El sorprendente caso de Banca Catalana

La situación de la banca española había adquirido una grave­dad derivada de la creación indiscriminada de nuevos bancos y de adquisiciones forzadas de pequeños bancos existentes. En 1978 el Gobierno y el Banco de España empezaron a afrontar lo que sería una de las mayores crisis bancarias. Ya en aquella época, la inspección del propio Banco de España presentó un informe cuyo título era «Bancos que atraviesan dificultades», en el que se relacionaban un total de 35 bancos.

El gobernador del Banco de España, José Ramón Álvarez Rendueles, encargó este tema al entonces subgobernador Ma­riano Rubio. Sin duda, era el hombre apropiado para enfrentarse a esta situación por su personalidad, carácter y valentía.

Gracias a su labor, desaparecieron más de la mitad de los ciento diez bancos que operaban en España entre 1977 y 1985: exactamente 56. Muchos eran recién creados o habían sido adquiridos por grupos de personas entre quienes figuraban in­dustriales de éxito convencidos de que la adquisición de un banco era una forma segura de ganar muchísimo dinero. De hecho, antes de 1977 la compra de una entidad bancaria había sido siempre una operación enormemente onerosa, y se había llegado a pagar una peseta por cada peseta de pasivo o de depósitos del banco adquirido.

Banqueros sin experiencia

La desaparición de tantos bancos en poco tiempo se produjo en parte por la crisis general de la economía española, que se vio agudizada porque los administradores de los bancos recién comprados o creados no eran generalmente banqueros, y sin experiencia es muy difícil administrarlos. Los industriales que los compraban creían a menudo que el banco estaba destinado a financiar sus empresas, aunque no fuesen las mejores, ya que las mejores obtenían dinero de otras entidades. Algunos financiaron proyectos sin viabilidad desde el primer momento. La crisis económica, junto con las decisiones poco ortodoxas de muchos bancos de tamaño mediano y pequeño, precipitaría su enorme crisis.

El instrumento utilizado por Mariano Rubio para poner remedio a este panorama fue el Fondo de Garantía de los Depósitos de las Entidades Bancarias (FGDEB). En principio se trataba de que el Fondo controlara y saneara los bancos en dificultades y luego los subastara entre gestores privados con suficiente capital y profesionalidad. Pero también se utilizaba la absorción directa de algunos por bancos solventes con o sin ayuda del FGDEB o del Banco de España.

Aun antes de que aparecieran los asuntos más graves, esto es, los casos Banco Urquijo Unión, Banca Catalana y Banesto, el FGDEB había aportado más de 1.000 millones de euros al saneamiento de veintiún bancos.

El sueño de Pujol

Dentro de este panorama se inscribe Banca Catalana, entidad que fue creada por iniciativa de Jordi Pujol con el objeto de constituir a largo plazo un gran banco catalán que sirviera de base a una expansión industrial y económica de Cataluña. El punto de partida fue la compra en 1959 de la pequeña Banca Dorca de Olot. La entidad topó, sin embargo, con enormes dificultades para desplegarse de una forma ortodoxa, debido a las limitaciones que en aquella época imponían tanto el Mi­nisterio de Hacienda como la legislación vigente sobre apertu­ra de oficinas.

A comienzos de 1982 ya se rumoreaba que Banca Catalana no atravesaba por un buen momento. Acometió, a pesar de todo, una enorme expansión no solo con la apertura de nuevas oficinas, sino también con la absorción y adquisición de una serie de bancos, quizás hasta diez, muchos de ellos con financiación de Banca Catalana, en un momento en que los tipos de interés estaban en un nivel muy alto. Por lo tanto, en ese con­texto, comprar un banco no muy bueno o incluso con pérdi­das a través de un crédito con intereses muy elevados consti­tuía un buen camino para precipitarse a la catástrofe.

