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Tras la victoria de CiU en las elecciones del 2010, la conselleria de Salut cambió la cara de la socialista Marina Geli por la de Boi Ruiz, quien había ostentado desde 2008 hasta entonces la presidencia de la Unión Catalana de Hospitales, la gran patronal de la sanidad privada catalana. Ruiz, quien hasta ese momento era desconocido por la mayoría de los catalanes, no tardaría en convertirse en uno de los consellers que levantaría más revuelo y de quien se ha pedido, en múltiples ocasiones, la dimisión. A pesar de las críticas, Mas lo mantuvo al frente de Salut en su segundo gobierno en 2012, pero ahora la candidatura de Junts pel Sí hace poco probable su continuidad.
Si la gran incógnita para el nuevo gobierno era como se evitaría que los recortes no afectaran la calidad asistencial, hoy en día queda claro que el tijeretazo en más de 1.300 millones de euros tocó, entre otras, las listas de espera para ser intervenido, ha obligado a cerrar camas y quirófanos y ha aumentado la presión sobre los profesionales, que han visto reducido su sueldo mientras disponen del mismo tiempo para asumir más trabajo. Francesc Sancho, secretario de Participación Social y Local en Salud del Departament, reconoce que el Govern ha tenido que tomar medidas que no habría querido tomar pero según él “el sistema de salud está intacto” y el nivel de satisfacción por parte de los usuarios sigue manteniendo muy buenos resultados. Todo ello explica en buena medida que en 2015 representantes de una cincuentena de entidades formalizaran la creación de la Marea Blanca de Catalunya, que nacía con la voluntad de ser un espacio común de movilización contra todas las tentativas de desmantelar o privatizar la sanidad pública.
Según datos oficiales, en 2010 el presupuesto del Departament de Salut era de más de 9.000 millones -concretamente 9.709.389.100 euros-, una cifra que fue bajando progresivamente hasta que este 2015, que tiene presupuestados 8.466 millones, ha aumentado por primera vez en los últimos cinco años con respecto al año anterior. Aunque supone un ligero aumento en comparación con el año 2014, sigue estando muy lejos de las cifras de 2010, 2011 o 2012. Entre 2010 y 2013 el presupuesto se mantuvo por encima de los 8.500 millones de euros pero en 2014, por ejemplo, tocó fondo con cerca de 8.200 millones. En total, las reducciones presupuestarias han supuesto que hoy se cuente con 1.300 millones de euros menos que en 2010.
Dicho de otro modo, y según datos de Salut, si en 2010 se contó con 1.297,45 euros per cápita, los años que se contó con menos fueron el 2013 y el 2014, que rondaba los 1.090 euros per cápita. Este 2015 es de 1.120, aunque inferior a las cifras de 2010, 2011 o 2012. Con todo, el gobierno sigue alabando de que a pesar de los recortes se ha conseguido mantener en un 40% la cuota de las cuentas de la Generalitat para Salut.
Por otra parte, cabe destacar que el Institut Català de la Salut (ICS), que es la empresa pública de servicios de salud más grande de Catalunya -presta atención sanitaria a casi seis millones de usuarios de todo el territorio- ha visto reducido su presupuesto considerablemente. El ICS, que gestiona cerca de 300 centros de atención primaria (CAP) y ocho hospitales -Vall de Hebron, Bellvitge, Germans Trias, Arnau de Vilanova de Lleida, Joan XXIII de Tarragona, Josep Trueta de Girona, Virgen de la Cinta de Tortosa y Viladecans- ha reducido su presupuesto de 2.915.506.800 (en 2010) a 2.551.870.000 (2015).
La reducción del presupuesto del ICS contrasta, sin embargo, por ejemplo, con el aumento de las transferencias del Servei Català de la Salut (CatSalut) con centros privados del grupo IDC que forman parte de la red de utilización pública. El CatSalut habría pasado de transferir a IDC 71,1 millones de euros en 2010 a 127 millones en 2012.
En parte, este aumento se explica por las derivaciones a centros del grupo, como por ejemplo, el Hospital Sagrat Cor, la Clínica del Vallès o el Hospital General de Catalunya. En el caso del Hospital General de Catalunya, el contrato con el CatSalut para la prestación de servicios es de 17.539.771 euros anuales y a la Clínica del Vallés el CatSalut le adjudica los servicios de asistencia por una anualidad de 7.3750.610 euros. Este diario explicaba recientemente el ejemplo del Hospital Parc Taulí de Sabadell, que deriva pacientes al grupo privado IDC Salud mientras mantiene camas cerradas.
Con todo, Francesc Sancho justifica que las derivaciones se siguen haciendo con los mismos centros, centros de la red de utilitzación pública (SISCAT), y que este gobierno “no ha introducido nada nuevo”, nada que no se hiciera con el Tripartit, asegura. Entre los centros de los que habla Sancho sin embargo, los hay que si bien forman parte de la red pública son de titularidad privada. Explica que las derivaciones dependen también del precio y se muestra convencido de que es un sistema “útil” y que “ahorra dinero”.
Si bien el gobierno presentaba este año que en 2014 se habían reducido las listas de espera en un 12% respecto al año anterior -21.610 personas menos- y es cierto que desde 2011 la tendencia ha sido decreciente en los últimos años, en parte lo ha sido porque las cifras alcanzadas en 2011 eran récord en número de pacientes esperando para ser intervenidos. En 2014 había 193.879 pacientes en lista de espera, es decir, casi 40.000 más que en 2010, cuando había 153.916. Con todo, los datos de 2012 y 2013 tampoco eran para tirar cohetes, 188.176 y 181.559 respectivamente.
