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Las entidades sociales llaman a la huelga para reivindicar la Catalunya social

“Muchos nos recriminarán que se convoque la huelga general durante una campaña electoral, pero lo que queremos es defender la Catalunya social, que se está dejando de lado”. Así presentaba Lluís Rabell, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) el acto con el que la plataforma Prou Retallades mostró ayer su apoyo a la convocatoria del 14-N. Bajo la atenta mirada de los secretarios de CCOO y UGT, que hicieron acto de presencia pero no intervinieron, doce representantes de entidades sociales expusieron sus razones para llamar a la movilización.

El presidente de la FAVB destacó que se trata de un nuevo tipo de movilización, porque es simultánea en varios países europeos, en los que asegura que “el movimiento obrero organizado ha tenido un papel clave”. “Somos muy sensibles a la problemática actual porque en los barrios estamos viviendo una fractura social, como demuestra la diferencia de 8 años en la esperanza de vida en distintos barrios barceloneses”, declaró este activista vecinal.

Educación y sanidad

Pere Farriols, presidente de la federación de padres FAPAES, también presente en el acto, declaró que “la educación pública no puede ser marginal, debe ser un barco que saque a flote el conocimiento, y así es en los países que son libres”. Para este padre los recortes no son el único problema, sino que considera que se está llevando a cabo un cambio de modelo, como muestra, por ejemplo, el hecho de que se esté “marginando a las familias” con la pérdida de poder de los consejos escolares. “Queremos que nuestros hijos tengan una educación libre para poder aportar a esta sociedad y sacar este país adelante”, concluyó.

En el ámbito universitario, también consideran que hay un cambio de modelo. El profesor Josep Ferrer, ex rector de la UPC, repasó en cuatro fases la resistencia a lo que considera un “intento de destrucción” de la universidad pública. En primer lugar, dijo, empezaron a luchar “contra la mercantilización, reivindicando que la universidad es un servicio público, y no se debe someter a los intereses empresariales”. El segundo de los pasos que citó Ferrer fue la movilización contra los recortes de personal y “una subida brutal de los precios de las matrículas, que está expulsando las clases populares de la universidad”. “Ahora se quiere desmantelar la universidad, y se nos dice que hay demasiadas universidades y estudiantes, que son más de los que necesita el país”, apuntó. Finalmente, destacó el proyecto de cambio de sistema de gobierno de las universidades, que quiere imponer un gobierno externo, y se debe, asegura, “a la resistencia de los centros a las medidas impuestas por el gobierno”.

Sobre sanidad habló Josep Ballonesta, de la Plataforma por el Derecho a la Salud. Ballonesta calcula que los recargos estatales y autonómicos a la compra de medicamentos supondrán una carga anual de alrededor de 554 euros anuales a una pareja de jubilados, lo que considera “intolerable”. Este activista resumió en tres puntos las reivindicaciones del sector: que no se aplique el Real Decreto de abril del 2012 con el que el gobierno del PP “acaba con un servicio de salud que debería ser igual para todos y carga sobre los más débiles, como los inmigrantes y pensionistas”; que los trabajadores y usuarios puedan participar democráticamente de las decisiones que afectan al sistema público de salud; y que el sistema nacional de salud sea financiado “por impuestos proporcionales a la riqueza”.

Jóvenes, mujeres e inmigrantes

Los colectivos más vulnerables ante la crisis también se sumaron al llamado a la huelga. Sergi Contreras, presidente del Consejo Nacional de la Juventud de Catalunya (CNJC), aseguró que los recortes ponen en riesgo la capacidad de desarrollo de los jóvenes, y recordó que la mayoría de los jóvenes están en paro (un 53%) y que más de 10.000 han emigrado en busca de un futuro mejor. “Tenemos que plantar cara y hacernos oír”, sentenció.

“Todos salimos malparados del nuevo escenario que estamos viviendo, pero las mujeres somos las que quedamos peor”, dijo Aida Ruíz, de la Fundación Maria Aurèlia Capmany. “La pobreza tiene nombre de mujer”, afirmó. Considera que los recortes de personal de la administración pública son especialmente preocupantes porque “es el principal refugio de la mujer en la inserción laboral”, y que los recortes en los servicios públicos afectan más a las mujeres.

En nombre de las organizaciones de inmigrantes habló Paulita Astilleros, del Centro Filipino de Barcelona, que remarcó que “con la crisis las personas difícilmente pueden cumplir los requisitos para renovar sus permisos de trabajo o residencia y se ven forzadas a vivir en la irregularidad”. Una de las consecuencias de esta situación es que “se está perdiendo el derecho a vivir en familia”, ya que muchos padres envían a sus hijos de vuelta a su país de origen o vuelven a inmigrar en busca de nuevas oportunidades.

Cooperación, cultura y justicia

“La lucha contra la pobreza de aquí y de fuera es un deber y una obligación”, dijo Pepa Martínez, de la Federación Catalana de ONGs, que denunció que “el Estado debe 700 millones de euros a las entidades del tercer sector” y que la reducción de ayudas está dejando la cooperación “en manos de empresas privadas”. Sobre la pobreza local habló Pepín de la Rosa, del Colegio de Educadores Sociales: “este gobierno empezó mal, criminalizando a la gente más pobre con el recorte del PIRMI en agosto de 2011”.

El director Santi Lapeira, en nombre de la Plataforma en Defensa de la Cultura, declaró que “la cultura no es un lujo, pero tampoco lo son la educación y la sanidad públicas, ni un trabajo y una vivienda digna”, y por eso, dice, llaman a la huelga. También la justicia es un servicio público, recordó Rafael Lafuente, de la Plataforma Ciudadana por la Justicia para Todos. “Se están estableciendo tasas (de entre 100€ y 800€) que limitaran profundamente el acceso a este servicio; quien no tenga dinero no podrá acudir a la justicia”, declaró.

Jordi Giró, presidente de la Confederación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Catalunya (CONFAVC), se encargó de cerrar el acto animando a la movilización. “Después de oír todo esto, a uno se le hierve la sangre, pero nosotros somos los que podemos cambiar esto y tenemos que ser tercos para conseguirlo”, concluyó.