La familia Pujol sacrifica el primogénito

Las dos primeras veces que Oriol Pujol acudió a declarar ante el juez por el caso ITV lo hizo acompañado por la plana mayor de su partido, pero, en la tercera, el 12 de enero pasado, sólo le seguía su abogado. Cuando unos días más tarde el expresidente Jordi Pujol acudió al Juzgado con Marta Ferrusola y tres de sus hijos, todos imputados por las cuentas bancarias en el extranjero, a la comitiva familiar no se sumó ni un solo dirigente del partido que él fundó hace 37 años.

La dirección de Convergència (CDC), que se encamina hacia la refundación del partido, evita la familia del ex presidente Jordi Pujol, e incluso Artur Mas, su sucesor, hace lo posible para desmarcarse. En su reciente comparecencia parlamentaria ante la comisión de investigación sobre fraude fiscal y corrupción, Mas reconoció ser hijo político de Jordi Pujol, pero aseguró que ignoraba –“no tengo ni idea”, dijo– los asuntos económicos de la su familia, incluidos los del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, con el que en otros tiempos había estado muy unido.

Mas explicó que había tenido una relación de amistad con el primogénito de los Pujol hacía tiempo, pero que no son íntimos, que sólo había ido una vez a su casa, pero no mencionó que los dos habían coincidido en la empresa privada –en los grupos Tipel, de la familia Prenafeta, y en el de La Seda de Barcelona– y en aventuras políticas en la agrupación convergente del distrito de Sarrià-Sant Gervasi. Artur Mas tiene claro, tan claro como lo tiene la dirección de su partido, que debe distanciarse todo lo que pueda de Jordi Pujol Ferrusola porque será quien cargará con el peso, si puede en solitario, del llamado caso Pujol.

En sus respectivas declaraciones en el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, Jordi Pujol y tres de sus hijos -Marta, Pere y Mireia- atribuyeron al primogénito, Jordi junior, la responsabilidad de crear y mover las cuentas bancarias que la familia tenía en Andorra.

El ex presidente y tres de sus hijos aseguraron a la juez que el dinero que la familia ocultaba en Andorra correspondía a un legado del abuelo Florenci, fallecido en 1980, que primero había gestionado el ex directivo de Banca Catalana Delfí Mateu, también difunto, y más adelante el ex secretario general de la Presidencia de la Generalitat Joaquim Pujol Figa, fallecido como los demás, hasta que en 1990 se hizo cargo Jordi Pujol Ferrusola, que fue quien distribuyó el fondo de manera equitativa entre la madre y los siete hermanos.

Asesorados por expertos fiscales y abogados, los hermanos Marta, Pere y Mireia Pujol Ferrusola aseguraron que no sabían nada del legado del abuelo hasta 1990, cuando el pequeño de la familia, Oleguer, llegó a la mayoría de edad, momento en el que el hermano mayor informó que se encargaría de gestionar y repartir el tesoro que habían escondido de las garras de Hacienda. Con estas declaraciones, en el mismo sentido de las que hizo el padre, se atribuía la responsabilidad de las cuentas de Andorra al primogénito. La fiscalía se propone citar a declarar Jordi junior en el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, mientras que Manos Limpias, que ejerce la acusación particular, prepara acciones en su contra.

Investigado por la Audiencia Nacional

A Jordi Pujol Ferrusola se le investiga en el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, encabezado por Pablo Ruz, pero si lo citan a declarar en el juzgado de Barcelona seguramente lo hará en los mismos términos que el resto de su familia: que gestionó el supuesto legado en el extranjero, pero sólo a partir de 1990, cuando tomó el relevo del difunto Joaquín Pujol Figa, ex alto cargo de la Generalitat y primo del ex presidente.

Fuentes jurídicas conocedoras del caso apuntan que, por las declaraciones judiciales, se deduce que Jordi junior hará de cortafuegos, en un intento de evitar que se queme su padre, sus hermanos y su ex esposa, Mercè Gironès, imputada por los mismos delitos de fraude fiscal y blanqueo. Según cómo evolucione el caso, Marta Ferrusola, que hasta ahora se ha negado a declarar en el juzgado, podría asumir también alguna responsabilidad en protección de su prole.

Incluso la justicia andorrana, hasta ahora reticente a colaborar con los jueces españoles en las investigaciones del caso Pujol, ha embestido al primogénito de la familia. En respuesta a las comisiones rogatorias tramitadas por Pablo Ruz, la juez andorrana Maria Àngels Moreno ha ordenado que se bloqueen las cuentas a nombre de Jordi Pujol Ferrusola, de Mercè Gironès y de sus empresas en todos los bancos de su país, en caso de que todavía las tengan abiertas y también en el más que improbable caso de que quede algún euro porque han tenido tiempo de sobra para dejarlas a cero. El 4 de agosto del año pasado, seis días después de declarar ante el juez Pablo Ruz, el heredero Pujol efectuó una transferencia de 2,4 millones de euros desde una cuenta de Banca Privada de Andorra (BPA) a otro de una filial mexicana del Banco Santander controlada por la empresa anzuelos Soluciones. El dinero que Jordi junior tenía en Andorra ha volado a México.

Lo importante de la resolución de la juez Moreno no es el bloqueo de cuentas, sino la orden a los bancos andorranos para que informen de los movimientos registrados. Esto permitiría saber desde qué paraíso fiscal llegaron los fondos y reconstruir diversas tramas que se están investigando.

En un demoledor auto, de más de 40 páginas, la juez Moreno subraya que en el caso del heredero Pujol “hay indicios de criminalidad que hay que clarificar”. También destaca que las elevadas cantidades que cobró “como comisionista” de empresas que contratan con la administración pública, por un trabajo que supuestamente se limitaba a contactos verbales, “no tienen una lógica mercantil”.

Curiosamente, la justicia andorrana ha aparcado las comisiones rogatorias tramitados por el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona con respecto al ex presidente Jordi Pujol, a su esposa Marta Ferrusola ya tres de sus hijos, pero, en cambio, ha actuado con la máxima diligencia contra Jordi Pujol Ferrusola. El argumento es que la legislación andorrana sólo permite perseguir los presuntos delitos fiscales y de blanqueo si están asociados a otros como la corrupción, extremo que sólo consideran justificado en el caso del heredero de la familia. Estas pesquisas no estarían relacionadas con las cuentas de la família, sinó con las operaciones del hijo mayor, que ingresó más de 8 millones de euros entre 2004 i 2012.

A partir de ahora, Jordi Pujol Ferrusola se llevará los palos: del gobierno de la Generalitat, de Convergència, los jueces andorranos y de sus colegas españoles. Así resguarda el resto de la familia.