La Audiencia de Barcelona ha condenado a cuatro años y medio de prisión al exconseller de Interior de la Generalitat Miquel Buch y a cuatro años de cárcel al exsargento de los Mosssos d'Esquadra Lluís Escolà por las labores de escolta de Carles Puigdemont que el agente realizó en Bélgica mientras percibía un salario público como asesor del departamento.
El caso de Buch era uno de los juicios pendientes del procés con una de las penas más altas sobre la mesa. La Fiscalía pedía seis años de cárcel para el exconseller y cuatro años y medio para el mosso por los delitos de prevaricación y malversación, lo que implica un alto riesgo de entrar en la cárcel si los recursos que presentarán las defensas no prosperan.
La sección 2ª de la Audiencia de Barcelona ha impuesto a los condenados penas duras por los delitos de malversación y prevaricación. El fallo judicial llega mientras, a nivel político, se negocia una amnistía para los cargos independentistas encausados por el procés.
Escolà fue uno de los Mossos que acompañó a Carles Puigdemont en su salida de España tras el fracaso del procés y la fallida declaración de independencia. Unos meses después, con los independentistas de nuevo en el Govern, fue contratado como asesor por Buch después de que el Gobierno le negara una escolta al expresident en el extranjero. Su defensa alegaba que su labor se limitó a confeccionar informes y que las visitas a Puigdemont las realizó en sus días libres.
Sin embargo, el tribunal ha concluido, en línea con la Fiscalía, que la contratación del exsargento como asesor solo buscaba enmascarar y sufragar con dinero público las labores de escolta del expresident en Bélgica y en sus viajes al extranjero. Escolà fue asesor de Interior 224 días, de los que 103 permaneció fuera de España y en otros 20 se desconoce su ubicación. En total, cobró 52.712 euros de fondos públicos, que ahora Buch y Escolà deberán devolver a la Generalitat a partes iguales.
La sentencia basa la condena en tres patas: la investigación de los Mossos d'Esquadra, a la que el tribunal da total credibilidad; los billetes de avión de Escolà para acudir a Bélgica y a otros países a los que Puigdemont viajó para dar conferencias; y los propios tuits del exsargento en los que admitía que estaba con el expresident en el extranjero.
El tribunal resalta que Escolà detalló en las redes hasta el número de días en los que llevaba prestando funciones de escolta de Puigdemont enmascaradas en su nombramiento como asesor de Interior. “41 semanas haciéndonos cargo del MHP. Mientras no se haga legal, se hará legítimamente”, tuiteó Escolà el 6 de agosto del tribunal, mensaje que el tribunal emplea como prueba para condenar a los dos acusados.
Según la sentencia, Buch nombró a Escolà como asesor en materia de seguridad “aun a sabiendas de que no desempeñaría” esas funciones sino que haría de escolta al expresident. Las imágenes de los actos en el extranjero en los que participó Puigdemont y en las que aparece también el exsargento “no dejan lugar a dudas”, remarca el tribunal, de que el mosso proporcionaba seguridad y protección al líder de Junts.
El nombramiento de Escolà “fue verificado” por Buch “de forma arbitraria, con una finalidad ajena a las funciones descritas” en el cargo de asesor, sostiene el tribunal. Su objetivo, en cambio, era “dar cobertura remuneratoria”, es decir, abonar con dinero público, la “función de protección y seguridad” que el exsargento prestó a Puigdemont.
La plaza de asesor, ahondan los jueces, era “innecesaria”, toda vez que tras su cese en marzo de 2019 el puesto quedó vacante durante un año. Aunque su nombramiento cumplió todos los requisitos formales, el tribunal cree que “la ausencia de actividad” como asesor de Escolà muestra que en realidad actuó como escolta de Puigdemont.
Además de las penas de cárcel, Buch ha sido condenados a nueve años y seis meses de inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el delito de prevaricación y a diez años y seis de inhabilitación absoluta por el delito de malversación. Por su lado, la inhabilitación de Escolà es de nueve años por prevaricación y diez años por malversación.
En declaraciones a la prensa, Buch ha anunciado que recurrirá la sentencia y la ha criticado por “injusta” y “muy bestia”. También se ha mostrado sorprendido por la “rapidez” con la que los magistrados han redactado la resolución (el juicio terminó a finales de julio).
Junts ve “venganza” en la condena
Junts per Catalunya ha rechazado enérgicamente la sentencia contra Buch y Escolà. La formación la considera una sentencia “injusta, completamente desmedida y que denota un claro ánimo de venganza”.
Además, el partido ha exhibido esta nueva condena para asegurar que “la represión no se detiene” y “la desjudicialización no existe”. Por esta razón, a su juicio, “es necesario que de una vez por todas acabe esta persecución permanente, sistemática y planificada contra el independentismo”, refiriéndose sin citarla a la amnistía.
“Si no han entendido por qué razón no renunciaremos nunca a la unilateralidad y a la independencia y por qué desconfiamos del Estado español, aquí tienen una de las muchas que tenemos acumuladas”, ha manifestado Puigdemont. “España está podrida en sus fundamentos”, ha apostillado.
Òmnium Cultural considera a ambos condenados como cargos a los que afecta la medida que el independentismo negocia con el PSOE de cara a la investidura de Pedro Sánchez.
En similares término se ha expresado ERC, que a través de su portavoz Marta Vilalta ha indicado que la condena de Buch y Escolà muestra “por qué es tan necesaria la amnistía”. “Por eso es tan relevante resolver el conflicto político con la autodeterminación. Por eso se tiene que acabar esta persecución política-judicial. Por eso queremos ser un nuevo Estado”, ha asegurado Vilalta en un mensaje en X, el antiguo Twitter.