“Un desastre ecológico de la mayor magnitud de los que se recuerdan últimamente en el territorio español”. Así se expresa el fiscal delegado de Medio Ambiente de Barcelona, Antoni Pelegrín, en su querella contra tres directivos de la empresa propiedad de la planta de reciclaje de residuos de Montornès del Vallès (Barcelona) cuyo incendio provocó el vertido y la contaminación con disolvente del río Besòs.
En su querella, que ya ha sido admitida por el juzgado de instrucción 2 de Granollers (Barcelona), el fiscal Pelegrín acusa al director general de la empresa Ditecsa; a su delegado en Catalunya; y al responsable de la planta de Montornés de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y otro relativo a la protección de la flora y la fauna por los vertidos en el río Besòs generados por el incendio de la empresa que provocaron la muerte de miles de peces y un grave daño en la fauna.
La querella repasa el reguero de irregularidades que la empresa mantuvo durante años, y que no subsanó por completo pese a las sucesivas inspecciones y multas de la Agencia de Residuos de Catalunya. La Generalitat llegó a multar a la empresa con sanciones de 3.000, 15.000, 48.000 y 10.000 euros en 2014, 2016, 2018 y 2019 por los sucesivos incumplimientos de las normativas sobre residuos, pese a lo cual los responsables de la empresa, continúa el fiscal, siguieron acumulando y mezclando residuos en contra de la normativa, lo que a la postre provocó el incendio y el posterior vertido en el río en diciembre de 2019.
Según la querella, los responsables de la empresa eran “conocedores en todo momento” de que en la planta de Montornès había “una importante acumulación de residuos y productos peligrosos” superior a la permitida por la normativa, y que además se guardaban en “lugares no autorizados”, sin etiquetar debidamente y sin que se conociera “cual era el verdadero contenido del recipiente”, algo expresamente prohibido por la legislación que obliga a la etiqueta de los contenedores de residuos tóxicos y peligrosos.
Además, continúa el fiscal, los querellados sabían los trabajadores de la planta no estaban formados debidamente para mezclar residuos tóxicos –actividad que hacían pese a estar prohibida– ni para reaccionar correctamente en caso de que alguno de los bidones reaccionara con humo o fuego. Por este motivo, cuando un bidón de 200 litros empezó a arder durante el turno de noche del 11 de diciembre de 2019, abunda el fiscal, nadie supo qué hacer.
La reacción continuó dentro del bidón debido a la mezcla prohibida de residuos que contenía, lo que provocó que a las 7.36h. empezara a arder, afectando rápidamente al resto de bidones y a toda la planta de Montornès. El fiscal señala que el vertido de residuos durante el incendio afectó al caudal del río Besòs y lo dejó “con una calidad nefasta que hacía imposible que desde los puntos de vertidos al río hasta la desembocadura en el Mediterráneo se pudiera mantener la vida acuática existente”.
El fiscal recuerda que la mezcla “descomunal de compuestos tóxicos y peligrosos” que llegaron al río debido a los vertidos y que duró días “causó un daño muy grave para el equilibrio de los ecosistemas” del río Besòs así como la muerte de centenares de peces –en unos días murió el 99% de la fauna– y una afectación crónica en el ecosistema.