El 28 de abril de 2015 el juez Diego Álvarez de Juan, que está al frente del caso Innova, ordenó un primer registro en la sede social de Traiber SL, ubicada en el polígono industrial de Reus. Durante el registro, que se producía en relación a la existencia de indicios de delitos de corrupción cometidos por Traiber y la empresa municipal Sagessa, se encontró algo inesperado: un número importante de prótesis médicas en aparente desuso. Al cabo de un mes, el 22 de mayo se autorizó un segundo registro, esta vez ya en relación con la existencia de prótesis caducadas o en mal estado comercializadas por Traiber.
Este diario explicaba hace unos meses que la empresa Traiber habría implantado prótesis cerca de 3.500 pacientes en una treintena de hospitales en Catalunya. La primera pregunta pero era cuántas de estas estaban en mal estado y cómo, en el caso de que estuvieran caducadas, habían podido llegar a ser comercializadas. “Yo comprobaría si guardo el informe y miraría qué empresa es la fabricante de la prótesis”, decía hace unos meses Josep Davins y Miralles, Subdirector General de Servicios Sanitarios, a Catalunya Plural como recomendación a los que quisieran comprobar si su prótesis era de Traiber o no. La primera pregunta, cuántas prótesis caducadas se colocaron, sigue sin respuesta.
Lo que sí se sabe pero es, de momento, qué centros en Catalunya colocaron prótesis con el polietileno caducado entre 2013 y 2014. Según recoge el auto emitido por el juez este miércoles se tiene constancia de la Fundación Hospital Sant Pau (Tarragona), el Hospital Sant Joan de Reus, el Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Meditram Orthopedic SL (Sant Quirze del Vallès) y FIATC Mutua de Seguros (Diagonal, Barcelona). Más allá, también hay casos en otras comunidades autónomas e incluso en Italia, Portugal, Francia o Santo Domingo.
Hoy en día, ya hay 28 pacientes afectados que se han personado en el caso, según ha explicado el abogado Emilio Ortiz a Catalunya Plural y el magistrado Diego Álvarez de Juan asegura en el auto emitido este miércoles que “es el momento de identificar a otras víctimas de un producto protésico caducado, sin homologar o defectuoso proveniente de Traiber”.
El bufete de Ortiz representa los afectados por prótesis de cadera y de rodilla defectuosas de Traiber, en su mayoría personas de avanzada edad y en algunos casos en situaciones especialmente sensibles. “Estamos hablando en algunos casos de gente que ha pasado por catorce intervenciones quirúrgicas, de gente mayor que no cuenta con suficiente asistencia. No podemos buscar la justicia dentro de diez años”, explica Ortiz. Según él, cada caso es particular pero en algún caso la indemnización que se pide es de cerca de un millón de euros.
En cuanto a la segunda pregunta, cómo puede ser que las prótesis en mal estado llegaran a comercializarse, hay que ir al auto emitido por el juez este miércoles. La alerta, como en muchos casos de corrupción, llega por una trabajadora de la empresa, en este caso de Traiber, que pone en conocimiento de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) las prácticas fraudulentas que se estaban cometiendo. Lo denuncia el 17 de septiembre de 2014, después de ver que los responsables de Traiber, Luis Márquez y Mercè Carmona, hacían caso omiso de sus recomendaciones. “Este material debe ser destruido, no se puede volver a esterilizar ni mucho menos vender”, les había advertido en un correo electrónico en mayo de 2014. Al cabo de unos días volvió a insistir: “Buenos días Sr. Márquez, quiero recordarle que para la venta e implantación de un producto sanitario éste debe ser autorizado previamente y disponer del registro CE (el distintivo que asegura que el producto cumple con los requisitos de seguridad, eficacia y calidad)”, escribía en otro correo.
Finalmente, pasados los meses de verano decide acudir a la AEMPS. En la denuncia revela tres prácticas fraudulentas por parte de la empresa: que los certificados CE -que responden a una directiva europea- emitidos por el Organismo Notificado de Eslovaquia Evpu SA habían caducado; que había etiquetados que se estaban vendiendo sin el certificado; y que se había extendido las fechas de caducidad de implantes ya caducados. En el último caso, por ejemplo, a través de falsear las etiquetas. “Se cambiaban las etiquetas y se ampliaba la caducidad cinco años sin ser destruidos”, explica la trabajadora en el mail enviado a la AEMPS en que comunica las diversas negligencias. Además, según se destaca en el auto, el Organismo Notificado escogido por Luis Márquez -el organismo que debe certificar la calidad de los productos- era el eslovaco EPVU porque las exigencias en las inspecciones eran muy bajas.
Una de las preguntas que habrá que responder ahora es la que el juez hace en el auto: ¿Han realizado la AEMPS y la Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitaria de la Generalitat alguna inspección en la mercantil Traiber desde su constitución hasta el 17 de septiembre de 2014?
Después de que la AEMPS informe al Servicio de Control Farmacéutico y de Productos Sanitarios de la Generalitat, este inspecciona Traiber y a finales de octubre se ordena su precinto y cese de la actividad. Según se dice en el auto el informe de la Generalitat recoge, entre otros hechos, que en la inspección se localizaron implantes de polietileno fabricados y esterilizados en 1998 y que por tanto sólo podían ser implantados hasta el 2003. Con el etiquetado falso pero había extendido la caducidad hasta 2014, es decir, diez años más de la fecha real.
Según la denuncia, el director era quien tenía conocimiento de todo. De hecho, había llegado a declarar: “Siempre se ha dicho que la caducidad de un producto es como la de un yogur, que aunque esté caducado, si te lo comes diez días después no pasa nada”.
En su declaración, Mercè Carmona aseguró que el director había amenazado en varias ocasiones a los trabajadores para que no denunciaran las prácticas. “El señor Márquez tenía buenos contactos y decía a los trabajadores que fueran conscientes de que quien lo dejara no encontraría trabajo ni podría trabajar en toda la provincia de Tarragona”. Por otra parte, y también según lo declaró Carmona, se habrían hecho dos pedidos, uno para Traiber Portugal y otra para Traiber República Dominicana, incluso una vez ya se había ordenado el cese de la actividad.
En el auto el juez destaca el caso de dos médicos a los que imputa por no denunciar el mal estado de una prótesis después de darse cuenta al volver a intervenir un paciente porque la prótesis inicial le provocaba dolor. “El polietileno estaba dañado, lo que no era normal porque hacía dos meses que había cambiado la prótesis”, declaró uno de los doctores, que explicó que le comentaron a la representante presente, Mercè Carmona, quien se llevó la pieza. “Me quedé muerta, entonces me di cuenta del riesgo que podía tener el polietileno caducado”, declaró Carmona.
Con todo el juez concluye que “aquí está en juego un bien esencial de la sociedad: la salud. No se presionó o no se pagó, precisamente, para poner las mejores prótesis del mercado, ni las menos malas, se pagó por colocar prótesis caducadas o en mal estado”, reza el juez en el documento en referencia a algunos de los cerca de 50 facultativos imputados.
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