónicos que habrían provocado “dudas razonables” sobre el pago de los servicios jurídicos de Melero con fondos públicos. Los correos, a los que ha tenido acceso este diario, fueron enviados en septiembre de 2012.
En un primer correo Melero escribe a Prat reclamándole pagos pendientes: “Del tema euros, de momento, nada de nada”. Tres días más tarde el abogado también habría enviado correos a los actuales consellers en funciones de Salut, Boi Ruiz, y de Justicia, Germà Gordó, recriminándoles no haber cobrado aún sus honorarios. En un correo electrónico dirigido al conseller Ruiz, en copia a Germà Gordó y Josep Prat y bajo el asunto 'Honoraris defensa Josep Prat', Melero escribía: “Estimado Conseller, nadie ha contactado conmigo para resolver este tema. Ruego alguna solución. Nunca me habría podido imaginar que esto terminara de esta manera: yo pagando por cuenta de la Administración y sin cobrar después de haberme paseado por todas las Fiscalías de Catalunya...”. Un correo al que Gordó habría contestado dirigiéndose a Boi Ruiz:“Boi, no me dijiste que estaba resuelto?”
El juez instructor del caso, Diego Álvarez de Juan, pretende mediante la declaración de Josep Prat esclarecer si la Generalitat se estaría haciendo cargo del pago de la defensa del mayor imputado por el caso Innova. Por su parte, el abogado Xavier Melero ya acudió a su cita a declarar al respecto el pasado 5 de marzo de 2014. La versión de Melero, según recogía la agencia EFE, sería que Prat acudió a su despacho por recomendación de Ruiz y Gordó, por lo que consideró “evidente” que se trataba de un encargo oficial.
En caso de encontrar indicios suficientes para mantener la pieza abierta y continuar la investigación podrían verse implicados los consellers en funciones Boi Ruiz y Germà Gordó, por lo que la investigación se trasladaría a los juzgados de Barcelona, explican a este diario fuentes cercanas a la investigación. Según documentos de la pieza, “la asunción de pago de la defensa de Prat por parte de la Generalitat con fondos públicos podría haber supuesto la comisión de un presunto ilícito de malversación por parte de los ordenantes de los pagos y los receptores de los mismos”.
El pasado 11 de enero de 2012, mientras el concejal de la CUP en Reus David Vidal se preparaba para la rueda de prensa donde presentarían el informe sobre las presuntas irregularidades en la gestión de Innova -y que ya habían enviado a la Fiscalía de la audiencia Nacional- se anunciaba la dimisión de Josep Prat como director general de la empresa municipal Innova. Pocos días después, dimitía también de la presidencia del ICS y se iniciaba un largo camino judicial.
El ex director de la empresa municipal reusense está imputado en prácticamente todas las piezas del caso. que acumula más de 50 imputados. De momento las piezas del rompecabezas Innova son ya catorce, de las cuales doce se encuentran bajo secreto de sumario. La pieza principal está relacionada con los presuntos pagos irregulares desde el Ayuntamiento de Reus, donde Josep Prat era el máximo directivo de Innova, hacia la empresa propiedad de Carles Manté (ex director del CatSalut), CCM Estrategias y Salud, que se habría creado pocos días antes de firmar el contrato. Entre 2007 y 2011 se habría pagado a Manté más de 720.000 euros por unos trabajos de consultoría que presuntamente no se habrían hecho. Precisamente a raíz de ello, el 27 de febrero de 2013, la Guardia Civil registró los domicilios de Prat y Manté.
Prat recibía un sueldo de 265.000 euros anuales del Ayuntamiento de Reus. Además, mientras era presidente del ICS, adjunto a la presidencia con carácter ejecutivo de SAGESSA, director general de Servicios del Ayuntamiento de Reus, director general de Innova y miembro del Consejo Asesor para la Sostenibilidad y el Progreso del Sistema Sanitario, dirigía también la empresa de hospitales privados más importante de España: USP Hospitales.
“Que con dinero público se pretenda pagar un presunto ladrón de dinero público que ha tenido un sueldo público de más de 265.000 euros anuales es un hecho que en cualquier país que se haga llamar democrático provocaría auténticos estragos”, escribía el concejal de la CUP Reus David Vidal en el libro 'El Preu de la Salut' (El Precio de la Salud).
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