Jorge Olaria tiene 58 años y sufre una incapacidad que no le permite trabajar, pero todavía no ha logrado percibir una pensión. De momento cobra una ayuda de 426 euros. Con un hijo de 28 años en paro, Olaria no pudo hacer frente al alquiler de su piso. Si no se ha quedado en la calle es gracias a la ley catalana 24/2015 para hacer frente a la emergencia habitacional y la pobreza energética que ahora el ejecutivo de Rajoy pretende impugnar ante el Tribunal Constitucional. La ley, aprobada por unanimidad en julio por el Parlament, establece que una familia en situación de vulnerabilidad no puede ser desahuciada sin una alternativa habitacional.
Ante la falta de respuesta de la inmobiliaria propietaria del piso –que al ser una gran propietaria de vivienda tenía que ofrecerle una alternativa–, el Ayuntamiento de Barcelona se vio obligado a responder, también en cumplimiento de la ley, y hoy Olaria, su hijo y sus dos perros viven en un piso de alquiler social cedido por una entidad social. Pero no sólo las instituciones públicas tienen obligación de responder. La ley establece diversas obligaciones a los grandes propietarios de vivienda que tienen obligación de ofrecer soluciones.
Los grandes propietarios de vivienda tienen que ofrecer ellos mismos una alternativa de alquiler social a las familias que desahucian. Más allá de eso, hay medidas para incentivar que no se acumulen viviendas vacías, y las administraciones pueden expropiar temporalmente pisos de entidades financieras o grandes propietarios que lleven más de dos años vacíos. En este aspecto, la PAH denuncia que la mayoría de la administraciones todavía no han empezado a hacer todo aquello a lo que les obliga la ley, pero aún así los bancos ya se ven obligados a dar respuesta a los afectados.
“La ley creada a partir de la ILP de la PAH me ha servido de mucho”, asegura Laura Comas, del Baix Montseny. Es monitora en una casa de colonias –“no cobro cada mes”, explica– y comparte la custodia de su hija de 13 años. No pudo hacer frente al pago de su hipoteca y acudió a su banco, el BBVA, con la esperanza de conseguir una dación en pago y un alquiler social. “Primero me dijeron que no me podían ofrecer un alquiler social, y eso era en mayo, cuando todavía no se había aprobado la ley”, cuenta.
Comas pidió tiempo de margen y cuando volvió en octubre, con la ley sobre la mesa, le concedieron el alquiler social. Primero le dijeron que tendría que ser en otro piso, “pero les insistí en que mi piso iba a quedar vacío y no tenía sentido, hasta que finalmente cedieron”. Hoy vive en su piso, ya no es la propietaria pero tampoco tiene una deuda hipotecaria, y paga un alquiler social acorde a sus ingresos, de 136 euros al mes.
Retos en pobreza energética
La Alianza contra la Pobreza Energética (APE) lleva meses aplicando las medidas que establece la ley en materia de pobreza energética. La más destacada es el principio de precaución, que obliga las compañías subministradores a consultar con servicios sociales si una familia se encuentra en situación de vulnerabilidad antes de efectuar un corte de agua, luz o gas. En caso que sea así, no pueden efectuar el corte por más recibos que adeude la familia. Este principio, sin embargo, no se está aplicando, la Agencia Catalana de Consumo no está garantizando su cumplimiento y la APE reclama a Puigdemont que después de tres meses en el Govern ya debería haber buscado acuerdos para su aplicación.
De momento quienes empiezan a aplicar medidas son los ayuntamientos. En el caso de Rubí, el concejal Rafael Güeto asegura que la medida les ha permitido intervenir en 337 casos de pobreza energética a lo largo de 2015. El consistorio, cuenta, ha destinado 43.300 euros a ayudas, pero no ha conseguido acuerdos con las compañías que, en base a la ley, permitirían que no fuera la administración quien asumiera todo el coste de las facturas que no pueden asumir las familias. Güeto asegura que las medidas ya suspendidas por el TC del Código Consumo catalán les daban “más poder de negociar con las compañías, ya que permitían fraccionar las deudas de las familias”.
El Ayuntamiento de Barcelona, por su lado, anunció la semana pasada sanciones a Gas Natural y Endesa si no cumplían con las obligaciones que les imponía la ley 24/2015. El Código de Consumo permite a los ayuntamientos sancionar a las compañías que incumplen sus obligaciones en materia de derechos del consumidor, y esto se mantiene vigente, ya que no se encuentra entre los artículo sobre pobreza energética suspendidos por el TC el pasado viernes. “La única ley que están cumpliendo Endesa y Gas Natural es la del mínimo esfuerzo”, declaró la alcaldesa Ada Colau.
Las compañías no aplican el principio de precaución, pero en cambio la aplicación de la ley sí permite un rápido restablecimiento de los cortes que se hacen irregularmente. En casa de Ricardo Romo son siete, él, su mujer y cinco hijos menores de edad. Ambos se encuentran en paro y hasta este mes han cobrado una ayuda de 426 euros cada uno. El mes que viene su mujer ya no la cobrará y a él se le acabará en diciembre. “Una mañana salimos a llevar los niños al cole y cuando volvimos teníamos la luz cortada”, cuenta Romo.
El afectado cuenta que contaban con un informe de vulnerabilidad de servicios sociales, pero la compañía no pidió información sobre su situación antes del corte. Sin embargo, reclamaron con la ley en la mano y al día siguiente habían podido restablecer la conexión. De momento, lo ha denunciado ante la Agencia Catalana del Consumo. “Para las compañías es como si la ley no existiera y las instituciones no trabajan para que la apliquen”, lamenta. ¿Y ahora? “La deuda se está acumulando y ya me ha llegado un nuevo aviso de corte”. Si se suspende la ley 24/2015 la familia de Romo no lo tendrá tan fácil para volver a tener luz en 24 horas.