Los errores y la supuesta complicidad de algunos Mossos facilitan la segunda huida de Carles Puigdemont

Carles Puigdemont no es ningún novato cuando hay que desaparecer. Su volatilización este jueves, dando esquinazo a los Mossos d'Esquadra tras comparecer ante cientos de personas a pocos metros del Parlament, supone su segunda gran evasión en la última década después de abandonar España en 2017 con destino Waterloo pocos días antes de que la causa judicial del procés echase a andar en su contra. Siete años después, la situación política y judicial del expresident es muy diferente a la que dejó: su partido no preside la Generalitat de Catalunya, hay una ley de amnistía sobre el procés que impulsó y él mismo está en búsqueda y captura por malversación dentro de las fronteras españolas.

Su salida del país en 2017 se ejecutó a escondidas. Entre reuniones de emergencia en Girona, la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la incipiente querella de la Fiscalía por rebelión, poco se sabe de cómo Carles Puigdemont y su Govern destituido abandonaron España para llegar a Bélgica. Las especulaciones y bulos sobre si cruzó la frontera escondido en el maletero o sentado en el asiento de atrás de un coche son todo lo que queda de un viaje que culminó este jueves con su regreso, tan clandestino como anunciado, al centro de Barcelona, donde pronunció un discurso antes de volver a desaparecer.

Hace siete años ningún juzgado buscaba a Carles Puigdemont. La causa contra él y su Govern destituido no arrancó hasta días después, cuando la jueza Carmen Lamela abrió diligencias por rebelión en la Audiencia Nacional y envió a prisión sin fianza a los líderes del procés que optaron por volver. Nadie le buscaba –aunque nunca se llegará a confirmar si alguien le vigilaba– y su salida clandestina se transformó en una sucesión de tropiezos para el juez Pablo Llarena cada vez que intentaba que algún país europeo le enviara de vuelta con una acusación mínimamente satisfactoria para el Tribunal Supremo.

Este jueves el escenario era muy diferente. Puigdemont llevaba días anunciando su vuelta, dando detalles incluso de cuándo salía y siendo muy específico sobre cómo reaparecería ante la ciudadanía catalana: a las nueve en punto de la mañana encima de un escenario gigante. A medio camino entre el Parlament que aspira a gobernar y los juzgados que aspiran a encarcelarlo.

A diferencia de cuando abandonó España en 2017, esta vez sobre Puigdemont sí pesaba una amenaza real: está en búsqueda y captura por orden del juez Pablo Llarena, que en su último auto sobre la amnistía interpretó que el delito de malversación atribuido al expresident no ha sido perdonado por la ley. La gestión de una detención que todos daban por hecho, dentro y fuera del Parlament, estaba en manos de los Mossos d'Esquadra.

El expresident había llegado a la plaza donde pronunció el discurso acompañado de un grupo de colaboradores medio a la carrera. Saludó a sus “queridos compatriotas”, cargó contra un “país con una ley de amnistía que no amnistía” y antes de que arrancase el debate de investidura se despidió con una frase premonitoria: “”No sé cuándo nos volveremos a ver“.

Luego bajó del escenario espoleado por un “¡Vamos!” de su abogado, Gonzalo Boye. El estrecho colaborador del expresident al que se atribuye toda la hoja de ruta que lo llevó a Waterloo y de su breve reaparición pública en Barcelona. A partir de ahí, el desconcierto: unos segundos después, Puigdemont no acompañaba al resto de políticos y dirigentes de Junts que marchaban hacia el Parc de la Ciutadella, camino de la sesión parlamentaria. Delante de decenas de cámaras, agentes de policía y cientos de seguidores, Carles Puigdemont se había vuelto a esfumar.

Persecución y 'operación Jaula'

La variedad de versiones y la escasez de certezas dibujan el factor caótico que introdujo Puigdemont al desaparecer por sorpresa. Los Mossos d'Esquadra tenían intención de que su arresto fuera lo menos espectacular posible: no engrilletarle delante de los manifestantes y hacerlo antes de que entrara en el Parlament. Ese margen de unos pocos metros es todo lo que ha necesitado el expresident para desaparecer por segunda vez.

Las pocas informaciones fiables sobre el asunto explican que Puigdemont se subió a un coche blanco y abandonó el lugar. Un rato después, la policía autonómica catalana activaba lo que habitualmente se denomina 'operación Jaula' y pasaban a controlar las salidas de la capital catalana, pero también varios puestos de la frontera con Francia. Ni rastro del expresident que tan solo unos minutos antes había acumulado más de 300.000 visualizaciones en su discurso.

Los Mossos habían fracasado en su misión de cumplir con la orden de detención de Llarena y los ojos de la Consellería que dirige de forma interina Joan Ignasi Elena se volvieron hacia dentro: un mosso detenido por ser el dueño del coche en el que se marchó Puigdemont, acusado por tanto de ayudarle en su huida. Horas más tarde se conocía el arresto de un segundo agente y la Consellería de Interior abría la puerta a algunos más. La sospecha es que como en su salida de 2017, colaboradores invisibles para el gran público han ejercido como eslabones clave en la estrategia del líder independentista.

Hace siete años, el foco sobre la huida de Puigdemont no recayó sobre el Gobierno de Mariano Rajoy, entonces sumido en la gestión del artículo 155 en una Catalunya donde, bajo su mandato, se había celebrado un referéndum y se había declarado la independencia del territorio. En esta ocasión cada partido ha lanzado el dardo de la responsabilidad política donde más le convenía, en medio de un llamativo silencio del Gobierno.

En el caso de PP y Vox, sus líderes no han dudado en responsabilizar al ejecutivo de Pedro Sánchez del error de la policía autonómica. “Es doloroso asistir en directo a este delirio del que Pedro Sánchez es el máximo responsable”, ha dicho Alberto Núñez Feijóo. “Es responsable de la destrucción del Estado de Derecho y de que los criminales campen a sus anchas”, ha añadido Santiago Abascal.

Dentro del Parlament, los diputados de Junts han rechazado cargar contra Salvador Illa y se han lanzado a criticar que su rival político de ERC, desde el Govern, haya intentado detener a Puigdemont y haya arrestado, incluso, a dos mossos que se podría enfrentar a responsabilidades penales por colaborar en su huida. “Es un patriota y un mosso ejemplar, leal a la presidencia de la Generalitat en el exilio”, ha dicho Laura Borràs para despejar las dudas, antes de que se conociese la detención del segundo agente.

El caos policial se convirtió en caos informativo cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y el departamento de Interior de la Generalitat tuvieron que desmentir en varias ocasiones que hubieran ordenado la detención de Jordi Turull, secretario general de Junts, por colaborar en la huida de Puigdemont.

El todavía conseller Joan Ignasi Elena y los responsables de los Mossos d'Esquadra comparecerán este viernes para dar explicaciones sobre la detención fallida de Puigdemont. Un arresto frustrado que, después de sacudir el tablero de la política catalana, deja las cosas como estaban antes de que el expresident se subiera al escenario: sigue en búsqueda y captura por malversación pero solo mientras esté en España. En el día de la investidura de Illa Puigdemont buscó de nuevo todos los focos antes de regresar a paradero desconocido.