El jefe de la oficina del expresident Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ha negado al juez que recibiera información reservada de un mosso d'esquadra y ha asegurado que la consulta al agente se produjo tras descubrir su nombre en un sistema de alertas policial en varios aeropuertos internacionales.
La Justicia tiene el foco en Alay desde hace años. En su etapa al frente de la oficina de Puigdemont, Alay ha sido imputado cinco veces en varias causas. Fue exculpado de acompañar a Puigdemont en su detención en Alemania, pero irá a juicio porque la Fiscalía lo acusa de pagar con dinero público un viaje oficial a Nueva Caledonia que la intervención de la Generalitat no cuestionó.
La declaración de Alay de este lunes se ha producido en una de las piezas separadas del caso Voloh que instruye el juez Joaquín Aguirre. En el análisis de su teléfono móvil para investigar el papel de Alay en los contactos rusos del procés, la Guardia Civil y Aguirre descubrieron un supuesto uso de información reservada.
Según los investigadores, el mosso, a petición de Alay, accedió a los ficheros policiales para darle información al asesor de Puigdemont sobre la existencia o no de requisitorias y controles específicos en su contra, en lo que, a su juicio, podría suponer un delito de revelación de secretos.
Alay mantuvo el 17 de julio de 2020 una conversación con el mosso en la que, antes de hacer un viaje que tenía programado, le pidió que comprobara si se mantenía efectivo el control específico que había contra él, tras su detención e imputación en el caso Voloh en octubre de 2020.
El agente, que este lunes se ha acogido a su derecho a no declarar, le remitió a Alay un pantallazo, que según la Guardia Civil sería de una base policial, ya que figuraba el número utilizado por los Mossos para asignar los expedientes policiales, confirmando que no tenía requisitorias pendientes.
Según ha alegado el abogado de Alay, Gonzalo Boye, los hechos “no son delictivos” ya que la información no era en modo alguno reservado. El motivo es que Alay, en sus viajes por distintos países, había recibido la advertencia de varias policías de que su nombre constaba en el sistema de alertas policiales. Sin embargo, en la alerta no constaba ninguna causa judicial que la hubiera reclamado.
“No sabemos dónde esta el carácter reservado de una información que se la iban dado en cada aeropuerto”, ha remarcado Boye, que ha detallado que la policía informó a Alay de que su nombre estaba en la base de alertas policiales en los aeropuertos de Washington, Londres y Edimburgo.
La defensa remarca que la inclusión de Alay en el sistema de alertas policiales es ilegal ya que no provenía de ningún juzgado, y la compara con un sistema de información policial o de inteligencia similar a Pegasus, el programa con el que fueron espiados varios independentistas.
Este mismo lunes, tras su declaración, la defensa ha pedido al juez que encargue a los Mossos d'Esquadra averiguar en qué fecha se habría introducido por primera vez en el sistema de identificación policial la reseña de Alay; qué autoridad lo ordenó; el motivo y los datos que se incluyeron la misma; si procedía de una causa judicial; las policías extranjeras con las que se compartió la información; su “respaldo legal”; y el número de veces y las personas que han consultado la alerta policial.
Por otro lado, en otra de las piezas del caso que también afecta a Alay, la Audiencia de Barcelona ha vuelto a corregir al juez Aguirre y ha anulado el auto del instructor para averiguar el patrimonio del asesor de Puigdemont, tal y como ya hicieron los magistrados la semana pasada a petición del fiscal.