El encierro de migrantes en Barcelona cumple un mes de protesta contra la ley de extranjería

A Ibrahim Oumouhou le gusta decir que al llegar a España fue directamente de la patera al encierro de migrantes en una iglesia de Cornellà. Aquel verano de 2001 en el que decidió venir a buscarse la vida desde Marruecos apenas tuvo tiempo de llegar a la ciudad y pasar por casa de su primo antes de sumarse a una de las mayores movilizaciones vividas en Barcelona para pedir papeles para las personas en situación irregular. 17 años después, participa en el encierro antirracista que cumple un mes en la capital catalana y hace un balance poco optimista. “Estamos peor que entonces, porque muchos acumulamos años de problemas administrativos y irregularidad y ahora encima con la crisis y las reformas laborales”, sentencia.

Decenas de migrantes, con el apoyo de hasta 400 entidades sociales, han vuelto a recurrir a los encierros, en este caso en la antigua Escola Massana de Barcelona, para reivindicar sus derechos: desde exigir más facilidades para conseguir papeles de residencia o padrón hasta reclamar que se deje de penalizar el top manta o que se cierren los CIE. “Existe el mito de que los migrantes somos apolíticos, no nos organizamos, pero el solo hecho de abandonar tu país para buscar una vida digna ya es un acto político”, sostiene Juan Ávila, uno de los impulsores de la protesta.

La ocupación de la Massana, en la que duermen unas 30 personas al día y a cuyas asambleas acuden varias decenas, se ha extendido en los últimos días a otras dos ubicaciones como son la iglesia Sagrat Cor (en el barrio del Poblenou) y un local en Badalona. Este domingo además convocan en Barcelona una manifestación contra la que consideran la madre de todas las discriminaciones que sufren: la ley de extranjería. La marcha tiene el apoyo de colectivos migrantes como Tras la Manta o Papeles para Todos y decenas de otras entidades, sindicatos y partidos como Barcelona en Comú o la CUP.

Sus organizadores aspiran a que acuda tanta gente como la que participó en la manifestación a favor de la acogida de refugiados en 2017, que desbordó la ciudad. “Confiamos que quienes apoyan a los refugiados lo hagan también con los que llevan décadas en este país sufriendo vulneraciones de derechos”, defiende Ávila.

Facilidades para papeles y la cita previa

A media mañana, el aroma de menta suele invadir una de las alas principales de esta antigua escuela, que hace las veces de dormitorio y de cocina. “¡Coged té, que yo no puedo!”, bromea Josep Elazawe. Él está de Ramadán. “Hoy hasta las 9 y 11 minutos, nada”, detalla, y se dirige con una bandeja repleta de tazas de té a la sala principal del encierro, donde unas 50 trabajadoras del hogar migrantes se encuentran celebrando una asamblea sobre sus condiciones laborales.

El encierro de la Massana alberga no solo una mezcla de culturas sino también de reivindicaciones que unen a todos los extranjeros que han llegado a España de forma irregular. Algunas de las que más se han discutido estos días en el encierro, y que han sido motivo de negociación con las distintas administraciones –Ayuntamiento, Generalitat y Delegación del Gobierno– tienen que ver con las trabas burocráticas que se les imponen para regularizar situación en el país.

“La más importante es sin duda la del acceso a los papeles, el permiso de residencia”, detalla Maira Mejías, que llegó en su caso de Colombia hace varios años. Lo que exigen los migrantes es que se relajen las condiciones para acceder a permisos de residencia y trabajo, que ahora están sujetos a acreditar una oferta laboral de al menos 40 horas semanales y con una cotización de mínimo seis meses. “Esto es un auténtico muro para muchos, que suelen tener trabajos temporales y precarios”, lamenta.

Otra de sus grandes preocupaciones tiene que ver con el paso previo a los papeles: conseguir una cita previa con la Administración para entregar la documentación. Este trámite se ha convertido en un auténtico calvario para muchos, puesto que las citas se dan actualmente a tres, cuatro o cinco meses vista. “Imagínate que tienes una oferta de trabajo y vas con ella a pedir hora para que te den los papeles; si te dan cita para unos meses, pierdes la oferta casi seguro”, relata Mejía.

Sus negociaciones con la Administración no han llegado a buen puerto. La Delegación del Gobierno ha comunicado en más de una ocasión que aumentará el personal de atención, pero los plazos no se reducen. En lo que sí están avanzando es en la concesión del padrón sin domicilio fijo. En el caso de Barcelona, el Ayuntamiento ya cambió los criterios para que pudieran acceder a él quienes no tengan vivienda en regla –pensado para migrantes o sintecho–, y ahora se encuentran negociando reducir la duración del trámite.

“Pero no solo nos preocupa Barcelona, sino todos los pueblos de Catalunya en los que no sabemos si se facilita o no el empadronamiento”, abunda Mejía. Constar en el padrón es lo que permite a los migrantes en situación irregular poder tener acceso a la sanidad pública o al colegio del barrio para sus hijos.

La “irregularidad sobrevenida”

Después de haber protagonizado encierros en 2001, 2005 y 2013 -esta última tras ser desalojados varios subsaharianos de una nave industrial-, los distintos colectivos de migrantes consideran que se encuentran en peor situación que durante la ola migratoria de principios de siglo. “Las consecuencias de la crisis económica y de la reforma laboral han tenido un impacto mucho más fuerte sobre las personas migrantes”, argumenta Ávila, puesto que la mayor precarización y temporalidad de los contratos laborales dificultan su acceso a los permisos de residencia.

De hecho, denuncian que los años de recesión económica han dejado a multitud de migrantes en condiciones de “irregularidad sobrevenida”, expresa Oumouhou. Se refiere a quienes consiguieron un empleo al llegar a España, con él pudieron regularizar su estancia con permisos temporales de residencia, pero al perderlo años después no han podido renovar los papeles.