España ha deportado a más de 220.000 migrantes en los últimos 10 años

Yassin M. nació hace 25 años en Madrid. Ha vivido toda su vida en España pero un día se vio detenido por la policía y con un expediente de expulsión. “No tenía dinero para pagar un buen abogado”, asegura este joven en un documental producido por el centre Iridia y Novact. “Me ví en el calabozo de extranjería y a las 6 de la mañana del día siguiente en Barajas”. Fue deportado en un vuelo hasta Melilla y consiguió regresar. Unos meses después volvió a ser detenido, no llevaba su documentación encima y acabó en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). 

A pesar de no ser lo habitual, el caso de Yassin ejemplariza hasta qué punto las personas racializadas, tengan o no papeles, están desprotegidas en España y son susceptibles de acabar en un avión que les deporte fuera de nuestras fronteras.

Un estudio del Centre Iridia y Novact, presentado este miércoles en Barcelona, pone cifras y rostros a las víctimas de las deportaciones españolas: solo entre 2010 y 2019 se han deportado a 223.463 personas desde nuestras fronteras, según los datos del Ministerio de Interior. Las cifras no incluyen las llamadas “devoluciones en caliente”, cuyos datos no han sido facilitados por las autoridades. “Existe una falta de transparencia flagrante que impide el monitoreo y la rendición de cuentas del Estado respecto a esta práctica”, afirman los autores del documento.

La mayoría de estas deportaciones -92.433- han sido denegaciones de entrada. Es decir, el procedimiento de expulsión de extranjeros que intentan entrar al territorio español mediante los accesos fronterizos habilitados como aeropuertos, puertos etc. Le siguen las devoluciones por haber logrado entrar ilegalmente al país, con 56.576 casos en el mismo periodo.

El extenso informe, de casi 200 páginas, destaca en este apartado la falta de garantías procesales en los casos de migrantes que han sido identificados en nuestras fronteras tras entrar ilegalmente. Según sus autores, los abogados de oficio atienden a la vez a grandes grupos de personas que han llegado juntas y en muchas ocasiones estos juristas no están especializados en este tipo de casos. El documento también afirma que se han detectado “vistas de internamiento colectivas” y juzgados que emiten órdenes de internamiento idénticas para todas las personas llegadas en una misma embarcación.

Las expulsiones por comisión de delitos, minoritarias

Los datos sobre expulsiones por comisión de delitos del estudio desmontan, de nuevo, cualquier vinculación de la delincuencia con la inmigración ilegal agitada por algunas formaciones políticas. Se consideran expulsiones las deportaciones de personas que residen en España y que se imponen tras una condena penal o por ser detectadas en situación administrativa irregular.

Las expulsiones relacionadas con la comisión de delitos por causa penal son muy inferiores a las vinculadas con el hecho de poseer faltas administrativas. El 76% de estas expulsiones se realizan simplemente por irregularidades administrativas, siendo la falta de papeles la más numerosa, que copa el 60% de las expulsiones. En números: de las 71.684 expulsiones de migrantes desde 2010, 17.285 fueron por la comisión de delitos, lo que supone un 24%.

Con estos datos en la mano, las entidades que firman el estudio alertan de que la principal vía de acceso para expulsar a migrantes en situación irregular es la identificación y detención por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El resultado es que buena parte de las identificaciones policiales se realizan por perfil étnico y/o por presentar una imagen de pobreza. El informe alerta también de que en ocasiones, con tal de fletar al completo los vuelos de deportación, han aumentado las redadas de perfiles étnicos concretos. 

El boyante negocio del control migratorio

Entre 2014 y 2020 España ha recibido 812,1 millones de euros de fondos europeos para que se destinen al control y ordenación de los flujos migratorios. Estos proyectos han contado con una destacable externalización que ha supuesto pingües ingresos para algunas empresas que suelen obtener contratos públicos. En el mencionado periodo, ha habido 456 contratos públicos vinculados al sistema de deportación de España por un importe de 127 millones. 

Los sectores en los que prosperan estas compañías son diversos. Según el informe, dentro del sistema de identificación de migrantes se encuentran empresas tecnológicas que dan apoyo a los sistemas de información y comunicación vinculados con las bases de datos para el control migratorio. En este apartado destacan empresas como Indra Sistemas S.A,  Informática El Corte Inglés, Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España…

Más allá de las empresas que aportan estos sistemas de vigilancia en los puestos fronterizos, el estudio destaca que muchas de estas compañías aportan también servicios para la identificación y reconocimiento de personas en los pasos fronterizos habilitados. 

Otro capítulo de este apartado se centra en las empresas que participan directamente en la deportación de personas migrantes por tierra, mar y aire. Las principales beneficiarias son la Unión Temporal de Empresas Air Europa-Swift Air (2013-2016), Evelop Airlines S.L, Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo S.A (2018-2019), entre otras.

Las historias de las deportaciones y de las identificaciones policiales por perfil étnico no son, sin embargo, solo números. Un documental de 20 minutos que acompaña el informe y en el que ha colaborado el equipo de vídeo de elDiario.es pone rostro y palabras a algunas de estas 220.000 deportaciones. Se puede ver bajo estas líneas.