Esquerra presume de ser un partido ordenado. La formación se esfuerza en tener órganos con funciones bien definidas, que los cargos del partido se mezclen lo menos posible con los de gobierno o en expresarse siempre con una sola voz. Pero el orden no evita que en el partido haya choques de opiniones, incluso a veces colisiones fuertes. Como la experiencia ha demostrado, el escenario idóneo para que se produzcan estas divisiones estratégicas internas son los acuerdos con el Gobierno central, y la negociación de los Presupuestos Generales que el Ejecutivo acaba de presentar ha vuelto a topar con una ERC que alberga dos visiones enfrentadas: quienes creen que es preferible aprobar las cuentas y dar estabilidad a Pedro Sánchez en lo que queda de legislatura y quienes opinan que es momento de apretar a fondo llegando incluso a votar “no”.
La postura que une a ambos es la que Esquerra ha expresado hasta el momento, en público y en privado. Los republicanos reclaman al Gobierno un “esfuerzo extraordinario” en la negociación, según explican fuentes de la formación, que debe concretarse en forma de transferencias, competencias e inversión industrial, sin olvidar el compromiso por atornillarse a la mesa de diálogo y que esta vaya dando frutos. Si los socialistas son generosos, indican, las conversaciones llegarán a buen puerto y habrá cuentas. Pero asuntos como el nivel de gasto territorializado, menor que el del año pasado para Catalunya, ha hecho arrugar la nariz a una parte de ERC, que defiende que en esta negociación hay más en juego que en los anteriores presupuestos. Y, por ello, que deben exigir más.
Los republicanos no tienen una carpeta cerrada de reivindicaciones en materia económica y social, aunque sí han ido poniendo sobre la mesa diferentes asuntos. El último y uno de los más llamativos fue el traspaso del servicio de cercanías en Catalunya, Rodalies, una proclama bajo la que caben diferentes transferencias, desde la meramente económica a que la Generalitat asuma la competencia completa, es decir, la gestión efectiva de la infraestructura y los trabajadores. No menos importante es la nueva ley del Audiovisual, en la que los independentistas aspiran a que se incluya la reserva de un 7,5% mínimo de producción en catalán, euskera y gallego para plataformas como Netflix, HBO, Prime o Disney+. El mes pasado el Govern señaló esta como una política estratégica y una condición de mínimos para cualquier acuerdo, postura que hizo que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño se abriera a enmendarla.
No menos importante para los republicanos es la Ley de Memoria Histórica, sobre la que precisamente se ha votado este jueves en el Congreso. ERC es muy beligerante sobre esta materia, que ha sido una de sus señas de identidad en la Cámara desde la época de Zapatero, y exige ir más allá del actual texto, redactado por el ministro de la Presidencia Félix Bolaños. El grupo de Gabriel Rufián defiende una enmienda a la totalidad en la que, entre otras cosas, se toca la ley de amnistía de 1977 para abrir la vía a los juicios por delitos de lesa humanidad del franquismo o se prevén reclamaciones patrimoniales, que las víctimas podrían cobrar. El Gobierno se ha mostrado abierto a negociar con ERC. “Ya les anuncio que seremos flexibles”, ha dicho Bolaños.
También una enmienda a la totalidad separa a ERC del Ejecutivo en materia de pensiones, otro de los temas que esgrimen los republicanos. La reforma de la fórmula para calcular las pensiones y, sobre todo, el posible alargamiento de la edad de jubilación ha sido un caballo de batalla entre los socios de la mayoría progresista en el Congreso. En concreto ERC, al igual que EH Bildu o BNG, acusan al Ministerio de José Luís Escrivá de querer dar un recorte encubierto a la pagas de los jubilados. Una posición que ha hecho encallar hasta el momento la reforma en el Congreso y que ahora los republicanos buscan enmendar en la negociación presupuestaria.
