Fianza de 40.000 euros para excarcelar a los acusados de quemar un furgón de la Guàrdia Urbana

Tras ocho meses en prisión provisional los seis anarquistas acusados de intentar quemar un furgón de la Guàrdia Urbana de Barcelona en las protestas contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel han visto la posibilidad de quedar en libertad. La jueza que investiga el caso ha decidido que puedan eludir la cárcel si pagan fianzas de 40.000 euros (y 45.000 uno de ellos).

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la jueza considera que todavía persiste el riesgo de fuga en los investigados debido a su origen italiano o francés, si bien matiza que este peligro se puede “soslayar” mediante la imposición de una fianza, la retirada de pasaporte, la fijación de un domicilio y prohibición de salida de España y las comparecencias semanales en el juzgado.

Las defensas de los seis anarquistas habían reclamado su inmediata puesta en libertad en base al informe de los Bomberos de Barcelona, que concluyeron que el incendio de un furgón de la Guàrdia Urbana durante las protestas en favor de la libertad de Hasel generó un “riesgo bajo” para el agente que se encontraba en su interior y que pudo salir del vehículo.

La magistrada considera que el riesgo bajo constatado por los bomberos no impide considerar el intento de incendio del furgón como un presunto delito de tentativa de homicidio. Y añade que la investigación del caso ya se encuentra “muy avanzada”, además de enumerar el resto de delitos a los que se pueden enfrentar los acusados: grupo criminal, atentado a los agentes de la autoridad, desórdenes públicos y “manifestación ilegal”.

Aunque a criterio de la magistrada “persiste el riesgo de fuga” en los investigados, la jueza matiza que la prisión provisional debe aplicarse “con carácter restringido”, por lo que en consecuencia decide que la prisión provisional sea eludible mediante el pago de fianza de 40.000 y 45.000 euros. Fuentes de las defensas consideran demasiado elevada la fianza y avanzan que intentarán rebajarla porque excede de los ingresos de los investigados.

La Fiscalía y los sindicatos policiales que son acusación popular en la causa se habían opuesto a la libertad de los investigados, mientras que el Ayuntamiento de Barcelona, que ejerce la acusación particular, se abrió a la libertad bajo fianza de 50.000 euros.

De los ocho investigados en la causa, seis permanecen en prisión provisional desde hace ocho meses. La Audiencia de Barcelona consideró que la falta de arraigo en España de los seis encarcelados, de origen italiano o francés, hacía que el riesgo de fuga solo se pudiera combatir con la cárcel.

Las otras dos investigadas sí permanecen en libertad después de que los jueces revocaran la prisión preventiva, en un caso por falta de indicios sobre la concreta participación de la investigada en los altercados y en el otro porque los Mossos d'Esquadra se equivocaron y la chica no era la persona que roció de líquido inflamable el furgón policial. Las defensas remarcaron ese error policial para argumentar que la investigación de los Mossos es “genérica” e “inconcreta”, al no atribuir a cada investigado una actuación concreta sino los disturbios en su conjunto como parte de un supuesto grupo criminal dirigido a provocar altercados.