Ada Colau (Barcelona, 1974) es la cara más visible de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Portavoz y una de las impulsoras del colectivo, lleva una década trabajando por el derecho a la vivienda. El jueves recibió a eldiario.es en Barcelona, pocas horas antes de que el Consejo de Ministros aprobara las medidas del Gobierno contra los desahucios, y habló de la situación actual de la problemática de la vivienda. Colau se dirigía a Madrid al mediodía y ante la pregunta obligada de si iba a reunirse con el Gobierno o el PSOE, la activista no ha podido evitar reír y ha asegurado que todavía no se han puesto en contacto con la PAH. Más tarde, desde la capital, valoró como insuficientes las medidas del Gobierno.
¿Ha habido avances en el derecho a la vivienda en estos últimos días?
Creo que estamos avanzando ni que sea por la concienciación social que se ha producido. Hace cuatro años nadie tenía el tema de la vivienda como un problema de la crisis y ahora mismo está en el epicentro. Se ha avanzado a nivel de concienciación social, pero llega tarde y quien va por detrás de la sociedad, como es habitual, es el Estado, y aún nos queda por avanzar. Hoy [por ayer] se aprobarán medidas de urgencia en el Consejo de Ministros que seguramente serán algún avance, por lo menos para algunos colectivos afectados, pero en general no tocarán el núcleo del problema, con lo cual en el ámbito legislativo aún quedará mucho por regular para garantizar el derecho a la vivienda. Tendremos que seguir haciendo presión, pero en lo más difícil, que es la movilización social y la conciencia social, sí que estamos avanzando. Creo que ya ha calado profundamente que la vivienda es un derecho y una necesidad básica que se debe cubrir y que no se puede permitir una especulación abusiva sin ningún límite a costa de vulnerar los derechos de la mayoría de la población.
¿Qué soluciones proponéis?
Para garantizar el derecho a la vivienda se deberían hacer bastantes cosas, pero ahora mismo apostamos por medidas de urgencia, porque las reclama una situación de emergencia. Son la dación en pago, para que la gente no quede endeudada de por vida por culpa de la vivienda, y por otro lado la moratoria de todos los desahucios de vivienda habitual. Para nosotros es vulnerable toda aquella persona que no pueda pagar la hipoteca, y por lo tanto tendrían que pararse inmediatamente hasta que haya una solución a medio o largo plazo.
¿De qué tipo?
La solución tendría que pasar necesariamente por reutilizar las viviendas vacías que están en manos de las entidades financieras transformándolas en un parque de alquiler social. Ahora mismo tenemos una ocasión única. Hoy [por ayer] no solo se aprueban las medidas contra los desahucios, sino también el decreto del banco malo, y nos tememos que ratificaran lo que había anunciado el gobierno. Ya que el estado intervendrá y comprará casi 90 mil pisos vacíos en manos de entidades financieras, sería la ocasión ideal para convertir este banco malo en un banco bueno, en un banco social, y que los pisos pasen a régimen de alquiler para las personas que lo necesitan. Desgraciadamente, parece que el gobierno pretende ofrecer estas viviendas a inversores extranjeros para que se vuelva a especular con ellas. Nos tocará hacer mucha presión porque lo que es intolerable es estar en el país con más viviendas vacías de toda Europa y que sea el país donde más se desahucia y dónde menos realojos en régimen de alquiler social se producen. Es un contrasentido con el que hay que acabar de una vez por todas y si el gobierno no reacciona a tiempo, estoy segura que la ciudadanía, como ya lo está haciendo, será la que empiece a dar un uso social a estos pisos. Ya se están produciendo centenares de ocupaciones, algunas reivindicadas, otras no, porque la gente evidentemente no puede ver como llega el invierno y con sus hijos se quedan en la calle, cuando miles de pisos se están deteriorando, con lo cual se están produciendo muchas ocupaciones, y más que se producirán si no se interviene y se regulan estas viviendas para pasarlas a alquiler.
Hay quien dice que la dación en pago retroactiva...
¿Haría tambalear el sistema?
Sí.
