ERC condiciona los Presupuestos a que el 7,5% de Netflix esté en catalán, gallego o euskera

Ni los desencuentros iniciales de la mesa de diálogo ni el choque por la ampliación del aeropuerto de El Prat habían hecho que ERC flaquease en su intención de negociar los Presupuestos Generales del Estado con el Gobierno. “No mezclemos carpetas”, aseguró Pere Aragonès, empleándose en su papel de socio preferente de la Moncloa. Pero la ley audiovisual es otra cosa. El Gobierno ultimaba los trámites para aprobarla en el Consejo de Ministros pero este martes acabó retirándola después de que ERC se plantase. La Generalitat viene reclamando que la norma establezca un porcentaje mínimo del 7,5% para el catalán, gallego y euskera en las plataformas como Netflix, HBO, Amazon Prime o Disney+, entre otras medidas. Unas peticiones que ahora se han convertido en un requisito de los republicanos para sentarse a hablar de las cuentas.

El desencuentro entre la Moncloa y el Palau de la Generalitat por la ley del audiovisual se remonta al año pasado, cuando el Ministerio de Asuntos Económicos presentó el anteproyecto de ley. El Ejecutivo de Aragonès entendía, por una parte, que el articulado invadía competencias autonómicas y, por otra, que era poco sensible a la “realidad plurinacional”. El proyecto no fijaba cuotas lingüísticas en catalán, gallego o euskera, pese a que sí las había para producción europea y española. Respecto a la lengua, el borrador especificaba que, del 30% de contenidos obligatorios de producción europea, la mitad debían hacerse en castellano o en alguna de las lenguas cooficiales. Es aquí donde la Generalitat recela y reclama que se fije al menos la mitad para lenguas minoritarias, es decir, un 7,5% a repartir entre las cooficiales de España.

Así que en julio pasado el Govern envió unas alegaciones con una cuota específica para los idiomas que no tienen oficialidad a nivel estatal, y no solo optativa como lo era en el redactado original. Las enmiendas también contemplaban obligaciones de inversión en producciones en catalán y de empresas locales independientes, o mantener las competencias del Consell de l'Audiovisual (CAC), entre otras.

El proyecto finalmente remitido por el Gobierno al Consejo de Estado a principios de septiembre, como último paso antes de llegar a la mesa del Consejo de Ministros, contenía algunas de las reclamaciones del Govern, pero no las más importantes, tal y como avanzó el Periódico de Catalunya el pasado lunes. Las alarmas en el Palau de la Generalitat ya habían saltado unas semanas antes y habían puesto en marcha la maquinaria al más alto nivel. Tanto la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, como su equipo comunicaron su preocupación al Gobierno durante el verano. Finalmente durante la reunión entre Sánchez y Aragonès en Barcelona, en el marco de la mesa de diálogo, el republicano remarcó ante el socialista la importancia que para su partido tiene esta ley y le reclamó que introdujera cambios antes de que llegara al Consejo de Ministros.

Una batalla soterrada

Hasta esta semana la batalla por la Ley General de Comunicación Audiovisual entre Madrid y Barcelona se había mantenido soterrada. Pero una vez la redacción del proyecto de ley salió a la luz, la discusión se hizo pública y ERC rápidamente vinculó este asunto con su postura respecto a los Presupuestos Generales, precisamente en la semana en que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, comenzaba la ronda de contactos con los grupos para sacar adelante las cuentas del próximo año. “Que nadie dé por hecho el voto de ERC”, advirtió Gabriel Rufián este martes. “El voto de ERC se suda y se negocia”, añadió, “y sobre todo ahora en un escenario en el que no se sabe si Ciudadanos está a rólex o a setas”.

En la carpeta del portavoz republicano figura la ley audiovisual, pero también otras como la ley de memoria democrática o la de universidades. En pleno acercamiento entre Gobierno y Generalitat y tras la reactivación de la mesa de diálogo, en ERC están convencidos de que pueden obtener conquistas legislativas importantes en el Congreso en la negociación de los presupuestos, en la que de entrada quieren llegar hasta el final. Ahora bien, la ley audiovisual es una verdadera piedra de toque y, aunque los republicanos son poco amigos de marcar líneas rojas, en el Govern sí tratan esto como una condición 'sine qua non'.

“Finalmente es el grupo parlamentario quien decide su voto, pero yo vería muy difícil aprobar los presupuestos con esta ley audiovisual”, afirma un alto cargo del Govern. “Si tú no quieres hablar de esto, que es vital para mí, no esperes que yo quiera hablar de lo tuyo”, zanja. Tan vital es que, en la última parte de la negociación, las riendas de la negociación con Madrid las ha tomado el propio equipo de Aragonès, con Vilagrà a la cabeza. Este martes en el Govern sonaron bien las palabras de la vicepresidenta Nadia Calviño y mejor aún la noticia que se produjo unas horas después, cuando se supo que el Gobierno paralizaba la ley para poder negociar con ERC. “La cosa va bien, pero nada está decidido hasta que llega al Consejo de Ministros”, explicaban con cautela desde el Ejecutivo catalán.

