¿Qué ha fallado en Catalunya para que haya tenido que dar marcha atrás? Primero, la planificación, aunque la cadena de errores es larga. Ha faltado planificación porque la Generalitat calculaba que la segunda oleada de rebrotes llegaría en otoño, para ser exactos a mediados de octubre, y situaba el pico a finales de diciembre. “Que ha faltado previsión es una evidencia”, resumía este viernes el presidente del colegio de médicos de Barcelona, Jaume Padrós. El Govern, por boca de su portavoz, Meritxell Budó, ha reconocido que la Generalitat tendrá que analizar por qué no supieron prever que los rebrotes llegarían tan pronto. Este viernes se registraron 1.111 nuevos contagios, de los cuales más de la mitad (557) se sitúan en Barcelona y el área metropolitana sur. Actualmente hay 45 personas enfermas por COVID-19 en las UCI de los hospitales catalanes.
Tanto el Ministerio como la conselleria de Salud daban por hecho que los casos subirían con el desconfinamiento y el aumento de pruebas PCR. Pero erraron en el cálculo porque los contagios han aumentado hasta descontrolarse en varios puntos de Catalunya. Tampoco se cumplió la hipótesis que apuntaba que el calor permitía frenar la propagación del virus. El especialista en medidas infecciosas y asesor del president Quim Torra, Oriol Mitjà, se mostraba así de contundente este viernes en declaraciones a RAC1: “En los últimos tres meses, ya conociendo la epidemia, las administraciones no se han preparado lo suficiente para hacer el seguimiento de los contactos”.
La falta de rastreadores, de profesionales que contacten con cada caso confirmado y busquen a todas las personas con las que ha estado a menos de dos metros y durante más de 15 minutos, es una de las claves que explica por qué los datos son tan malos. El diseño de este sistema depende de cada autonomía. A diferencia de otras comunidades, que incorporaron los profesionales de rastreo en las plantillas de Salud Pública o en los ambulatorios, Catalunya optó por recurrir a la firma Ferrovial, que gestiona desde hace años el 'call center' de atención sanitaria 061, para la parte de las llamada a contactos.
Tras las críticas recibidas, la Generalitat anunció su intención de rescindir el contrato. Pero no lo ha hecho. Mientras, el grueso de la tarea, la de detección e identificación de los casos, está en manos de una Atención Primaria que la ha debido asumir sin nuevas incorporaciones y en un periodo ya vacacional. Los sindicatos, entre ellos el mayoritario Metges de Catalunya, y colectivos de profesionales como Rebel·lió Atenció Primària o el Fòrum Català d'Atenció Primària (FOCAP) han alertado de la precariedad creciente en los sanitarios de este sector. Estos profesionales denuncian que tres de cada cinco euros recortados de la sanidad catalana durante la anterior crisis salieron de la Primaria, que supone en estos momentos el 18% del presupuesto total de Sanidad, pese a que los expertos señalan que debería ser el 25%.
Los primeros rebrotes importantes, en Lleida y la comarca del Segrià, detectados a mediados de junio, permitieron constatar que el rastreo no estaba funcionando. “Por primera vez se ha tenido que probar las bondades del sistema de detección y seguimiento, con las circunstancias particulares del Segrià, nos hemos quedado cortos o algo no ha ido bien”, alertó el jefe de Epidemiología del Hospital Clínic, Antoni Trilla. Esas circunstancias particulares a las que se refería Trilla eran la alta incidencia de contagios en trabajadores del sector hortofrutícola. Como la mayoría de temporeros no disponen de médico de referencia y muchos están instalados en infraviviendas compartidas, la detección y seguimiento es aún más dificultoso. Lleida hizo disparar las alarmas, se redujo la movilidad y este martes un juez autorizó su confinamiento. Pero ya era tarde.