El sistema se ha hundido solo. No hace falta que se apruebe la dación en pago para que se hunda nada. Las entidades financieras han hecho una gestión pésima de la política de créditos y del sector inmobiliario. Nos han hundido toda la economía, no solo a la gente afectada por la hipoteca o por las preferentes. Ya hemos rescatado las entidades financieras en tres ocasiones y ahora llega la cuarta, que será el banco malo. Una vez se las rescata porque han quebrado y han hundido la economía del país, lo mínimo es exigir alguna contrapartida social. A parte de esto, hay una demagogia absoluta con este tema. Algunos estudios económicos dicen que la dación podría costar como mucho 20 mil millones de euros, que este dinero ya se le ha dado a Bankia para rescatarla, y en cambio sigue siendo de las entidades que más desahucia y más ejecuta. Además, el agujero real de las entidades con el tema inmobiliario viene de las promotoras y las inmobiliarias. La Asociación Española de la Banca reconoce que la morosidad no pase del 3% en las viviendas familiares, que no es nada teniendo en cuenta el 26% de paro. Realmente donde tienen el problema de morosidad inmobiliaria es en las fallidas de inmobiliarias, que sí tienen derecho a la dación en pago, con unos activos que están mucho más desvalorizados, porque son solares y edificios a medio construir que no valen absolutamente nada, mientras las viviendas familiares son los activos que más valen porque son los que más demanda pueden tener. La morosidad en el sector inmobiliario es cuatro o cinco veces superior a las viviendas familiares. Regular la dación en pago significaría una victoria ciudadana y demostraría que efectivamente la presión social puede poner límites al poder financiero. Y no tienen más remedio, porque el país no saldrá de la crisis si centenares de miles de personas se quedan excluidas del sistema para siempre, condenadas a la economía sumergida, a la exclusión social.
Dice que serían medidas de urgencia.
Sí, son medidas de emergencia para la situación actual de los desahucios y las ejecuciones, pero en realidad, por ejemplo, hay que regular el alquiler, en un sentido muy distinto de lo que está haciendo el gobierno. Ahora mismo hay una reforma del alquiler en curso que pretende liberalizar aún más el alquiler, cuando se ha demostrado un fracaso. Tenemos uno de los alquileres más caros e inestables de toda Europa y precisamente esto es lo que ha llevado mucha gente a hipotecarse, porque el alquiler no era una opción estable en España. Hace falta un alquiler, todo lo contrario, más estable, con precios regulados como existe por ejemplo en Alemania, de manera que quien quiera hacer un plan de vida a largo plazo vea en el alquiler una alternativa real, no como ahora que al cabo de cinco años te pueden echar o triplicarte el precio. Entonces, es necesario regular el alquiler para que de seguridad a los inquilinos, en el sentido contrario de la reforma que ahora mismo está en curso por parte del gobierno.
¿Por qué ha sido ahora cuando se ha puesto este tema sobre la mesa?
Yo creo que, dentro de la dificultad del momento y de la gravedad de la situación, nos debemos felicitar, porque la movilización social ha liderado el debate sobre este tema. Lleva cuatro años luchando en las calles y haciendo lo que debería hacer la administración para parar los desahucios, para negociar con las entidades financieras, y todo este trabajo de presión, de negociación con las entidades y de visibilización de las demandas de la ciudadanía, ahora está teniendo efectos. Se ha ido concienciando, primero la voz de la gente afectada, porque cuando empezamos nadie sabía qué era la dación en pago, después todas las organizaciones sociales y sindicales han apoyado nuestras demandas, luego desde el ámbito institucional, centenares de ayuntamientos han aprobado mociones apoyando estas demandas. Finalmente, llegó el poder judicial, por definición conservador y prudente, posicionándose sobre la normativa vigente, y ha sido muy contundente, porque evidentemente la situación que ve en nuestros juzgados es muy grave. También ha llegado un informe de Naciones Unidas durísimo, que condena la política de vivienda del Estado español como una de las peores del mundo. Después un predictamen de la Unión Europea que denuncia que la legislación hipotecaria española es incompatible con la normativa básica europea. Y desgraciadamente, algunos casos de suicidios que han saltado a la opinión pública, aunque sabemos que hay más, y han acabado de crear la alarma social. Esto se ha trasladado a los medios y esta presión ha hecho que el gobierno tuviera que reaccionar. Lo que es lamentable es que el Partido Popular y el Partidos Socialista sean los últimos en llegar a este debate, cuando llevamos cuatro años interpelándolos y en estos cuatro años nunca nos han querido ni consultar ni recibir, no hemos recibido ni una llamada, y ahora pretenden ser ellos los que aprueben las medidas sin consultar a los que llevamos mucho tiempo trabajando el tema. No lo reclamamos porque fuéramos los primeros en decirlo, sino porque conocemos el problema de primera mano. Cada día nos reunimos con entidades, vamos al juzgado, nos reunimos con la gente afectada, … Así que conocemos muy bien cual es su perfil, cual está siendo la realidad de la negociación con las entidades financieras, y menospreciar esta experiencia y este conocimiento me parece bastante arrogante y miope por parte del gobierno.
