Los Mossos d'Esquadra y las acusaciones de la Generalitat contra independentistas han desbancado al proceso soberanista como núcleo de la negociación entre ERC, Junts y la CUP para formar Govern. Republicanos y anticapitalistas se han vuelto a reunir este viernes por tercera vez y de nuevo asuntos materiales y de gestión autonómica han marcado el encuentro. Aunque todavía no hay ningún acuerdo, sobresale entre las carpetas de negociación el uso de las balas de 'foam' por parte de la policía catalana después de la lesión de una manifestante en las protestas por Pablo Hasel.
Como viene siendo habitual, cada partido ha emitido un comunicado en el que ha expuesto su versión de la reunión. La CUP ha situado la “moratoria de las balas de 'foam'” como uno de los elementos indispensables para negociar la investidura de Pere Aragonès, mientras que los republicanos se han limitado a explicar que ambos partidos “han trabajado propuestas sobre el uso del 'foam' y el modelo policial actual”.
En el comunicado de ERC, que si se sigue el esquema de legislaturas anteriores debería asumir la conselleria de Interior, los republicanos han situado el modelo policial como “un aspecto fundamental para imprimir un cambio en la Generalitat y confeccionar un nuevo Govern transformador y al lado de la gente”. Por su lado, la CUP ha celebrado que ERC se avenga a trabajar en la reforma del modelo policial y ha asegurado que con este compromiso “se pueden generar las condiciones para entrar en una negociación” para la próxima legislatura.
Ni el 'foam' ni las acusaciones de la Generalitat contra independentistas son asuntos de fácil solución. Los sindicatos de los Mossos d'Esquadra defienden que los proyectiles de 'foam' son necesarios para los dispositivos de orden público, más teniendo en cuenta el aumento de la violencia contra los agentes observado en las protestas contra Hasel. Sin embargo, la CUP y los 'comuns' vienen exigiendo su prohibición desde que el Parlament ya votó acabar con las balas de goma tras el caso Ester Quintana. ERC y Junts en cambio defendieron mantener el 'foam' en la última votación en la Cámara sobre la cuestión en el año 2019.
La personación de la Generalitat en las causas penales es automática cuando un mosso termina herido por un manifestante. El Govern está obligado a ejercer la acusación particular, al igual que ocurre con todos los funcionarios agredidos. Sin embargo, tras la incomodidad que generaron en el Govern las recientes peticiones de cárcel de la Generalitat contra independentistas, el conseller de Interior, Miquel Sàmper, planteó que sus servicios jurídicos dejaran de acusar por atentado a la autoridad en causas por disturbios, limitando a un delito de lesiones su acción penal si hay mossos d'esquadra heridos, algo que enervó a los sindicatos del cuerpo.
En su reunión de este viernes, según ha explicado ERC, los equipos negociadores han tratado, además del 'foam' y las acusaciones de la Generalitat, la aplicación del reglamento interno a los Mossos ante posibles malas prácticas y la participación de los agentes de orden público en desahucios. ERC ha asegurado que los negociadores se han comprometido a profundizar en propuestas concretas sobre la seguridad pública a corto plazo para “imprimir un cambio” en la Generalitat y confeccionar un Govern “transformador”.
Según la CUP, en la reunión se ha acordado trabajar para llevar a cabo “acciones inmediatas” en los ámbitos de la “represión” del departamento de Interior, trabajar para acordar medidas estructurales para garantizar una vivienda digna y una transformación del modelo policial. Los anticapitalistas han anunciado la creación de “un equipo jurídico con representantes de los dos grupos” que se reunirá en los próximos días. A falta de ver cómo terminan las negociaciones, el calendario va agotando los plazos: el día 12 de marzo es la fecha límite para constituir el nuevo Parlament y el 26, el día máximo para celebrar el primer debate de investidura.
Al margen de las negociaciones para la investidura, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha acusado este viernes al Gobierno central de “negligir” en la solución al conflicto catalán. En un acto para denunciar la represión que, según ha calculado Òmnium, sufren 3.301 personas por derivadas del procés, el presidente de Òmnium ha afeado que el Ejecutivo central no se mueva: “Llevo más días en la cárcel con Pedro Sánchez de presidente que con Mariano Rajoy”.
Cuixart ha reivindicado la amnistía como la única vía para resolver el conflicto político entre Catalunya y el Estado e impulsar así una “respuesta global” a la macrocausa que, a su juicio, existe contra el independentismo. “Ni reformas parciales del código penal, ni indultos. No pueden ser la solución a lo que afecta a una parte importante de la sociedad”, ha apuntado.