Antes de volver a Catalunya, la eurodiputada de Junts Clara Ponsatí ha querido comunicarse por escrito con el juez Pablo Llarena. La exconsellera de Educación en el referéndum de 2017 ha instado al magistrado del Tribunal Supremo a dejar sin efecto la orden de detención en España que emitió contra ella el pasado jueves, cuando abrió la puerta a su retorno al retirar la petición de extradición a Bélgica por un delito de sedición.
A juicio de Ponsatí, el delito de desobediencia que le imputa ahora el juez Llarena estaría prescrito al haber pasado más de cinco años de las órdenes del Tribunal Constitucional para que no impulsara la votación a las que la entonces consellera hizo caso omiso.
El juez Llarena aplicó el nuevo Código Penal pactado por ERC y el Gobierno y retiró la sedición de los cargos por los que reclama a los líderes independentistas en el extranjero. Ahora Ponsatí y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, se enfrentan únicamente a un delito de desobediencia, castigado con inhabilitación y no con penas de cárcel, por lo que ya pueden volver a España sin el riesgo de entrar en prisión, que sí se mantiene para Carles Puigdemont.
Con todo, el juez Llarena mantuvo la orden de detención en España contra los dos políticas independentistas, pero únicamente a los efectos de que la Policía las traslade hasta el Supremo para tomarles declaración como investigadas por desobediencia. Ponsatí ya respondió que sus planes pasan por volver a Catalunya en las próximas semanas pero que no piensa presentarse ante el Supremo.
En su recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, la defensa de Ponsatí, que ejerce el abogado Gonzalo Boye, pide al instructor ordenar “sin dilación alguna” a los cuerpos y fuerzas del Estado que dejen sin efecto la orden nacional de detención cursada el pasado jueves para evitar la “ilegal detención” de la exconsellera. Aunque no implique su ingreso en prisión, para la defensa la orden de detención cursada por el instructor es ilegal ya que obvia la inmunidad de forma cautelar dispone Ponsatí como eurodiputada.
Según alega la defensa, la orden de arresto nacional contra Ponsatí por un delito de desobediencia “no tiene ningún tipo de amparo legal”, ya que la exconsellera no fue procesada por este delito, sino por rebelión, sedición y malversación. “El hecho innegable de no haber sido procesada jamás por desobediencia impide ahora, de golpe y 'sin anestesia', tratar de imputar un nuevo delito como sería, para ella, el de desobediencia”, razona el escrito.
La defensa también pide que el juez envíe de forma “urgente” al Parlamento Europeo una comunicación oficial por la que desiste del suplicatorio que envió en febrero de 2020 contra Ponsatí para retirarle la inmunidad. Este derecho como europarlamentaria implica que Ponsatí, hasta que la Justicia europea no confirme que le despoja de la inmunidad, solo puede ser detenida en caso de flagrante delito.
Ponsatí entró en el Govern de Carles Puigdemont a tres meses del 1-O después de una prestigiosa carrera en la academia como economista. Su único encargo como titular de Enseñaza fue que los colegios estuvieran abiertos para la votación. Tras el 1-O, fue la única consellera partidaria de aplicar la ley que habían aprobado los propios independentistas y declarar la independencia dos días después de la votación.
Sin carné de ningún partido, Ponsatí tuvo claro que tras la fallida declaración de independencia solo con una marcha al extranjero podría esquivar su ingreso en prisión y partió a Bruselas para después volver a Edimburgo (Escocia), donde trabajaba como profesora en la Universidad de Saint Andrews antes de entrar en política. Desde allí no se ahorró críticas a sus excolegas de Junts y, en especial, de ERC, lo que no impidió que fuera en las listas europeas de Carles Puigdemont y que desde el Brexit ostente el cargo de eurodiputada.