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CGT desconvoca la huelga indefinida en Unipost

Las asambleas de trabajadores de Unipost, convocadas por el sindicato CGT, han decidido detener desde el 11 de enero la huelga indefinida que realizaban desde finales de diciembre, aunque el paro debía durar en esta etapa hasta el 17 de enero. A pesar del anuncio, los trabajadores mantienen las posiciones beligerantes que había antes de la movilización, indican fuentes laborales.

La movilización de los trabajadores tiene su origen en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de 120 días en 2014, rechazado por ahora por la plantilla. Además, el ERE supondría despedir a 425 trabajadores -de un total de 2.500-, a lo que se sumaria un recorte del 10% del sueldo, que se añadiría a otro 10% ya reducido.

Desde CGT se explica que detener la huelga sólo significa frenar la movilización total que se realizaba desde finales de año. En este sentido el sindicato sigue manifestándose contrario al ERE, que todavía no se realiza, según fuentes laborales, por falta de fondos para pagar las indemnizaciones.

En la precipitación del conflicto puede haber jugado un papel en el último movimiento de la empresa, que tiene como principales accionistas a la familia Raventós, propietaria de los viñedos y cavas, y la sociedad alemana Deusche Post. Este movimiento ha consistido en hacer una pequeña ampliación de capital, limitada a 3 millones de euros. Con el dinero que habrían inyectado a la empresa de reparto postal habrían puesto al día los devengos correspondientes a las pagas ordinaria y doble de diciembre. No obstante, en una convocatoria al comité intercentros, donde están todos los sindicatos con presencia en la empresa -CCOO, UGT, USO y CGT, entre otros-, la empresa habría condicionado el pago a detener la huelga y aceptar el recorte del 10% de los salarios futuros. Por tanto, todo hace pensar que hay una negociación paralela entre los representantes del capital y algunos de los sindicatos que en esta ocasión no se habían sumado a la huelga convocada en solitario por CGT.

Durante los días en que ha durado la movilización obrera, las áreas más afectadas han sido las de Barcelona y Madrid, donde la paralización del servicio ha llegado hasta al 85%, según fuentes sindicales.

Hasta el 3 de enero fuentes sindicales valoraban en más de 9 millones los objetos que se acumulaban en las oficinas de Unipost sin que, por efecto directo de la huelga, se pudieran repartir. Aunque al mismo tiempo se comenzaron producir movimientos de la empresa tendentes a romper la protesta. Una de estas acciones afectó a los trabajadores que están legalmente en suspensión de empleo por efecto de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Algunos de estos empleados que fueron enviados a casa por la empresa alegando que no había trabajo para ellos fueron llamados de nuevo por la empresa para cubrir el trabajo de los huelguistas, lo que denunciaron desde el comité de huelga.

El pulso entre trabajadores en huelga y empresa se ​​jugaba, sobre todo, en el reparto de correspondencia de grandes clientes de Unipost: Diputación de Barcelona, ​​Endesa y el Ministerio de Hacienda entre otros. Las presiones de estas entidades hicieron mover ficha a la dirección de Unipost en el sentido de hacer la pequeña ampliación de capital y abrir así una nueva etapa de entendimiento en la compañía. Hasta el momento los trabajadores se quejaban de que todos los ajustes hechos a la sociedad se habían hecho a costa de aplicar medidas de recortes sociales y con ninguna inversión ni recapitalización de la empresa.

Las asambleas de trabajadores de Unipost, convocadas por el sindicato CGT, han decidido detener desde el 11 de enero la huelga indefinida que realizaban desde finales de diciembre, aunque el paro debía durar en esta etapa hasta el 17 de enero. A pesar del anuncio, los trabajadores mantienen las posiciones beligerantes que había antes de la movilización, indican fuentes laborales.

La movilización de los trabajadores tiene su origen en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de 120 días en 2014, rechazado por ahora por la plantilla. Además, el ERE supondría despedir a 425 trabajadores -de un total de 2.500-, a lo que se sumaria un recorte del 10% del sueldo, que se añadiría a otro 10% ya reducido.