Quedarse a las puertas del sistema sanitario público

Bella es una de las inmigrantes en situación irregular que ha podido acceder a la tarjeta sanitaria por la vía del empadronamiento, la condición de que el Govern pide a los inmigrantes que no tienen papeles para poder disponer de la tarjeta sanitaria. Bella (Bella es un seudónimo ya que pide que no se sepa su nombre real) vino de Nigeria a Barcelona hace siete años, cuando sólo tenía 23, sola, huyendo de un tío que quería matarla después de que ella se negara a casarse. Ahora, está empadronada en su municipio, en la Llagosta.

Su suerte, sin embargo, podría haber variado si hubiera ido a parar a otro municipio. Según la diputada de ICV Marta Ribas, portavoz en temas de Salud en el Parlamento, “hay ayuntamientos con mala baba que no empadronan a todos, al final, todo depende de la ideología del Ayuntamiento donde has ido a parar”. Se refiere a que en muchos casos se trata de personas sin papeles que difícilmente pueden acceder a un alquiler o tienen recursos. “Quizás están en un piso ocupado, por ejemplo”, explica la diputada.

“¿Cuánta gente tiene el alquiler a su nombre?”, se preguntan desde el Espacio del Inmigrante. Y es que el empadronamiento se convierte en la primera barrera para acceder a la sanidad pública. En este sentido, una de las peticiones de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (Pasucat) es la exigencia de que se empadrone a todos, aunque no se disponga de permiso de residencia. “Todas las personas no empadronadas están excluidas y nos encontramos con que no les dan visita, por ejemplo”, dice Iko, pediatra en un CAP del centro de Barcelona y miembro de la Pasucat que prefiere ser citado con su apodo.

Setenta casos registrados: “la punta del iceberg” de la exclusión sanitaria en Catalunya

Catalunya es una de las 10 comunidades autónomas que presentó un recurso de inconstitucionalidad al decreto ley promulgado por el PP en 2012 - que excluía de la sanidad pública española las personas sin permiso de residencia o las que no estuvieran dadas de alta en la Seguridad Social- y promovió una instrucción que permite el acceso de cualquier persona al sistema de salud siempre y cuando lleven más de tres meses que está empadronada. Sin embargo, la Pasucat ha registrado unos setenta casos en los que se han vulnerado los derechos de inmigrantes residentes en Catalunya a la hora de acudir al sistema sanitario. Según Marta Ribas, el proceso de acceso vía la instrucción catalana es “farragoso, burocrático y poco efectivo”. “Estamos mejor que otras CCAA? Sí. Nos tenemos que conformar? No ”, asegura.

De los 72 casos registrados por la Pasucat, 22 serían menores y 6 serían mujeres embarazadas. En el informe destacan que en cuanto a las incidencias registradas, el 11% de los casos han denunciado la denegación a la atención sanitaria. También, según este texto, la facturación por la asistencia sanitaria “se está convirtiendo en la norma” ya que el 36% de las denuncias son por este motivo, y la mayoría se han producido en urgencias.

El pediatra matiza que los casos registrados por la Pasucat sólo son “la punta del iceberg” de los posibles casos en Catalunya. Según explica, muchos inmigrantes no conocen sus derechos y en varios casos se ha detectado que, por ejemplo, se les pide la tarjeta sanitaria para ser atendidos en urgencias cuando la presentación de ésta por ley no es un requisito o se les disuade comunicándoles que se les hará una factura por la atención recibida. “Los casos que hemos recogido son un espejo de lo que está pasando en toda Catalunya porque vemos que las mismas situaciones se repiten en diferentes centros y hospitales de toda Barcelona”, explica.

Según Iko, su objetivo “no es crear una red alternativa de atención sanitaria para las personas excluidas, como se ha podido ver en Grecia, sino luchar para que ”todo el mundo sea atendido en la sanidad pública“.

En el Espacio del Inmigrante, una de las entidades que integran la Pasucat, hay tres médicas voluntarias que atienden a estas personas los viernes por la tarde en un local del Raval, desde donde las derivan a urgencias y las asesoran. Se han encontrado casos graves de manera muy concreta, como tuberculosis o hepatitis. Y también casos como el de una mujer rumana embarazada que acudió porque le habían pedido 200 euros por hacerse una ecografía. Según el decreto del PP, las mujeres embarazadas y los menores deben ser tratados en igualdad de condiciones que un asegurado local, y se establece lo mismo para inmigrantes que acuden a urgencias.

El hecho de no tener garantizado el derecho a la salud universal, denuncian diversas entidades, no sólo pone en peligro la salud de los que quedan excluidos sino que también expone la sociedad a un riesgo de salud pública.

Superar la barrera administrativa

La mayoría de los que llegan al Espacio del Inmigrante, sin embargo, lo hacen para saltarse la barrera administrativa, asesorarse sobre la tarjeta sanitaria y poder llegar al médico. Ya que según denuncian desde este espacio, “a menudo la administración juega con la pelota de tenis, llevando a la gente de aquí para allá”.

