El expolio franquista de más de 200 ateneos catalanes: “El objetivo era represivo y económico”

Un edificio con salón para espectáculos, una casa de dos plantas, una vivienda de planta baja, un piano, una cafetera exprés, bancos, sillas y veladores. Todo ello, propiedad del ateneo Centro Obrero de la Sénia, en la provincia de Tarragona, adjudicado a la organización franquista Delegación Nacional de Sindicatos el 14 de julio de 1944. Ese mismo día, las autoridades del nuevo régimen se apropiaron también de todo el patrimonio de la Unión Agrícola de Ascó, mientras estudiaban los expedientes de la Sociedad Recreativa de Sarroca y del Centro Obrero Repúblicano de Les Borges Blanques, ambos en la provincia de Lleida. 

Los inventarios solían ser siempre parecidos. Uno o dos inmuebles más el mobiliario que conservaban en su interior. Es la letra pequeña del expolio franquista al que fueron sometidos los ateneos catalanes durante la inmediata posguerra y que ahora un libro ha documentado hasta localizar 291 propiedades incautadas de 232 entidades. La mayoría de ellas se dieron en propiedad el sindicato vertical franquista, que luego hizo con ellas lo que más le convino. Sobre todo, cederlas a organismos sociales, culturales o juveniles afectos a la nueva dictadura o subastarlas o venderlas para obtener rédito económico. 

Neus Moran, autora del libro L’espoli franquista dels ateneus catalans, ha elaborado el mapa de este expolio que afectó a los ateneos catalanes, una categoría que incluye todos aquellos centros sociales de pueblos y ciudades de propiedad vecinal y en las que se hacían todo tipo de actividades. Bailes y festejos, coros, socorros mutuos, cooperativas de consumo o de vivienda, escuelas populares, deporte, militancia política… “Partiendo de la base de que no había una cobertura de las necesidades sociales básicas, en estos ateneos la gente encontraba la forma de conseguir reivindicaciones culturales, educativas o laborales”, resume Moran, historiadora e investigadora de la Cátedra Josep Termes de la Universitat de Barcelona (UB).  

La requisa del patrimonio de los vencidos de la Guerra Civil, incluidas estas asociaciones culturales, se fundamentó sobre distinta legislación y fue llevada a cabo primero por los militares y luego por el entramado administrativo. Leyes como la de responsabilidades políticas, de febrero de 1939, dejaban claro que los partidos y organizaciones “declaradas fuera de la ley sufrirán pérdida absoluta de sus derechos de toda clase y la pérdida de sus bienes”. “Estos pasarán a ser propiedad del Estado”, añadían. Durante años, fue la Comisión Calificadora de Bienes Sindicales Marxistas (CCBSM) quien se encargó de evaluar los expedientes de estos ateneos y asociaciones. 

“Fue un proceso sistemático y planificado con visión de durar en el tiempo. Los ganadores de la guerra no tenían patrimonio y, por ejemplo, el que acumuló la Delegación Nacional de Sindicatos provino de las asociaciones vinculadas al movimiento obrero”, expresa Moran. Según esta historiadora, el expolio de los ateneos, al menos los que ha estudiado en Catalunya, tuvo para el régimen franquista un doble cometido. “El objetivo fue represivo, económico y político y respondía a la necesidad de borrar todo lo que había sido el tejido esencial del republicanismo”, detalla. 

En algunos casos fueron miembros de la Falange Española los que ocuparon estos inmuebles justo después de que el bando sublevado se hiciera con una localidad, al final de la guerra. Pero la regulación del expolio pudo hacerse años más tarde. De hecho, el volumen de incautaciones fue tal que estas no se dieron por cerradas hasta 1966. Casi tres décadas tras el fin de la contienda.

El destino de este patrimonio fue a menudo el Estado, previo paso por el sindicato vertical, pero también hubo ventas a particulares. Moran ha identificado al menos 20. Las que permanecieron en manos de la administración, con la llegada de la democracia se pudieron reclamar. Eso sí, si las entidades habían sobrevivido a la dictadura. Las 232 asociaciones analizadas por Moran son solo una ínfima parte de la constelación de más de 30.000 asociaciones que había funcionando y registradas en Catalunya antes de la guerra. 

Para el Ateneo Obrero de la Sénia, por ejemplo, el final ha sido relativamente feliz. Su requisa y expolio inicial se produjo el 14 de abril de 1938, con la entrada de las tropas franquistas al pueblo. Desde ese momento, acogió usos diversos, como un comedor del Auxilio Social o la sede del Frente de Juventudes local. Tras inscribirse formalmente como propiedad del sindicato vertical, en 1952 se cedió a la Hermandad de Labradores y Ganaderos para treinta años, pero desde 1975 el edificio permaneció cerrado y en deterioro. 

En diciembre de 1979, ya en democracia, “el gobernador civil de Tarragona dispuso la entrega de las llaves a la entidad que había sido reconstituida por los antiguos socios en julio de 1977”, relata Moran. La podían usar, pero no habían recuperado su propiedad, que había sido transferida al Ministerio de Trabajo. Finalmente, en los 90 se firmó una cesión de uso con el Ayuntamiento, que a su vez lo cedió a la entidad, y en el año 2000 se transfirió al Departamento de Hacienda de la Generalitat. 

Moran, sin embargo, se muestra crítica con este tipo de desenlaces. “Me parece gordo que se lo hayan quedado en propiedad ayuntamientos o la Generalitat, partiendo de compras más que dudosas en plena dictadura”, recuerda.