El Diari del Treball es un blog con voluntad de reflejar, tanto desde la información como la opinión, la lucha por preservar los derechos laborales y económicos que la crisis pone ahora en peligro. El blog está coordinado por el periodista Tomeu Ferrer.
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Unos 200 trabajadores en el conjunto del Estado español, de los que una quincena en Catalunya, están incursos en procedimientos administrativos y / o penales por haber tomado parte en actividades sindicales. En la mayoría de los casos las acusaciones imputan a los trabajadores haber formado participado en de piquetes violentos encargados de la difusión de huelgas tanto generales como sectoriales.
Aunque el momento de mayor dureza en las denuncias se produce a partir de la llegada al poder, en diciembre de 2012, del Partido Popular (PP), las primeras actuaciones, calificadas de represivas por los sindicatos, se inician con la huelga general de 2010, convocada cuando gobernaba el PSOE. Durante los casi 35 años anteriores el ejercicio del derecho de huelga no había suscitado reacciones tan duras por parte de las autoridades gubernativas.
Hay que recordar que las huelgas generales de 2010 y 2012 se convocan contra la política económica surgida de la reforma constitucional que prioriza el pago de la deuda por delante de otros gastos. Esta decisión desemboca en dos reformas laborales que han recortado drásticamente los derechos laborales. Y no sólo eso, de la apertura de sumarios se desprende que también podrían quedar restringidos derechos fundamentales como los de reunión o manifestación, explican fuentes jurídicas vinculadas a los sindicatos mayoritarios que han lanzado la campaña # huelganoesdelicto.
Sólo en Catalunya la política antes mencionada tiene en marcha varios procedimientos que tienen en el punto de mira a sindicalistas.
La huelga general de 2010 generó un procedimiento judicial contra cuatro cargos sindicales que se tramita en Terrassa. Los imputan delitos contra los derechos de los trabajadores para los que el ministerio fiscal pide 4 años de prisión para cada uno de los acusados. En este caso, para evitar el juicio, se llegó a un acuerdo que impone una pena de cuatro meses, lo que evita la entrada en prisión. Pero tiene un condicionante, los sindicalistas no pueden verse afectados durante dos años en ninguna actuación de tipo penal, lo que, de ocurrir, supondría el ingreso en prisión para cumplir la pena. Además, se ha impuesto una multa conjunta de 3.450 euros y la asunción de los daños.
Vic, es escenario de un procedimiento judicial abierto a raíz de la huelga general de 2012 contra la actuación de un piquete. En este caso, dos años más tarde, todavía no se ha formulado ninguna acusación.
Por la misma huelga general se tramita en Barcelona otro caso. Afecta a la actuación de piquetes en la zona universitaria. Se imputa a los afectados daños, atentado, resistencia y lesiones.
También en el año 2012 a consecuencia de una huelga en el ámbito del transporte metropolitano de Barcelona, los juzgados de esta ciudad tienen abierto un caso en que se imputa un delito de daños a un miembro del comité de empresa del Metro de Barcelona.
Las huelgas seguidas para conseguir negociar convenios sectoriales también han dejado causas judiciales. El paro por la negociación de un convenio sectorial en Tarragona, en mayo de 2013, ha supuesto la apertura a los juzgados de Valls y de Barcelona de casos en los que se imputan a sindicalistas delitos de coacciones, sin que se precise si este delito incluye o no la modalidad especial de coacciones a la huelga.
La larga huelga de Panrico también ha generado la apertura de causas judiciales contra los trabajadores,. Hasta seis causas penales están en fase inicial de instrucción, sin que se hayan, de momento, concretado imputaciones ni exigencia de medidas concretas.
Los sindicatos catalanes consideran que la deriva abierta desde el año 2010 obedece a una estrategia de criminalización de la actuación de defensa de los trabajadores. Y también supone la limitación de ejercicio de un derecho fundamental como es el de huelga.
Una reforma legal de 1995 creaba un tipo agravado de coacciones relacionado con los piquetes. Este tipo tenía una pena superior a 3 años, cuando las coacciones normales tienen una pena máxima de 3 años A partir de ese momento como las penas de 3 años no tienen posibilidad de libertad condicional, cualquier condena por este delito supone la entrada directa en prisión.
Casos concretos
En el caso de Catalunya, los sindicatos aceptan que muchas de las denuncias que llegan a los juzgados de instrucción no llegan a tramitarse. Pero, esto no evita que se den algunas situaciones paradójicas, como la del estudiante Ismael Benito, acusado de formar parte de un piquete en la huelga general de 2012. Está acusado de formar parte, con otros dos compañeros, un grupo organizado para generar disturbios. Los tres estuvieron un mes encerrados en la prisión de Quatre Camins, a pesar de que declaran no haber tenido nada que ver con los actos vandálicos que se produjeron en la tarde del mismo día, cuando ya estaban detenidos.
Otra muestra de la dureza de las peticiones fiscales es la que afecta a un trabajador del comité de empresa del Metro, que en una huelga del transporte fue detenido después de que unos desconocidos pincharan la rueda de un autobús. El coste de este desperfecto el calculan los sindicatos en unos 400 euros, pero la fiscal pide en este caso cinco años de prisión.
Por estos motivos los sindicatos han iniciado una campaña que el jueves, 25 de septiembre tiene en Barcelona un momento álgido. A las 19 horas en la sede del Colegio de Abogados de Barcelona se hace un acto con la intervención de:
-José M. Mena, ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y ex presidente de la Asociación Catalana de Juristas Demócratas (ACJD)
-Josep M. Álvarez, secretario general de UGT de Catalunya.
-Joan Carles Gallego, secretario general de CCOO de Catalunya.
Unos 200 trabajadores en el conjunto del Estado español, de los que una quincena en Catalunya, están incursos en procedimientos administrativos y / o penales por haber tomado parte en actividades sindicales. En la mayoría de los casos las acusaciones imputan a los trabajadores haber formado participado en de piquetes violentos encargados de la difusión de huelgas tanto generales como sectoriales.
Aunque el momento de mayor dureza en las denuncias se produce a partir de la llegada al poder, en diciembre de 2012, del Partido Popular (PP), las primeras actuaciones, calificadas de represivas por los sindicatos, se inician con la huelga general de 2010, convocada cuando gobernaba el PSOE. Durante los casi 35 años anteriores el ejercicio del derecho de huelga no había suscitado reacciones tan duras por parte de las autoridades gubernativas.