¿La Iniciativa Legislativa Popular de la PAH puede verse afectada ante las medidas urgentes del gobierno?
La ILP ha recogido más de 600.000 firmas, ya tiene las necesarias para tramitarse en el Congreso, pero queremos agotar el plazo que tenemos hasta final de enero para recoger un millón de firmas como mínimo y demostrar el auténtico apoyo social y las demandas que realmente quiere la ciudadanía, que no son las que está regulando el gobierno. En principio siguen tan vigentes como ahora, porque a la espera de lo que salga hoy [por ayer] del Consejo de Ministros, lo que se aprobará será una moratoria parcial de desahucios, que solo afectará a unos pocos colectivos, y no se está diciendo nada sobre la deuda. Hay centenares de miles de personas ya afectadas por una deuda de por vida y solo esto ya es un factor de exclusión social que provoca una situación de emergencia que se debe combatir. Solo esto ya es un motivo por el que la ILP mantiene toda su vigencia. El gobierno podría ser tan arrogante como para, además de no haber escuchado las demandas de la ciudadanía, ahora que se ha puesto a regular en esta materia, decir que no acepta debatir la ILP cuando llegue al Congreso porque ya ha tomado medidas en la cuestión de los desahucios. Pero igual que con el código De Guindos anunciaron a los cuatro vientos que aprobaban la dación en pago para la gente que lo necesitaba y se ha demostrado un fracaso absoluto, al que se han podido acoger poquísimas personas, yo creo que ahora también, si vuelven a tomar medidas demasiado parciales, que no abordan los problemas de fondo de la ley hipotecaria, nos volveremos a encontrar que a los pocos meses volveremos a tener oleadas de desahucios y centenares de miles de personas afectadas por una deuda de por vida. La realidad se impondrá y no podrán ignorar la ILP así como así.
¿La ILP es un buen mecanismo para cambiar la legislación?
En el España la ILP no es un gran mecanismo, pero es el único que hay de participación democrática. Vivimos en una democracia descafeinada que ofrece muy pocos mecanismos de participación, y son muy limitados e insuficientes. La ILP requiere un enorme esfuerzo porque te ponen muchas trabas burocráticas. Cuando haces todo este esfuerzo para recoger centenares de miles de firmas, llega al Congreso y no es vinculante, lo pueden descartar sin ni siquiera debatirlo. Por lo tanto, es claramente insuficiente, pero es el único mecanismo de participación para que sea la ciudadanía quien lleve directamente una propuesta de ley al Congreso sin pasar por un partido político.
Y habéis apostado por ello.
Nosotros como plataforma no somos ingenuos, sabemos que es totalmente insuficiente, pero también es una excusa de movilización, para llevar el debate social a la calle, y creemos que esto ha funcionado y los éxitos se están viendo. Pero a parte de esto, la ILP culmina un proceso en el que hemos agotado todas las vías democráticas de interpelación a la administración pública. A parte de parar desahucios, antes y después hablamos con servicios sociales, oficinas de vivienda, partidos políticos, ayuntamientos, recogemos firmas, … Realmente hemos agotado todas las vías que nos da el sistema para intentar resolver este problema. Si después de intentarlo todo y recoger las firmas, la administración pública sigue sin regular las medidas de mínimos para hacer frente al mayor problema de la gente afectada, estará justificando que la ciudadanía dé un paso adelante y suba el tono de las protestas. Evidentemente, no pararemos aquí. Hemos utilizado el mecanismo limitado de la ILP, pero si no lo escuchan, no nos quedaremos de brazo cruzados y tomaremos otras acciones de desobediencia civil, porque hay vidas en juego y no podemos estar a la espera que algún día el gobierno se dé cuenta de que hay que regular esto.
¿Qué papel juega la política institucional en esto?
