El Diari del Treball es un blog con voluntad de reflejar, tanto desde la información como la opinión, la lucha por preservar los derechos laborales y económicos que la crisis pone ahora en peligro. El blog está coordinado por el periodista Tomeu Ferrer.
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El 24 de abril de este año se hundió el edificio Rana Plaza en Bangladesh. Dos meses después el balance es estremecedor: 1.127 cadáveres contabilizados y mucho más de 2.500 heridos, muchos de ellos gravemente. La justicia local avanza lentamente en el caso y las empresas para las que trabajaban meditan aprobar un plan de ayudas. Todo ello afecta al más grave accidente industrial de la historia.
Después este preámbulo esta es la situación post tragedia. Por un lado están las acciones legales que han puesto en marcha las autoridades del país justo después del terrible accidente. En este sentido, Isidre Boix, director del departamento de RSE / RSC de Fiteqa-CCOO y coordinador de IndustriaLL para la aplicación del acuerdo marco con Inditex, considera que el gobierno bengalí ha iniciado diligencias contra todos los empresarios relacionados con el accidente, entre ellos David Mayor, que había tenido empresas en Reus. Los empresarios que vivían en el país sufrieron más rápidamente el peso de la ley: el dueño del edificio comercial, Mohammed Sohel Rana, cinco propietarios de fábricas y talleres textiles y dos técnicos municipales fueron detenidos y acusados ​​de negligencia, construcción y ilegal y de persuadir a los empleados para que acudieran a su puesto de trabajo, aunque un día antes habían aparecido grietas en las paredes.
En segundo lugar y con las consecuencias del accidente aún candentes, las organizaciones internacionales han conseguido arrancar un acuerdo con 39 multinacionales del sector textil para mejorar la responsabilidad social de las empresas. El compromiso firmado por las grandes compañías de la moda y de la distribución con los sindicatos está aún por aplicar porque a estas alturas no se ha firmado el reglamento que fijaría como se debe poner en marcha el citado acuerdo. Romanones afirmaba que él dejaría a la oposición hacer las leyes si le dejaban a él hacer los reglamentos.
Pacto importante, si se cumple
El pacto supone compromisos para prevenir los incendios y el hundimiento de edificios donde se fabrican productos textil. También implica un sistema de inspección y al mismo tiempo formación para la prevención. Además, las empresas firmantes se comprometen a aportar fondos, de forma proporcional a su volumen de compra en el país, de hasta 500.000 euros al año durante 5 ejercicios.
Un artículo de Boix adelanta que si difícil ha sido la redacción del pacto con las empresas firmado el 15 de mayo, más lo será la de su reglamento. Las multinacionales textiles luchan entre ellas en el mercado e intentan obtener los mejores resultados. Ponerse de acuerdo sin beneficiar su competencia les supone un esfuerzo añadido.
Las primeras 39 multinacionales firmantes del documento mencionado emplean en Bangladesh a un millar de fábricas. Entre estas multinacionales figuran nombres conocidos como H y M e Inditex. En el país asiático la seguridad de los edificios industriales es un problema añadido. Fábricas apiladas una encima de otra, con instalaciones a menudo deficientes en materia eléctrica y con poca protección contra los incendios son habituales, lo que, si se suma a la endémica corrupción gubernamental, en la práctica supone cuestionar casi el conjunto de la industria de la confección. Un sector que exporta el 80% de su producción y supone el 60% de las exportaciones totales del país.
Contra lo que en muchas ocasiones desde el accidente se ha planteado desde ámbitos ligados a los consumidores los sindicatos se muestran contrarios a poner en marcha boicots a las marcas que fabrican en el país del Índico. La alternativa es la exigencia de corregir las terribles deficiencias comprobadas, aseguran.
El objetivo pasa también, por la aplicación de un salario mínimo vital que el Nobel bengalí Mohamed Yumus fijó en 100 dólares al mes. Muy lejos aún de los 48,5 euros que los sindicatos del país reclaman actualmente.
La situación dividida del sindicalismo en Bangladesh añade dificultades a la aplicación de los acuerdos porque en ese país y en la rama textil se cuentan hasta 14 federaciones diferentes. Todo ello en un país donde la afiliación no llega al 1% de la población activa.
¿Cuáles han sido pues hasta ahora las consecuencias del accidente: las actuaciones judiciales iniciales y un acuerdo que se debe desarrollar. Todo ello ante lo que algunos han tildado como el homicidio o genocidio industrial más grande de la historia.
El 24 de abril de este año se hundió el edificio Rana Plaza en Bangladesh. Dos meses después el balance es estremecedor: 1.127 cadáveres contabilizados y mucho más de 2.500 heridos, muchos de ellos gravemente. La justicia local avanza lentamente en el caso y las empresas para las que trabajaban meditan aprobar un plan de ayudas. Todo ello afecta al más grave accidente industrial de la historia.
Después este preámbulo esta es la situación post tragedia. Por un lado están las acciones legales que han puesto en marcha las autoridades del país justo después del terrible accidente. En este sentido, Isidre Boix, director del departamento de RSE / RSC de Fiteqa-CCOO y coordinador de IndustriaLL para la aplicación del acuerdo marco con Inditex, considera que el gobierno bengalí ha iniciado diligencias contra todos los empresarios relacionados con el accidente, entre ellos David Mayor, que había tenido empresas en Reus. Los empresarios que vivían en el país sufrieron más rápidamente el peso de la ley: el dueño del edificio comercial, Mohammed Sohel Rana, cinco propietarios de fábricas y talleres textiles y dos técnicos municipales fueron detenidos y acusados ​​de negligencia, construcción y ilegal y de persuadir a los empleados para que acudieran a su puesto de trabajo, aunque un día antes habían aparecido grietas en las paredes.