ERC y Junts discrepan sobre la fórmula

Con los partidos independentistas, no solo catalanes sino también Bildu, en pie de guerra contra el proyecto de ley, ERC y Junts han vuelto a chocar sobre la mejor fórmula para evitar que la lengua y las producciones catalanas queden relegadas en el nuevo panorama audiovisual. En Junts insisten que la mejor manera es aprobar una ley audiovisual autonómica. “La mejor enmienda a la ley española es aprobar la ley catalana”, aseguró la portavoz en el Parlament, Mònica Sales. Desde la formación que dirige Jordi Sànchez tienen previsto hacer bandera sobre la problemática de la lengua catalana en las plataformas y también sobre el uso social, para lo que ya han registrado una propuesta de pleno monográfico.

ERC sin embargo considera que la ley audiovisual catalana no es la solución y apuesta por negociar el proyecto que el Gobierno tiene sobre la mesa. Según consideran los republicanos, una norma surgida del Parlament sería recurrida al Constitucional, bien por el propio Gobierno, que la paralizaría, o bien por la oposición de PP y Vox. Además, recuerdan que la experiencia respecto a las cuotas impuestas desde la Generalitat a las comercializadoras, en el caso de la exhibición de cine, no fue del todo satisfactoria ya que en la práctica era difícil torcer el brazo de grandes compañías desde una comunidad autónoma.

En Esquerra entienden además que la ley que se está tramitando es una oportunidad única para introducir por ley contenidos en catalán en las plataformas, donde hasta el momento la presencia de lenguas diferentes al castellano queda absolutamente relegada a la mínima expresión. Por eso, de aceptarse su demanda del 7,5%, a repartir entre el catalán, el gallego y el euskera, el salto sería monumental, tanto por lo que representa para los usuarios, que por fin tendrían entretenimiento en su lengua, como también por el impulso a la producción en estos territorios.

Por su parte, la CUP no se cierra a negociar esta ley, pero reclama a los partidos del Govern que sean ambiciosos. En una propuesta de resolución presentada en el Parlament, la formación anticapitalista reclama “presionar” para que el proyecto tenga “modificaciones significativas”. Al parecer de la CUP, el redactado de la ley va “expresamente en contra de la lengua catalana” y alertan de que no cumple con la directiva europea en materia de protección de lenguas minorizadas.

Las alegaciones del Govern

El documento que envió el departamento de la Presidència al Ministerio con alegaciones introducía modificaciones en 17 artículos, de los 164 que contenía el primer redactado de la ley. Las principales quejas que manifiesta son respecto a cuestiones competenciales y de promoción de la lengua, de la producción territorial y de las televisiones autonómicas.

Sobre la supuesta invasión competencial versan las enmiendas a los artículos 25, 53, 54 y 55 o 72, ya que, en opinión de la Generalitat, en todos ellos el legislador da a la normativa básica una potestad demasiado amplia, que lamina las posibilidades de las autonomías para decidir sobre su espacio radioeléctrico, sobre sus canales autonómicos o sobre las emisiones de otras televisiones autonómicas en su territorio. Esto último es especialmente importante en los territorios de lengua catalana, donde hay tres televisiones autonómicas en esta lengua, la catalana TV3, la valenciana À Punt y la balear IB3, que hace tiempo que buscan reciprocidad territorial, es decir, que todos los ciudadanos de esos territorios puedan ver todas las cadenas en su lengua.

La protección lingüística como tal llega entre los artículos 113 y 117, en los que se imponen cuotas a la producción europea tanto en la televisión convencional como en las plataformas de contenidos como Netflix. Para ambos ámbitos la reserva es del 30% para producción del continente y, de ello, la mitad en castellano o en lenguas cooficiales. En la misma línea, el proyecto de ley impone a estos canales y plataformas la obligación de destinar una parte de sus ganancias a financiar de forma anticipada la obra audiovisual europea y, de esta, que haya una parte en castellano o lenguas cooficiales. Ante esto, la Generalitat reclama que esta obligación se extienda también a la financiación de productos en catalán, según las ganancias obtenidas por presentar servicios en Catalunya.

También reclama que la ley recoja explícitamente la necesidad de que las plataformas incluyan en sus catálogos los contenidos que ya están disponibles en versión doblada o subtitulada, algo que en muchas ocasiones no ocurre y que ha puesto en pie de guerra al sector del doblaje. En el mismo sentido, ante la creación de un fondo de protección de la cinematografía, financiado por los canales y plataformas, la Generalitat pide poder gestionar la parte del fondo que le corresponda para poder garantizar la producción local y en catalán.