Desde luego se podría hacer mucho más de lo que se está haciendo, lo está demostrando la ciudadanía, que está forzando las entidades a negociar casos que antes no negociaban o parando los desahucios. Lo que es increíble es que la administración, que tiene muchos más recursos que la ciudadanía, no esté haciendo mucho más. Muchas administraciones locales o autonómicas te ponen la excusa de que es una competencia estatal y no está en sus manos, pero cuando hay una situación de emergencia cualquier administración tiene responsabilidad directa por lo que está pasando y de la acción o no-acción que tome. Si hay una situación de emergencia, como podría ser un terremoto o un desastre natural, el ayuntamiento no estaría esperando que el gobierno central lo autorice a intervenir. Debe hacerlo para proteger las vidas de las personas, ponerlas en un lugar seguro, pueden expropiarse viviendas que estén en mal estado, … Estamos en una situación parecida. 400.000 ejecuciones hipotecarias, centenares de miles de desahucios, con un 26% de paro es claramente una situación de emergencia, y los suicidios lo demuestran. Hace falta una intervención ya. Si el gobierno central no reacciona, las otras administraciones deberían estar interviniendo mucho más. Deberían estar expropiando usufructos de las viviendas vacías, para realojar las familias que lo necesiten, o presionando mucho más las entidades financieras, como el ayuntamiento de Tenerife, que ha retirado un millón y medio de euros de Bankia porque no aceptaba negociar unos casos de desahucios. Puede haber muchos ejemplos, desde donde pone el dinero la administración, a penalizaciones fiscales a los pisos vacíos, o expropiaciones temporales del usufructo. Hay muchas intervenciones que ahora mismo no se están explorando por cobardía política.
Le han propuesto presentarse a estas elecciones catalanas.
Sí, Iniciativa per Catalunya Verds y la Candidatura d’Unitat Popular.
¿Por qué optó por no hacerlo?
No lo descarté de entrada porque alguna gente de mi entorno me dijo que lo considerara, porque estamos en un momento excepcional y difícil, en el que es importante que la voz de la gente que se está movilizando en la calle por los derechos sociales esté dentro del Parlament, pero sí dejé claro desde el principio que no haría ninguna acción individualmente. No creo en la política de fichajes individuales. Soy una cara algo más visible de una movilización mucha más amplia que no hubiera existido porque miles de personas están organizadas, se levantan cada día y madrugan para parar un desahucio o negociar con una entidad financiera. Yo sola no puedo hacer nada. La política de las individualidades es una política ficticia, del espectáculo, pero no es realmente transformadora. Aprecio la sensibilidad y creo que es positivo que haya partidos que reconozcan el protagonismo social y de alguna manera intenten vincularse a él. Creo que es una buena señal, pero no creo que sea la solución. La solución pasa por otro tipo de política, y es un trabajo que tendremos que hacer entre muchos a medio largo o plazo.
¿Qué tipo de política?
Para que haya una política realmente transformadora necesitamos procesos colectivos en los que el máximo de gente participe. Creo que estamos en una crisis de la democracia representativa, que los partidos son instituciones desfasadas, del siglo pasado, que no responden a la realidad actual. Necesitamos estructuras mucho más abiertas, mucho más participativas. De alguna manera, hay que refundar la democracia, porque estamos en un momento de crisis del paradigma político y económico. Las movilizaciones del 15-M han puesto esto claramente sobre la mesa. Necesitamos procesos realmente constituyentes, en los que participe el máximo de gente posible, y aquí muchas personas podríamos jugar un papel u otro en función de las necesidades del momento. Si hubiera un proceso así yo estaría dispuesta a participar como cualquier otra persona.
¿Qué reclamaría al Parlament que saldrá del 25-N?
Que empezara a abrir procesos para acabar con esta forma de representación rígida, en la que unas pocas decenas de personas se autoerigen la representación por haber recibido unos votos y la participación ciudadana queda excluida hasta pasados cuatro años. El Parlament tendría que abrirse a procesos de reforma estructural de la participación democrática para reconocer el protagonismo social de muchas movilizaciones sociales, que conocen los problemas directamente, que están trabajando las soluciones y por lo tanto no necesitan representantes sino un espacio de participación y decisión directa.
¿Y en lo referente a la vivienda?
Lo primero que tendría que hacer es separar esta dependencia de los poderes económicos fácticos. Ahora mismo hay una relación obscena de dependencia entre el poder político y el económico, hay una claudicación absoluta y los intereses de los grandes poderes económicos –no de la economía en general– deciden la política aparentemente democrática y hay que cortar ya este vínculo. En el caso de las hipotecas es clarísimo. Los dos partidos mayoritarios han estado bloqueando cualquier tipo de solución hasta ahora porque tienen una relación de dependencia con el poder financiero. Mientras esto sea así y exista esta puerta giratoria donde la gente pasa por política y acaba luego en un consejo de administración, la democracia plena no será posible.