La exconsellera de Agricultura del Govern de Carles Puigdemont y hasta la semana pasada delegada de la Generalitat ante la Unión Europea, Meritxell Serret, ha vuelto a España tras casi cuatro años en Bélgica. Serret se ha personado este jueves ante el Tribunal Supremo, donde no ha prestado declaración y ha quedado en libertad. El magistrado instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, la ha citado para el próximo 8 de abril y la obliga a designar domicilio y teléfono donde pueda ser localizada además de comparecer ante el Supremo siempre que sea llamada, con advertencia de que si incumple estas medidas su situación personal cambiará.
Diputada electa tras los comicios del 14F, Serret tiene la intención de tomar posesión del acta que obtuvo en las elecciones y seguir haciendo política desde el Parlament de Catalunya, según ha informado ERC en un comunicado. Serret se convierte así en la primera exconsellera que tras casi cuatro años vuelve de Bélgica, donde permanecen el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Lluís Puig, Clara Ponsatí y Toni Comín, todos ellos de Junts.
La situación judicial de Serret y los dirigentes de Junts en Bélgica es distinta. Serret fue procesada en 2018 por los delitos de malversación y desobediencia, si bien en la sentencia del procés de un año después no quedó probado que su departamento realizara pagos concretos por la organización del referéndum del 1-O. En otras palabras, Serret se expone a una condena por desobediencia, que no implica penas de cárcel pero si de inhabilitación y que fue la misma que recibieron otros exconsellers del Govern de Puigdemont juzgados en el Supremo como Carles Mundó, Meritxell Borràs o Santi Vila.
Al no quedar probado en la sentencia del procés que el departamento de Serret hubiera malversado fondos para el 1-O, el juez Llarena no reactivó contra ella la petición de extradición a Bélgica tras la sentencia del procés, como sí hizo contra Puigdemont, Puig, Comín y Ponsatí. Existía, sin embargo, una orden nacional de detención para que cuando volviera a España se la detuviera y continuara el procedimiento contra ella.
Pese a asumir los riesgos de volver y entregarse al Supremo, la decisión de Serret “estaba muy meditada”, ha expresado ERC. “Pienso que es la decisión correcta y el paso lógico en mi lucha para contribuir a poner fin a la represión contra el independentismo del estado español”, ha indicado Serret en el comunicado de su partido. “Estoy convencida de que estamos abriendo camino para todos los compañeros y compañeras que se encuentran en mi situación”, ha agregado.
Serret ha indicado que desde su nuevo cargo como diputada del Parlament quiere seguir trabajando “por la república catalana y para defender los derechos y la democracia ante los tribunales”. “No solo mis derechos políticos, ni los de los independentistas, sino los de todos los catalanes y catalanas, que son permanentemente amenazados por este estado demofóbico”, ha apostillado la exconsellera.