Hacia 1979 “la Caixa” adquirió un 7 % de Banca Catalana con un pacto de recompra avalado por dos sociedades filiales al cien por cien de Banca Catalana y unos intereses acumu­lados, en caso de recompra, del 14 % anual. No eran exagera­dos, ya que se llegó a pagar el 20 %. La entrada de “la Caixa” dio un cierto respiro a Banca Catalana y me acuerdo de que se hipotecaron algunos edificios para darle mayor liquidez. A fi­nales de 1979 el riesgo total de “la Caixa” con Banca Catalana llegó quizás hasta los 6.000 millones de pesetas (36 millones de euros). Ante los rumores repetidos acerca de su fragilidad, el Banco de España envió su inspección, pero los clientes siguie­ron confiando y no hubo una retirada apreciable de depósitos, hasta que en junio de 1982 una información confidencial de la Agencia Europa Press aludió a una posible suspensión de pagos de Banca Catalana.

Retirada de depósitos

La noticia fue reproducida por otros medios. No se formaron colas, pero se retiraron depósitos a velocidad creciente. Banca Catalana se encontró con un problema de liquidez inmediato y letal. A instancias del Banco de España se habían intentado varios movimientos, uno de ellos el nombramiento de un nuevo consejo de administración constituido por pro­hombres de Cataluña y presidido por Eusebio Díaz Morera, que hasta entonces presidía la Caja de Ahorros de Barcelona, tercera en volumen de España. Poco a poco, las inspecciones del Banco de España y los informes de aquel equipo fueron aumentando la necesidad de créditos inmediatos.

El nuevo equipo exigió una auditoría encargada a PriceWaterHouse. Las cifras del agujero fueron aumentando y al­canzaron los 130.000 millones de pesetas, lo que superaba en mucho los temores del Banco de España. En septiembre de 1982 se intervino Banca Catalana por parte del FGDEB, se mantuvo el mismo consejo de administración y se designó a un equipo interventor presidido por el entonces secretario ge­neral del FGDEB, Juan Antonio Ruiz de Alda (más tarde subgobernador del Banco de España).

Creo que conocí a Ruiz de Alda por primera vez en los acontecimientos que tuvieron lugar a raíz de la crisis de Banca Catalana. En la universidad, Ruiz de Alda había conocido a varias personas que habrían de ser importantes en su vida, entre ellos, a Manuel de la Concha y Mariano Rubio.

Tanto en su calidad de secretario del Fondo de Garantía como después de subgobernador del Banco de España, tuve ocasión de tratar con Ruiz de Alda con frecuencia, y siem­pre encontré en él un equilibrio entre el rigor y la firmeza y una flexibilidad para entender los problemas y las situacio­nes, así como muchas veces para encontrar soluciones razonables.

Las acciones caen a valor cero

En una junta general bastante complicada, Ruiz de Alda redujo el valor de las acciones de Banca Catalana a cero (a una milésima parte del que tenían), por lo tanto, una acción de 5.000 pesetas redujo su precio a 5 pesetas. Decretó una nueva ampliación de capital de 5.000 millones de pesetas, a la que acudieron una pequeña parte de accionistas de forma más bien simbólica, con lo que cubrieron trescientos o cuatrocien­tos millones; el resto de la casi totalidad fue cubierto por el Fondo de Garantía.

Una vez colocada Banca Catalana bajo el poder del Fondo de Garantía de los Depósitos, el Banco de España intentó reflotarla. La forma más sencilla era intentar que un banco solvente se hiciera cargo de ella. Todos los grandes se negaron. Se recurrió al Banco de Sabadell, quien también declinó inme­diatamente porque Banca Catalana le triplicaba tanto en ofi­cinas como en personal.

La siguiente opción fue que “la Caixa”, que tenía una di­mensión suficiente, se hiciera cargo de esta entidad. La reacción del consejo de administración fue totalmente negativa, aunque no nos negamos a estudiar el asunto para ver qué se podía hacer. El estudio profundo de las interioridades de Banca Catalana, que conocí por la necesidad de calibrar la posibilidad de una absorción, arrojó enseguida las causas de la crisis. Aparte de la absorción o integración de numerosos bancos, muchos de ellos deficitarios y bastante mal llevados, regía una filosofía impulsada personalmente por Jordi Pujol de ayudar a la empresa catalana.

