Inundar el juzgado de papel. Esa es la estrategia de la opaca Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD) en la causa abierta contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por las ayudas a entidades sociales. La entidad que denunció a la edil ha pedido al juez, entre otras diligencias, todas las subvenciones concedidas por el consistorio entre 2014 y 2021, y buscar la “colaboración de la policía judicial” en el análisis de los expedientes.
La petición de la ATCD se ha encontrado con la rotunda oposición de la Fiscalía Anticorrupción, que ha alertado sobre la intención de la entidad de convertir la causa de las subvenciones en una investigación “prospectiva”, prohibida por la legislación, “que se va ampliando de manera prácticamente indefinida a medida que las diligencias no dan el resultado que se había previsto”. En otras palabras, alargar el caso a ver si se encuentra algo, en vez de investigar a partir de indicios. El magistrado todavía no ha decidido sobre las peticiones de la ATCD.
El caso de Colau se encuentra en un punto clave tras la declaración este martes de la interventora municipal que supervisó las subvenciones y que ha dado un espaldarazo a la defensa de la alcaldesa. La ATCD ha pedido una batería de diligencias documentales y testificales que supondrían alargar la causa durante meses hasta llegar a las municipales de mayo de 2023, mientras la defensa de la alcaldesa pedirá en los próximos días el archivo del caso. Para los letrados Olga Tubau y Àlex Solà, la testifical de la interventora pone de manifiesto lo mantenido desde el inicio del caso: que la alcaldesa no cometió ilegalidad alguna en las subvenciones.
El juez decidió aceptar la querella de la ATCD y citar como imputada a la alcaldesa sin recabar la opinión de la Fiscalía, que unos meses atrás había archivado su investigación sobre las mismas subvenciones que ahora están bajo lupa del magistrado. La querella de la ATCD ante el juez y la denuncia de la entidad Abogados por la Constitución ante la Fiscalía estaban firmadas por el mismo bufete de abogados. Ya tras la declaración de Colau, Anticorrupción constató que la causa era “en un 99%” igual a su investigación que acabó en carpetazo. Del nuevo escrito del Ministerio Público se desprende su oposición a realizar más diligencias y a prolongar más la investigación.
De la media docena de declaraciones que la ATCD pidió en su querella el pasado mes de enero, el juez solo ha acordado la de la interventora. No hay respuesta sobre la comparecencia de las exconcejalas Gala Pin y Laia Ortiz; los actuales ediles Eloi Badia y Laura Pérez; la asesora en Vivienda Vanesa Valiño; y la directora del Observatori Desc, Irene Escorihuela, que la ATCD pidió “bien como testigos o bien como investigados”. En un escrito posterior, del mes de marzo, la entidad pidió todas las subvenciones y convenios concedidos por el Ayuntamiento de Barcelona en hasta tres mandatos –uno del convergente Xavier Trias y dos de Colau– entre los años 2014 y 2015. También solicitó entregar los expedientes a la policía para que los agentes detectaran “posibles irregularidades”.
La Fiscalía se ha opuesto con contundencia a la nueva petición de la ATCD. El fiscal Luís García Cantón no se ahorra adjetivos para criticar la petición de la entidad. Considera el fiscal las diligencias propuestas “innecesarias, ineficaces, excesivas, carentes de causa y fundamento”, y que pueden hallar respuesta en la declaración de la interventora de este martes. Según el fiscal, recabar todos los expedientes de subvenciones es una petición “falta de criterio jurídico” que solo pretende “poner en evidencia alguna irregularidad en alguno de los expedientes que formarían parte de la ingente cantidad de documentación que se solicita”.
Las subvenciones que ya forman parte de la causa, que versan sobre estudios por la municipalización del agua o ayudas a entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o la Alianza contra la Pobreza Energética, ya están suficientemente determinados, por lo que la Fiscalía no ve “un solo indicio que permita justificar la aportación indiscriminada de todos los expedientes” tramitados por el consistorio en más de un lustro.
“En nuestro Derecho no tiene cabida el 'por si acaso', la investigación en prevención y sin causa que lo justifique”, apostilla el fiscal, que alerta de que aceptar la petición de la ATCD supondría convertir el caso sobre las subvenciones en una “causa prospectiva” que situaría “a cualquier persona física o jurídica bajo una sospecha general por lo realizado en cualquier momento o lugar”.
Respecto a la petición de que se requiera apoyo a la policía judicial en la investigación, el fiscal sostiene que eso supone pedir a los agentes que lean “atentamente la documentación aportada y pongan de manifiesto las posibles irregularidades que detecten”, una función que, sugiere, sería “más propia” de la acusación.
La otra causa
Si la causa de las subvenciones se aproxima a su eventual archivo, más tiempo tardará la decisión sobre la otra causa que afecta a Colau. La Audiencia de Barcelona ordenó este lunes, en contra del criterio de la Fiscalía, la reapertura de la causa iniciada a raíz de la querella del fondo buitre Vauras Investments contra Colau, dos concejales y una funcionaria del área de Vivienda.
Por orden de la Audiencia, la magistrada tendrá que recabar los expedientes administrativos que supusieron multas al fondo por no ofrecer un alquiler social a familias que ocupaban uno de sus inmuebles –y que en contra de la práctica jurídica habitual Vauras Investment no incluyó en su querella–. Además tendrá que tomar declaración a tres testigos, a la funcionaria y a los dos concejales, Marc Serra y Lucía Martín, que supuestamente asistieron a una reunión en la que, según la versión del fondo que el consistorio niega, se coaccionó a Vauras para que ofreciera un alquiler social a riesgo de ver paralizadas licencias de obra.
Lo que fuentes jurídicas no dan por hecho es que Colau, pese a ser una de las querelladas por Vauras y ordenarlo la Audiencia, tenga que comparecer como investigada, ya que los magistrados limitaron la causa a un supuesto delito cometido en la reunión entre los concejales y el fondo en la que Colau no asistió. La decisión final depende de la magistrada que archivó el caso en primera instancia.