Es el caso de Bella, que reconoce que renovarse la tarjeta no fue nada fácil. Por eso acudió a uno de los doce Grupos de acompañamiento (GDA) que actualmente hay en Barcelona. Formados por voluntarios y autoorganizados por barrios, estos grupos son parte de la campaña Yo Sí Sanidad Universal y se dedican a ofrecer apoyo y acompañar a personas como ella para asegurarse de que obtienen la tarjeta y son atendidas con normalidad. Lo mismo hizo Soufian (prefiere no decir el apellido), que llegó a Barcelona en 2008. “Me dijeron que llamara a un número, hablé con un contestador automático, y después de 4 o 5 intentos no voy conseguirlo lo ”. Al igual que Bella, a través de un amigo se enteró de la existencia de los grupos de acompañamiento y junto con una de las voluntarias del grupo se presentó a un centro de atención para renovarla. Según dice él, sin la intermediación de esta voluntaria “habría sido muy difícil”.

La desinformación y la confusión entre los profesionales sanitarios

Diferentes entidades apuntan a que hay mucha desinformación dentro del colectivo sanitario, lo que provoca la confusión de los pacientes inmigrantes. “Los propios administrativos no tienen claras las instrucciones”, dice Iko. “Los administrativos cumplen órdenes, es la institución la que está incumpliendo la ley. Los del Clínico, por ejemplo, están presionados cuando no facturan a alguien porque habrá sido un error suyo y se llevarán una bronca ”, añade.

El pediatra comenta que “por protocolo en el Hospital Sant Pau, el de Sant Joan de Déu y sus CAPS asociados se factura a las urgencias, no existe la opción de visita urgente para una persona en situación irregular. También está pasando que se está cobrando por la atención de menores de edad. Hay muchas ambigüedades que están pasando ”. La desinformación, alerta, también genera autoexclusión. Según el Espacio del Inmigrante, “no informar” es la herramienta que tiene el gobierno. Y los administradores, dicen, son administradores, no juristas.

Además, la Pasucat denuncia en un informe que la complejidad y la falta de precisión de la propia instrucción y del decreto, la existencia de directrices poco claras por parte del CatSalut o la falta de formación para los profesionales sanitarios “han creado un caldo de cultivo idóneo para la discrecionalidad en la aplicación de la normativa, ya de por sí excluyente ”.

La inacción del Govern

La diputada ecosocialista denuncia que un año después de que el gobierno se comprometiera a hacer unas modificaciones determinadas “no hay noticia de ninguna modificación en la instrucción, continúa la realidad en los CAPS y los hospitales con la desinformación que existía y denuncias de mala praxis. Por lo tanto, evidentemente ponemos en duda que el consejero haya implicado en ello”.

Por su parte, Iko coincide en destacar que después de que se aprobara una moción en el Parlamento para hacer modificar la instrucción, no se ha hecho nada. El Departamento de Salud, consultado por este diario, se ha limitado a decir que “de momento se están produciendo reuniones con la Pasucat”. Por el momento, siempre según la Pasucat, miembros de la plataforma aseguran que aunque se han reunido con el Departament de Salut aún queda pendiente una reunión con el consejero Boi Ruiz. De esta reunión esperan que salga una instrucción o una ley que garantice el acceso universal, con una normativa “clara” y unos procedimientos que hagan que se aplique de forma “eficaz”, “informando al personal”, comenta Iko.

Por otra parte, el Parlament de Catalunya ha aprobado recientemente admitir a trámite una propuesta de ley presentada por ICV que quiere garantizar el acceso universal a la salud en Catalunya. Según afirmó Ribas, “Catalunya dispone de las competencias y los medios suficientes para poder garantizar un sistema sanitario público y universal”. Con todo, la pregunta sigue siendo cuantas personas, a diferencia de la Bella, se encuentran a las puertas del sistema sanitario público en Catalunya.

Bella es una de las inmigrantes en situación irregular que ha podido acceder a la tarjeta sanitaria por la vía del empadronamiento, la condición de que el Govern pide a los inmigrantes que no tienen papeles para poder disponer de la tarjeta sanitaria. Bella (Bella es un seudónimo ya que pide que no se sepa su nombre real) vino de Nigeria a Barcelona hace siete años, cuando sólo tenía 23, sola, huyendo de un tío que quería matarla después de que ella se negara a casarse. Ahora, está empadronada en su municipio, en la Llagosta.

Su suerte, sin embargo, podría haber variado si hubiera ido a parar a otro municipio. Según la diputada de ICV Marta Ribas, portavoz en temas de Salud en el Parlamento, “hay ayuntamientos con mala baba que no empadronan a todos, al final, todo depende de la ideología del Ayuntamiento donde has ido a parar”. Se refiere a que en muchos casos se trata de personas sin papeles que difícilmente pueden acceder a un alquiler o tienen recursos. “Quizás están en un piso ocupado, por ejemplo”, explica la diputada.