Por otra parte, el tiempo medio de espera de los pacientes para ser intervenidos es un indicativo que no permite valorar la individualidad de casos en que esta espera se alargó más de la cuenta o casos en que la espera era determinante para la salud del paciente. Francesc Sancho, del departamento de Salut, reconoce que en algunos casos se han superado los plazos de espera fijados y explica que conviene introducir aspectos sociales y de salud que determinen las listas de espera más allá de procesos burocráticos fijados matemáticamente. Hay que tener en cuenta sin embargo que, como explicaba este diario, el sistema de computación depende de unos criterios que permiten al departamento ajustar los tiempos.
Con todo, en las operaciones garantizadas, el tiempo medio de espera se situaba en 2014 en 2,92 meses mientras que en 2013 fue de 4,45 y en 2010, de 3,98. Sancho destaca los avances que se han hecho en casos como la cirugía cardiaca -ha disminuido un 70% la espera- o oncológica, donde todas las operaciones están por debajo de los 45 días de espera entre aquellos pacientes que deben ser intervenidos.
La plataforma Dempeus per la salut denunciaba hace unos meses en un artículo que la reducción presupuestaria y los recortes de personal impulsados por el Govern desde 2010 a los ocho hospitales y 280 centros de asistencia primaria (CAP) del ICS, pertenecientes a la Generalitat, “han llevado estos centros en una situación de supervivencia al límite”. Según indica el texto habría prescindido desde 2010 de 5.810 profesionales sanitarios entre médicos, enfermeras, auxiliares sanitarios y personal administrativo. Por otra parte, los 38.000 que conforman actualmente la plantilla del ICS habrían perdido el 25% de su salario. Sancho reconoce que se ha aumentado la carga asistencial de los profesionales, pone en valor su tarea y remarca que ha habido un aumento del reconocimiento social hacia los sanitarios que considera muy positivo.
Por otra parte, como recogía ya este diario, según un informe elaborado por Salut, y cogiendo datos de 2012 como referencia, Catalunya está por debajo de la media española en cuanto al número de camas por habitante aunque tiene más actividad que otras comunidades autónomas. Ejemplo del cierre estructural de camas lo son los dos hospitales públicos más grandes de Catalunya: el Hospital de Bellvitge y el de Vall d'Hebron. En el caso del primero, este contaba en 2010 con 906 camas hábiles mientras que en 2013 sólo disponía de 724. El de Vall d'Hebron, el principal hospital de Catalunya en capacidad, pasó de tener 1.176 camas en 2010 a tener 1.017 en 2013.
La creación del consorcio del Clínic y la intención de crear un consorcio en Lleida han provocado la manifestación de profesionales y usuarios que se oponían a esta forma jurídica. En el caso del consorcio del Hospital Clínic, las cerca de 4.000 alegaciones presentadas no sirvieron para detenerlo pero en el caso del consorcio de Lleida, que contaba con una oposición mucho mayor y que se tradujo en cerca de 12.000 alegaciones, sí que se ha conseguido detener, al menos temporalmente.
En el caso del Clínic, que se encontraba sin forma jurídica desde 2008, trabajadores y usuarios del hospital reunidos en la asamblea Tancada Clínic temían que la aprobación del consorcio no se tradujera en un consorcio 100% público. De hecho, el consorcio finalmente constituido deja la puerta abierta a la actividad privada ya que en los estatutos no se especifica la titularidad jurídica de las instituciones que pueden participar.
Todo ello forzó entre otras cosas la celebración de un pleno extraordinario en el Parlament sobre salud, un hecho que hacía treinta años que no se producía y en el que si se evitó la reprobación de las políticas del gobierno, fue gracias al apoyo de ERC a CiU.
Tras la victoria de CiU en las elecciones del 2010, la conselleria de Salut cambió la cara de la socialista Marina Geli por la de Boi Ruiz, quien había ostentado desde 2008 hasta entonces la presidencia de la Unión Catalana de Hospitales, la gran patronal de la sanidad privada catalana. Ruiz, quien hasta ese momento era desconocido por la mayoría de los catalanes, no tardaría en convertirse en uno de los consellers que levantaría más revuelo y de quien se ha pedido, en múltiples ocasiones, la dimisión. A pesar de las críticas, Mas lo mantuvo al frente de Salut en su segundo gobierno en 2012, pero ahora la candidatura de Junts pel Sí hace poco probable su continuidad.
Si la gran incógnita para el nuevo gobierno era como se evitaría que los recortes no afectaran la calidad asistencial, hoy en día queda claro que el tijeretazo en más de 1.300 millones de euros tocó, entre otras, las listas de espera para ser intervenido, ha obligado a cerrar camas y quirófanos y ha aumentado la presión sobre los profesionales, que han visto reducido su sueldo mientras disponen del mismo tiempo para asumir más trabajo. Francesc Sancho, secretario de Participación Social y Local en Salud del Departament, reconoce que el Govern ha tenido que tomar medidas que no habría querido tomar pero según él “el sistema de salud está intacto” y el nivel de satisfacción por parte de los usuarios sigue manteniendo muy buenos resultados. Todo ello explica en buena medida que en 2015 representantes de una cincuentena de entidades formalizaran la creación de la Marea Blanca de Catalunya, que nacía con la voluntad de ser un espacio común de movilización contra todas las tentativas de desmantelar o privatizar la sanidad pública.