Pero las que se dilucidan en el Congreso no son ni mucho menos las únicas demandas que los republicanos mantienen activas. Otra de las cuestiones que quieren volver a poner bajo el foco en esta negociación de Presupuestos es la mejorara de la inversión industrial y, más concretamente, que la fábrica de baterías que será uno de los proyectos más brillantes de los fondos europeos, se quede en Catalunya. Esta factoría se realizará a través de uno de los llamados PERTE (Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación) y será una iniciativa público-privada entre Volkswagen Seat, Iberdrola y el propio Estado. Aunque en un primer momento se creyó seguro que la planta se quedaría en Barcelona, probablemente ocupando las antiguas instalaciones de Nissan, esta opción se ha enfriado con el paso de los meses. Pero ERC, que tiene la cartera de Empresa en manos de Roger Torrent, ha rescatado la demanda, que de conseguirse sería un buen trofeo a exhibir tanto en el ámbito empresarial y del empleo como en el de la transición ecológica.
La mesa de diálogo, estratégica
Todas concesiones en materia económica o de política social que pueda obtener ERC en la negociación forman parte de lo que en Catalunya se conoce como “peix al cove”, una expresión de reminiscencia pujolista que describe la negociación dentro de los márgenes autonómicos. Sin embargo, a la vez que discurren las negociaciones por las cuentas, está en marcha otra, la que se canaliza a través de la mesa de diálogo Gobierno-Generalitat, que es estratégica a largo plazo para los de Pere Aragonès. “Lo único que habría que aislar de la agenda política, de todo cuanto pase, es la mesa de negociación. El resto todo afecta”, aseguraba este martes el líder de ERC en Madrid, Gabriel Rufián.
Pero, por mucho que ERC quiera no “mezclar carpetas”, en sus cábalas sobre presupuestos está la mesa. Aquí es donde las visiones internas en la formación se dividen entre quienes consideran que, una vez aprobadas las cuentas, Sánchez tendrá la legislatura estabilizada hasta 2023 y, por tanto, perderá todo incentivo para volver a sentarse con Aragonès. Otros en cambio consideran que, si bien este riesgo existe, tiene poco sentido tumbar un proyecto de presupuestos y después esperar que la mesa de diálogo siga como si nada. Entre otras cosas, por el riesgo de un final abrupto de la legislatura, que podría volver a dar al traste con el espacio bilateral.
Los republicanos, con todo, tienen claro que la mesa no puede eternizarse y que, para que merezca la pena, tiene que dar frutos concretos en un plazo medio. El asunto más urgente es el de las causas judiciales, tanto las penales como las que tienen que ver con el Tribunal de Cuentas. Este jueves el organismo fiscalizador ha rechazado el aval público ofrecido por el Institut Català de Finances (ICF) a los a 28 encausados por los gastos exteriores del procés, lo que ha supuesto el embargo de sus bienes a dirigentes como Oriol Junqueras, Artur Mas o Carles Puigdemont. También la situación procesal de este último, así como del resto de dirigentes independentistas que se encuentran fuera de España, como Marta Rovira, es un asunto que preocupa a los republicanos y que desearían solucionar durante esta legislatura.
Más exigencias que en 2020
Pese a las diferentes perspectivas sobre la negociación que conviven ahora en ERC, la voluntad unívoca es negociar. El calendario da margen. El 29 de octubre acaba el plazo para presentar enmiendas a la totalidad, que no se votan hasta el día 4 del próximo mes. Finalmente el Pleno acabará de decidir sobre las cuentas en la semana semana del 22 al 25 de noviembre. El Gobierno y los grupos tienen, por tanto, más de un mes y medio para llegar a un acuerdo. Los republicanos no quieren accidentes como el que ocurrió en 2019, cuando la negociación acabó naufragando por la disputa sobre la figura del “relator”. Con todo, fuentes de ERC también remarcan que esta negociación “no será como la de 2020”.
En el partido de Aragonès no ha quedado buen sabor de boca del acuerdo que hizo posible los últimos Presupuestos Generales, que consideran que se ha cumplido muy escasamente. Por esta razón aseguran que una de las primeras exigencias es que el Gobierno retome cuestiones que ya deberían haber quedado dilucidadas, como es la competencia catalana para gestionar el Ingreso Mínimo Vital, que el Gobierno descarta, o la participación de la Generalitat en el reparto de los fondos europeos. Entre los asuntos acordados hace un año y que recientemente se han cumplido está la entrada del Govern al Consorcio de la Zona Franca, aprobado por el Gobierno la semana pasada.