Cuando algunos bancos rebajaban el importe del crédito concedido a una empresa en dificultades, sucedía que esta acudía a Banca Catalana solicitando un incremento del crédito para evitar una quiebra o suspensión de pagos que supondría su desaparición. Naturalmente, los informes técnicos de los especialistas de Banca Catalana eran siempre negativos. Sin embargo, Pujol quería evitar a toda costa la desaparición de una empresa catalana y de forma explícita o tácita obligaba a conceder la financiación solicitada. Para los restantes bancos acreedores de las empresas con problemas, era agua de mayo, porque pudieron recuperar sus créditos dudosos gracias a los de Banca Catalana. Muchos evitaron verse comprometidos en quiebras o suspensiones de pagos porque Banca Catalana iba haciéndose cargo de sus créditos.

Camino al desastre

Como es natural, era un camino seguro para precipitarse al desastre, tal y como sucedió. El estudio llevado a cabo durante varios meses sobre la situación de Banca Catalana mostraba día tras día peores perspectivas. Muy pocas de las empresas que financiaba se encontraban con buena salud y resultaba muy difícil hallar una fórmula para sanear el banco. Pero el Gobierno, esencialmente el Banco de España y el presidente del FGDEB, insistían mucho en que estudiáramos el asunto y encontráramos una solución.

Tras nuestro estudio, la posición del consejo de adminis­tración y la mía propia fue muy negativa, pero el Banco de España y el propio ministro de Hacienda siguieron insistien­do. Recuerdo varias reuniones con Juan Antonio Ruiz de Alda y el presidente de nuestra comisión de control, José María Figueras, en las que este último aparecía casi como árbitro. Yo explicaba las dificultades que ofrecía la eventual intervención de “la Caixa” y Ruiz de Alda trataba de minimizarlas. Hasta que al final, bajo cierta presión de Mariano Rubio, Ruiz de Alda y el propio Gobierno, accedimos a presentar una pro­puesta de absorción de Banca Catalana bien estudiada y me­ditada, con márgenes de seguridad suficientes y mucho miedo. Cualquier medida drástica en lo referente a personal o a su prestigio podía ser fácilmente mal interpretada por todos los empleados de Banca Catalana y producirse manifestaciones callejeras delante de “la Caixa”, lo que queríamos evitar a toda costa.

Presenté al consejo de administración la propuesta de con­diciones para absorber a Banca Catalana, un conjunto de medidas que en último extremo consistían en subvenciones de una forma u otra, en parte mediante créditos del Banco de España de más de 100.000 millones de pesetas a tipos de interés bastante inferiores (menos de la mitad) a los de los mercados, una subvención clarísima y a larguísimo plazo. Otra parte eran créditos sin intereses también a largo plazo, pero no tan cuantiosos.

Rechazada la absorción

Un tercer tipo de subvención consistía en la supresión de coeficientes obligatorios de inversión. Significaba que debíamos financiar obligaciones de empresas y deuda pública a tipos de interés inferiores a los de mercado y depositar en el Banco de España un porcentaje de los depósitos a intereses bajos o nulos. Si se liberaban estos coeficientes, obtendríamos rendimientos muy superiores a los usuales.

El estudio exhaustivo con todas aquellas condiciones se presentó el mismo día en que se abrió el concurso en el FGDEB. Fue la única propuesta presentada, con lo cual parecía que nos iban a adjudicar Banca Catalana con el sentimiento de que no quedaba más remedio. La sorpresa fue que el FGDEB comunicó que no se iba a resolver en aquella ocasión, que se iba a prolongar una semana o dos su fallo con la esperanza de que apareciera otra propuesta. Nos extrañó, pero aceptamos.

Una parte importante del consejo de administración se mostró decepcionada y con ganas de retirarse. Otra parte, también muy decepcionada, proponía que repitiéramos la misma oferta y viésemos si alguien ofrecía más que nosotros. Insistí, junto con algún otro consejero, en que debíamos hacer una ligerísima mejora, como modificar un tipo de interés o alargar algo un plazo, para que no se dijera que “la Caixa” se negaba a considerar la posibilidad de absorber Banca Catalana.

El nuevo día señalado, a regañadientes, el consejo consintió. Presentamos casi la misma oferta, con casi las mismas condiciones, al FGDEB. Finalmente nos comunicaron al cabo de uno o dos días más que no éramos los adjudicatarios de Banca Catalana, con lo cual se experimentó dentro de muchos círculos una cierta sensación de alivio. Nos parecía una empresa quizás a largo plazo buena, pero muy complicada desde el principio.

