El exalcalde socialista de Sabadell (Barcelona) Manuel Bustos ha ingresado este miércoles por la tarde en la prisión de Lledoners para cumplir con la pena de prisión impuesta en una de las piezas del caso de corrupción Mercurio, que acabó con su carrera política en el año 2012.
La Audiencia de Barcelona había dado en diciembre un mes a Bustos para escoger el centro penitenciario en el que ingresar para cumplir la condena de tres años de prisión y 16 de inhabilitación por dos delitos de tráfico de influencias por haber acordado con los jefes de la policía local de Sabadell la retirada de multas de tráfico a su mujer y a sus hijos. El Tribunal Supremo había ratificado en marzo la sentencia de la Audiencia de Barcelona, abriendo así la puerta a su entrada en la cárcel. Era la tercera condena por corrupción de Bustos en el caso Mercurio.
Los magistrados confirmaron el ingreso en la cárcel del exalcalde de Sabadell al no apreciar “circunstancias excepcionales” que justificaran la suspensión de la pena de cárcel solicitada por Bustos. El exedil suma ya tres condenas por el caso Mercurio, y tiene otro juicio pendiente en el que la Fiscalía le pide ocho años de cárcel por corrupción.
La primera condena de Bustos fue por haber intercedido para que se otorgara un puesto directivo por concurso público en el Ayuntamiento de Montcada y Reixac (Barcelona) a una persona afín al PSC. Logró no entrar en prisión a cambio de realizar un curso de prevención de la corrupción. La última condena no fue como autor de un delito, sino como beneficiario de la corrupción del consorcio de residuos de Sabadell, que le pagó un viaje al congreso del PSOE en 2012. Bustos devolvió el dinero.
Pero Bustos no ha podido orillar la cárcel y, casi nueve años después del estallido del caso Mercurio, ha ingresado en un centro penitenciario por la causa de la retirada de multas de tráfico. El ingreso en la cárcel de Bustos se produce pocas semanas después de que otro expolítico socialista condenado por una trama de corrupción, el exalcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz, también entrara en prisión para cumplir condena.
La defensa de Bustos había alegado la poca cuantía (333,5 euros) de las multas y que había devuelto el dinero para considerar que no se trataba de un caso de corrupción. El tribunal discrepó y alertó de que no se podía “banalizar” el caso. “El beneficio económico fue nimio realmente, pero su actuación supuso un descrédito gratuito para la administración pública causado por la autoridad con más rango municipal como es el alcalde, que la utilizó en su propio beneficio”, resaltó la Sala.