Otra bomba epidemiológica, en acertada definición del periodista Josep Corbella, estaba a punto de explotar: L'Hospitalet. En la segunda ciudad más poblada de Catalunya y en el barrio con mayor densidad de Europa, la Torrassa, los brotes habían pasado ya a la fase de transmisión comunitaria, es decir se estaba expandiendo más allá de los grupos controlables. L'Hospitalet es colindante con Barcelona y como se comprueba observando la curva de contagios en los barrios de la capital catalana más cercanos a esta ciudad, a efectos epidemiológicos hablar de L'Hospitalet significaba hacerlo de Barcelona y su área metropolitana.
Uno de los lamentos de los alcaldes de Lleida y de L'Hospitalet, el primero de ERC y la segunda del PSC, es que la Generalitat no les proporcionaba datos suficientes. La alcaldesa Núria Marín tuvo que llamar al departamento de Salud para que le informasen de los positivos en su ciudad. Públicamente la dirigente socialista ha evitado entrar en controversias y ha ofrecido toda la colaboración. Al alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, quien le telefoneó para anunciarle que su ciudad quedaba confinada fue el vicepresidente, Pere Aragonès, también de ERC. Quim Torra no lo hizo hasta después de que el alcalde comentase en una entrevista en RAC-1 que el president no le había llamado. Son dos ejemplos de otros dos errores que se han constatado en estas semanas: la falta de información y de coordinación política.
Durante el estado de alarma uno de los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo catalán fue que el mando único en manos de Salud entorpecía la gestión contra la pandemia y que si esta hubiese estado solo en manos de la Generalitat las cosas se habrían hecho mejor. Algo que la realidad no ha demostrado. En un intento de corregir uno de los fallos más claros, el departamento de Salud anunció esta semana la contratación de 500 rastreadores. Se repartirán entre centros de asistencia primaria y allí se entrevistarán con las personas que hayan visitado al médico por sospechar que pueden ser positivos pero que aún no disponen de la confirmación con una prueba PCR.
Este medio millar de “gestores covid” se sumarán a los 180 profesionales que ya formaban parte de una red de vigilancia y a los 120 que hacen las llamadas desde los 'call center'. El sindicato Metges de Catalunya ha avisado que los 500 rastreadores llegan tarde y que se requieren más. La jefa de epidemiología del Hospital Vall d'Hebrón alertó hace una semana de que se necesitaban 2.000 profesionales para hacer el seguimiento de los contagios. Además, lamentó la falta de respuesta de la conselleria de Salud al ofrecimiento de los hospitales para ayudar a hacer el rastreo. También el Ministerio de Sanidad tendió la mano a la Generalitat, en su caso para ayudarle a estudiar la evolución de los datos, pero el Ejecutivo catalán declinó la colaboración por considerar que no la necesitaba.
“En Catalunya no hay un Fernando Simón”, han escrito algunos analistas para subrayar los problemas de comunicación del Govern a la hora de transmitir las informaciones referentes a la pandemia. Para intentar enmendar este error se acaba de nombrar al epidemiólogo Jacobo Mendioroz como director de la nueva Unidad de Seguimiento de la COVID-19. Mientras, la plaza de secretario de Salud Pública sigue vacante desde que el 28 de mayo Joan Guix dimitió por “enfermedad”. Después de él renunció el director de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias, César Velasco, y esta semana lo ha hecho el jefe del Gabinete Técnico, Josep Ramon Morera. Tres dimisiones en menos de dos meses.
A la cadena de errores hay que sumar las tensiones entre JxCat y ERC, que también se han trasladado a la gestión de esta crisis. Torra era partidario de confinar Lleida mientras ERC, que es quien controla el departamento de Salud, consideraba que había que aplicar medidas menos drásticas. Los republicanos, que ostentan la alcaldía de Lleida, alegaban el riesgo de pérdidas económicas como argumento para plantear una propuesta que no fuese tan radical.
“El Govern llegó tarde a Lleida y ha llegado tarde al área metropolitana”, ha criticado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Es pronto para saber si acierta o no y si las medidas adoptadas para limitar la actividad social serán suficientes. Más de tres millones de personas están afectadas por las restricciones anunciadas este viernes por la Generalitat y, además de cumplir con las recomendaciones, solo les queda cruzar los dedos para no acabar como Lleida, con un confinamiento domiciliario y sin expectativas de que la cosa mejore.