Se adjudicó a un pool de trece bancos, que presentaron una oferta calcada a la nuestra, acaso con diferencias de matiz. Bien mirado, no me extrañó que no dieran a “la Caixa” el dominio de Banca Catalana. Quien iba a pagar los platos rotos sería el Fondo de Garantía de los Depósitos de Entidades Bancarias (no el de las cajas) y el Banco de España conjuntamente. No era una píldora agradable de tragar para aquel grupo de entidades bancarias.

Aportaron cada una su grano de arena, más bien su saco de arena, y ofrecieron prácticamente lo mismo que “la Caixa”. A los pocos días mantuve una entrevista con Rafael Termes. A pesar de que sus estudios eran de ingeniero industrial, su trayectoria profesional discurrió en el ámbito de la banca. Primero como consejero delegado del Banco Popular, donde fue el principal promotor de la creación del Crèdit Andorrà (participado en un 30% por el Banco Popular, porcentaje que “la Caixa” adquirió en 1986). Entre los años 1977 y 1990 Termes ocupó también la presidencia de la Asociación Española de Banca (AEB), cargo que desarrolló con gran profesionalidad y eficacia. Su carácter abierto y cordial es recordado por todos; murió en agosto de 2005.

Dudas sobre la adjudicación

Le pregunté a Termes qué diferencias había entre nuestra propuesta y la finalmente aceptada respecto a Banca Catalana y de forma muy clara me dijo que eran casi inexistentes, pero que debía comprender que lo lógico era adjudicarlo a los bancos en igualdad de condiciones.

Otra respuesta menos ortodoxa, aunque en el mismo sentido, me la dio Ruiz de Alda, en aquel momento bajo presión por ser el presidente del FGDEB.

Así concluyó el asunto de Banca Catalana para “la Caixa”. El grupo de bancos, que participaban en distintas proporciones, eligió al Vizcaya como administrador de la entidad. Con Pedro Toledo como consejero delegado y Ángel Galíndez como presi­dente, nombró administrador único de Banca Catalana con po­deres absolutos a Alfredo Sáenz. Recuerdo perfectamente que a partir de 1982 o 1983 Sáenz vino a Barcelona, se instaló en un edificio magnífico de Banca Catalana casi enfrente de la sede de “la Caixa” e intentó gobernar, arreglar y sanear lo que pudo.

Nos vimos muy a menudo, nunca para asuntos relativos a Banca Catalana, sino como dos colaboradores y amigos. Pude comprobar la solidez, el rigor y el pragmatismo que Sáenz aplicaba en su trabajo. Después de unos pocos años, el Banco de Vizcaya vio que podía haber sido un buen negocio, una buena compra, porque las ayudas y la labor de Sáenz lo per­mitían, y propuso a los demás bancos comprar Banca Catalana. La compra le fue muy bien a “la Caixa”, porque el crédito que habíamos concedido a Banca Catalana tenía un pacto de recompra por sociedades filiales.

Se produjo una discusión más bien formal acerca de la validez del pacto de recompra. En algún lugar se indicaba que se pagarían las acciones, y como estas en aquel momento valían una milésima parte, los representantes de Banca Catalana sostenían que solo tenían que devolvernos esa proporción. Pero al entrar el Vizcaya preguntó acerca de la cantidad que nos debían, nos pagó con los intereses incorporados y recuperamos todo el dinero y los intereses que habíamos puesto en Banca Catalana.

Según la memoria del Fondo de Garantía de los Depósitos de las Entidades Bancarias, el coste del saneamiento ascendió a más de 500 millones de euros; y el coste total de saneamientos, inclu­yendo Banesto (1.200 millones), Banco Unión y Banco Urquijo (300 millones) arrojó la cifra total de 3.000 millones de euros.

Esta labor gigantesca se realizó gracias a la inteligencia, el rigor y la valentía de Mariano Rubio, que durante casi tres lustros, primero como subgobernador y luego gobernador, se enfrentó con la desastrosa situación de muchas entidades bancarias: una tarea cuyo momento álgido fue la intervención del Banco Español de Crédito, que fue llevada a cabo por su sucesor, Luis Ángel Rojo.

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