El comité de empresa del Hospital Parc Taulí de Sabadell explica a Catalunya Plural que para las intervenciones que hacen a pacientes del hospital público derivados a la Clínica del Vallès o al Hospital General de Catalunya, dos centros privados de IDCsalud, utilizan el material que el centro privado compra y les obliga a poner. Este material queda cubierto con el dinero que el CatSalut da a la Clínica del Vallès o al Hospital General de Catalunya para cada intervención de un paciente del servicio público.
“Tenemos un material aquí en el Taulí que allí no siempre tenemos y con el que inicialmente no estamos acostumbrados a trabajar, debemos utilizar lo que allí nos dicen”, denuncia un trabajador. “En el caso de un tornillo puede no ser demasiado importante pero si se trata de una prótesis si”, explica este profesional, ya que las prótesis tienen unas características muy particulares. De hecho, este trabajador explica que en alguna ocasión, por criterio médico, se ha llegado a paralizar intervenciones ya que era mejor implantar una prótesis más adecuada para la edad del paciente. Aún así asegura que la mayoría de veces las intervenciones que programan para derivar pacientes a los centros privados suelen ser aquellas que precisan del material que allí tienen. “Se hace la selección de pacientes en función del material del que allí se dispone”, denuncia.
Un cirujano del comité de empresa explica que en la Clínica del Vallès siempre implanta prótesis de rodilla de la marca Zimmer, una casa que también tienen en el Taulí. Los cirujanos en general no se muestran descontentos con el material de esta casa, pero en ocasiones se quejan de no poder utilizar otras marcas que si podrían usar si el enfermo fuera operado en el Taulí, allí donde le correspondería.
Isabel Vallet, diputada de la CUP, asegura que esto provoca una “desigualdad flagrante entre los pacientes tratados en centros públicos y los que son tratados en centros privados” ya que según ella los privados “son de más baja calidad”.
En los hospitales de titularidad pública existe una comisión de compras que, a partir del material incluido en la cartera del Servicio Nacional de Salud y de los precios aprobados por el CatSalut, discute con el jefe del área correspondiente –si son prótesis de rodilla se hará con responsables de trauma, por ejemplo– qué características debe tener lo que tienen que comprar. Una vez acordado, como queda regulado en el contrato entre el CatSalut y el Taulí, la compra queda sujeta a concurso público.
Josep Martí, miembro de Marea Blanca y fundador del Centro de Análisis y Programas Sanitarios (CAPS), explica que en el caso de los centros privados, como la Clínica del Vallès o el Hospital General de Catalunya, no queda claro si esto se hace, de hecho, al ser una empresa privada los centros como la Clínica del Vallès o el Hospital General de Catalunya, no quedan sujetos a la ley de concurso público. “Compran lo que está más bien de precio”, señala Martí. Como indican los profesionales a Catalunya Plural, es el centro quien acaba comprando lo que quiere a quien quiere. De hecho, como ya explicaba Catalunya Plural anteriormente, es cierto que las intervenciones en centros privados pueden salir más baratas, pero es debido a un sistema de fijación de precios que se estipula según la complejidad de cada centro. El hecho de que estos centros privados sean de menor complejidad hace que reciban menos dinero para una intervención por la que un centro público más complejo, como el Taulí, cobraría más. Esto hace que tengan que buscar la fórmula de abaratar costes y además sacar beneficio, ya que como indica Isabel Vallet “la sanidad privada busca el rendimiento económico y la pública no”. La necesidad de sacar rendimiento, como ya explicaba Josep Martí, puede hacer que “el centro privado tenga la tentación de abaratar costes, bien precarizando condiciones laborales o disminuyendo la calidad de los materiales”.
Sobre el tema compras de material, en los convenios que tiene el CatSalut con la Clínica del Vallès y el Hospital General de Catalunya no figura nada, según los papeles a los que ha tenido acceso este diario.
La particularidad del modelo sanitario catalán, que se define con un marco –SISCAT– de utilización pública donde los centros asistenciales que hay son tanto de titularidad pública como privada, y la diferente regulación de cada uno de estos, hace que existan, como explica Marta Ribas, diputada de ICV-EUiA, “muchas islas de opacidad no controlada que permiten un mal uso del dinero público con la voluntad de hacer negocio”.
“Esto es un evidencia más de la desregularización y el marco de confusión que hay en el ámbito de la salud”, denuncia Ribas, que reivindica un código ético y de sostenibilidad que sea aplicable a cualquier centro que reciba financiación pública.
El otro problema pues, como explica Josep Martí y como denuncian también los trabajadores del comité de empresa del Taulí, es la falta de fiscalización y auditoría de todo lo que compran los centros privados con dinero público. Vallet asegura que en estos centros “no hay un control democrático de los gastos ni de la calidad”.
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