El caso Barcelona Regional se ha cerrado con un pacto. El exconcejal de Convergència en Barcelona Antoni Vives, uno de los ediles clave de la etapa de Xavier Trias como alcalde, ha acordado con la Fiscalía Anticorrupción una pena de dos años de prisión, que no implica su entrada en la cárcel, a cambio de reconocer que contrató ilegalmente a un exalcalde convergente que no desempeñó ningún trabajo. Vives y los otros dos acusados ya han devuelto los 155.000 euros que malversaron.
La vista de conformidad se ha celebrado este miércoles en la Audiencia de Barcelona y la sentencia, al ser fruto de un pacto, no se puede recurrir. Vives ha admitido que en 2012, como teniente de alcalde de Urbanismo y presidente del consejo de Administración de Barcelona Regional, empresa privada cuyo mayor accionista es el Ayuntamiento, contrató “ficticiamente” a Jesús Arévalo, por aquel entonces alcalde del pueblo de Cervelló (Barcelona), según destaca el escrito de conformidad rubricado por la Fiscalía y las defensas.
La contratación se consumó después de que Arévalo se lo solicitara al partido para “completar su remuneración anual”, pues su sueldo como funcionario antes de ser elegido alcalde era “muy superior”. El contrato laboral para colocar a Arévalo en Barcelona Regional se firmó “con consciente y grosera infracción del deber de actuar conforme al ordenamiento jurídico y con evidente perjuicio económico para los intereses públicos”.
Vives, que tras la derrota de Trias en 2015 dejó la política, Arévalo y el tercer acusado, el exdirector general de Barcelona Regional Guillermo Müller, han aceptado penas de dos años de prisión por los delitos de falsedad en documento público en concurso medial con los delitos de prevaricación y malversación y dos años de inhabilitación para ocupar cargos públicos. También deberán pagar multas de entre 3.600 y 5.400 euros y realizar durante seis meses un curso “sobre la ética y moral en el servicio de la función pública”.
Al ser una sentencia de conformidad, la Fiscalía ha rebajado su petición inicial de pena de hasta cinco años de cárcel para Vives y ha aceptado que los condenados no entren en prisión si realizan el curso, mientras que los acusados han admitido los hechos delictivos y han devuelto a Barcelona Regional los 155.067 euros que percibió Arévalo sin trabajar durante tres años.
Arévalo estuvo contratado desde enero de 2012 a mayo de 2015, cuando Ada Colau empezó a gobernar en Barcelona. Durante esos tres años tenía que prestar, según su contrato, “asistencia técnica al modelo urbano y metropolitano de dispersión de contaminantes”. La realidad sin embargo fue que Arévalo ni participó en el proyecto, que fue realizado por otros técnicos de Barcelona Regional, ni en ningún otro de los que desarrolló la empresa municipal. Pese a que el contrato indicaba que su lugar de trabajo eran las oficinas de Barcelona Regional en la Zona Franca, Arévalo ni tan siquiera tenía despacho asignado.
“Los tres acusados se concertaron para simular el contrato y darle apariencia de legalidad al objeto de obtener un ilícito enriquecimiento a cargo de los caudales públicos y en favor de Jesús Arévalo”, concluye la acusación admitida por las defensas. Fuentes de la defensa de Vives han recordado que el pacto cerrado este miércoles es una parte muy pequeña de la denuncia que el consistorio de Colau interpuso por el conjunto de la gestión de Barcelona Regional durante la etapa de Trias, en que se llegó a poner en tela de juicio la estrategia internacional de la empresa, y que en cualquier caso el exteniente de alcalde no se ha llevado ni un euro a su bolsillo.
El cierre del caso Barcelona Regional no es el fin de las causas judiciales que afectan a Vives. El expolítico también está procesado por el caso del 3% de Convergència, junto a otras 30 personas, entre ellas el exconseller Germà Gordó, el expresidente del Puert de Barcelona Sixte Cambra o los extesoreros de Convergència Daniel Osàcar y Andreu Viloca. Según la Audiencia Nacional, Vives, de acuerdo con las indicaciones de Gordó y los responsables de CDC, alteró concursos públicos del Ayuntamiento para “dirigirlos” a las empresas que luego donaban dinero a las fundaciones afines a Convergència.