Desde que comenzaron los recortes presupuestarios por parte de la Generalitat, la defensa de la sanidad pública ha sido -junto con el proceso soberanista- un tema central de la agenda política catalana. Es en este contexto que diferentes movimientos sociales han publicado un manifiesto para reclamar el derecho a decidir también sobre el futuro de la sanidad pública catalana que resume las principales reivindicaciones actuales.
El documento -firmado entre otros por representantes de Dempeus per la Salut Pública, del centro de investigación greda-Emconet, de la ONG Sicom y los editores de la revista CafeambLlet- reclama un sistema sanitario 100% público. Es decir, que recomienda terminar con el modelo específicamente catalán de los centros concertados, donde se han concentrado en los últimos años los escándalos de corrupción y de confusión de intereses. “La colaboración pública-privada existente debe ir reduciendo su ámbito hasta su total separación y definitiva eliminación, ateniéndose mientrastanto a los intereses de la sanidad pública”, afirman los firmantes.
En este sentido, el documento es una respuesta a la sectorial de sanidad de la Asamblea Nacional de Catalunya, que defendió recientemente el modelo catalán de consorcios. De hecho, este manifiesto no es la única voz en contra de la posición de la ANC que se ha expresado en los últimos días. Ayer el grupo de sanidad de Podemos Catalunya también se puso en contra, como también lo hizo el sindicato alternativo IAC. La sectorial de sanidad de la ANC se presentó oficialmente el mes pasado en el Colegio de Médicos. Llamó la atención que la presentación se hizo a cargo de la Dra. Helena Ris, directora general de la patronal Unión Catalana de Hospitales -organismo dirigido previamente por el actual conseller Boi Ruiz.
Los autores del manifiesto también exigen la restauración de la Agencia de Salud Pública de Catalunya, que tenía hasta el año pasado una personalidad jurídica y trabajaba así de manera independiente con una vocación interdepartamental. Una ley impulsada por el Gobierno la degradó y la colocó bajo el control de la secretaría de Salud Pública del Departamento de Salud.
Por otra parte, los firmantes se oponen a cualquier copago en el sistema sanitario y abogan por una mayor participación de los usuarios en la gestión de la sanidad. También reclaman que la sanidad pública permita la interrupción voluntaria del embarazo.
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