Iturri, la multinacional sevillana investigada por irregularidades en la facturación del servicio de mantenimiento de los camiones de los Bomberos catalanes, logró la adjudicación de 63 contratos de emergencia por parte de la Generalitat durante la pandemia. Los 30 millones adjudicados a Iturri entre el 12 de marzo de 2020 y el 5 de abril de 2021 suponen el 4% del total otorgado por la vía de la contratación de emergencia durante el periodo en el que se publicó esta información en la web de contratación pública. Los últimos datos son de abril del 2021, cuando los departamentos dejaron de contratar por la vía de emergencia con la excepción de Salud, el único que está autorizado para seguir realizando este tipo de pujas.
Además de trabajar en el sector de las emergencias y la defensa, Iturri está especializada en proveer servicios de salud y material sanitario. La contratación de emergencia, una fórmula legal amparada por ley y diseñada con el objetivo de que la administración pudiera atender las necesidades para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 mediante la contratación directa (sin publicidad ni concurrencia), permitió adjudicar un total de 6.734 contratos por valor de 790 millones de euros.
El contrato de importe más elevado fue una adjudicación a Iturri por 22,7 millones de euros por el suministro de batas de protección de agentes biológicos para el Instituto Catalán de la Salud (ICS). La empresa Basic Devices SL –una firma sin actividad bajo sospecha de la Oficina Antifraude– y Barna Import Medica, S.A. facturaron el segundo y tercer contrato de mayor valor, de 21 y 18 millones de euros, respectivamente, por trajes, mascarillas, guantes y batas.
En el caso de Iturri, el segundo contrato más caro, tras el que adjudicó el ICS por 22,7 millones, se refiere a la compra de trajes integrales de protección por parte del Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA) y sube a 1,3 millones de euros. Le sigue la adjudicación relativa a otro suministro de batas, también al ICS, por 1,17 millones de euros.
En total, 57 de los 63 contratos se refieren al suministro de material destinado a los profesionales de la salud o a los centros sanitarios. Aparte de la compra de batas y monos, también destaca la adquisición de mascarillas (en una decena de las adjudicaciones se incluye la compra de diferentes tipos de mascarillas), así como la adquisición de aparatos y equipos médicos.
El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y el ICS son los entes que más contratos adjudicaron a Iturri, 18 y 17, respectivamente. Le siguen el consorcio sanitario de la comarca del Maresme, con 12, y el departamento de Interior y el consorcio del Hospital Clínic de Barcelona, ambos con seis. En cuanto a los principales contratantes por importes adjudicados, el ICS encabeza la clasificación por delante del SEM, el Clínic, el Servicio Catalán de Salud y el departamento de Interior.
Proveedora habitual de la Generalitat
Iturri, que junto a la cúpula de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (DGPEIS), está siendo investigada desde la primavera de 2021 en un caso que ahora se instruye en el juzgado número 14 de Barcelona, es una proveedora habitual de la Generalitat de Catalunya. La jueza, que mantuvo durante un mes intervenidos los teléfonos del empresario y de los otros seis investigados, ha constatado una “sólida corroboración” de las “irregularidades presupuestarias y contables” en la relación contractual entre la Generalitat e Iturri, si bien de las pinchazos no se pueden desprender amaños en los contratos o el cobro de comisiones. La investigación arrancó tras una denuncia ante la Fiscalía del departamento de Interior bajo el anterior mandato del conseller Miquel Sàmper.
Las irregularidades, mantiene la magistrada, se centran en el hecho de que los contratos anuales entre la Generalitat e Iturri eran de una cuantía más baja de lo que en realidad costaban las reparaciones y el mantenimiento de los vehículos. El agotamiento presupuestario no se subsanaba, sino que Iturri seguía prestando el servicio. En ejercicios posteriores, y en el marco de otro contrato, Iturri facturaba los servicios que había prestado pero no cobrado el año anterior, lo que exigía “alterar facturas y albaranes”, detalla la jueza.
Un mes y medio después de que se conociera la existencia del proceso judicial en relación al servicio de mantenimiento de vehículos contratado por el departamento de Interior, la empresa, que opera en 14 países, tenía contratos con la administración catalana por valor de casi 39 millones de euros.
En concreto, Iturri tenía 33 contratos vigentes con la Generalitat a fecha 31 de diciembre de 2021. En este caso, cuatro de las cinco adjudicaciones con los importes más elevados habían sido otorgadas por el departamento de Interior. Destacan dos adjudicaciones por valor de 16,5 millones de euros cada una relativas al suministro de 92 vehículos pesados para la DGPEIS y otros dos contratos de suministro por valor de 501.000 y 231.000 euros.
Nueva licitación del servicio
Interior rescindió el contrato por el servicio de mantenimiento de vehículos objeto del proceso judicial e inició un nuevo procedimiento de licitación el pasado otoño, según ha explicado a Verificat el área de prensa del departamento. El proceso, sin embargo, se anuló antes de la adjudicación dado que dos de las personas que intervinieron pasaron a tener la condición de investigadas en el mismo caso, según explicaron a Verificat las mismas fuentes.
El presunto caso de corrupción llegó a los tribunales a raíz de una información reservada de Interior, que el exconseller Miquel Sàmper envió a la Fiscalía cuando estaba a punto de dejar el cargo. La Fiscalía corroboró las sospechas y denunció el caso ante el juzgado, en el que tanto el anterior como el actual director de la DGPEIS, junto con otros cargos públicos y el responsable de Iturri en Catalunya, están imputados.
Hasta que en este mes de abril el departamento ha adjudicado el nuevo contrato, Iturri ha seguido prestando los servicios “mínimos y esenciales” en el mantenimiento de vehículos, asegura Interior. La conselleria reconoce sin embargo que, en algunos aspectos, como la tramitación de las ITV de los vehículos de Bomberos, la empresa no está cumpliendo con sus obligaciones.
Más allá del caso que afecta a los bomberos de Catalunya, la empresa sevillana ya fue condenada en el 2018 por abonar comisiones a cambio de adjudicaciones en el Ayuntamiento de Telde (Islas Canarias), una sentencia que fue ratificada por el Tribunal Supremo el 10 de diciembre de 2020. Además, el responsable de Iturri en Baleares y Catalunya, que ahora también está siendo investigado en el juzgado de instrucción número 14 de Barcelona, fue declarado culpable por emitir facturas falsas en otro caso en Palma de Mallorca hace cuatro años.
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