ERC busca una reforma del Código Penal para “desjudicializar” las causas del procés, pero se resiste a definir en público cuál es su propuesta concreta. Una actitud con la que pretende no ahogar la negociación con el Gobierno, que se sucede entre bambalinas. Los republicanos afirman que no quieren entrar en una “subasta pública” sobre un tema que consideran “muy serio”, por lo que rechazan pronunciarse sobre las posibles opciones que la Moncloa valora, como una rebaja a la mitad de la pena en el delito de sedición, tal como ha publicado este lunes El País.
“El Gobierno sabe muy bien qué tiene que hacer con el Código Penal, porque es lo que le piden los organismos internacionales”, se ha limitado a repetir la portavoz republicana, Marta Vilalta, durante la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva de la formación, casi monográfica sobre este tema. “ERC quiere que el Estado haga aquellas reformas oportunas para adecuar el Código Penal a los estándares internacionales”, ha reiterado Vilalta.
La reforma del delito de sedición lleva meses siendo objeto de las negociaciones de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat. La inminencia de los Prespuestos Generales, para los que se busca el apoyo de ERC, ha vuelto a poner esta cuestión sobre en el primer plano. “Tenemos un Código Penal que no es homologable a las democracias europeas”, aseguró este viernes el presidente Pedro Sánchez en Bruselas. Pero a renglón seguido reiteró que, por el momento, no hay mayoría para modificarlo.
Los republicanos no quieren alimentar la idea de que tienen un punto de vista diferente del Gobierno sobre la sedición sino justo la contraria, que pueden llegar a un acuerdo en este ámbito. Bajo el punto de vista de los republicanos, la cuestión más importante tiene que ver con despojar del concepto político al delito de sedición, lo que requeriría un cambio integral del tipo penal y, por tanto, no únicamente una rebaja de las penas. “Seremos muy exigentes en la que el Código Penal respete los Derechos Humanos y que se acabe con la persecución política, como ya han hecho Francia, Alemania o Suiza, que reformaron delitos en los años 60”, ha asegurado Vilalta.
La portavoz de Esquerra también ha apelado a que la desjudicialización, según se recogió en el último documento pactado en la mesa de diálogo, debe comportar “modificaciones legales”, en plural, por lo que no estaría agotada con el cambio de un solo delito. Con todo, en este momento es la sedición la que centra el foco mediático, entre otras cosas porque es el principal delito que afecta a políticos pendientes de juicio como el expresident Carles Puigdemont o la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
Las posibilidades para reformar la sedición, en estos momentos, pasan por una rebaja de las penas, un cambio del tipo penal para afinar en qué casos puede aplicarse, o la supresión directa del delito. Una vía, esta última, que defiende por ejemplo Junts que ya ha asegurado que no se conforma con menos que la derogación. Para derogar el delito, aseguró el secretario general de Junts este domingo, “no se requieren demasiados estudios”, a la vez que alertó que si hay una reforma se corría el riesgos de que siguiese sirviendo para “vulnerar derechos”.