Los nueve presos del procés no han sido el único objeto del informe contrario a su indulto que ha presentado la Fiscalía del Tribunal Supremo. Los fiscales mandan varias advertencias al Gobierno, encargado en última instancia de su concesión. Además de duros adjetivos contra un eventual indulto por la falta de “arrepentimiento” de los presos, los representantes del Ministerio Público señalan que la medida de gracia no está prevista para “satisfacer intereses políticos coyunturales”, en una de las referencias a las alianzas parlamentarias con los independentistas del Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos.
A nadie podía sorprender la posición contraria al indulto de los fiscales Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno. Los cuatro representantes de la Fiscalía mantienen la misma contundencia contra los dirigentes del procés una vez condenados que al inicio del caso, cuando en el Gobierno estaba el PP de Mariano Rajoy. De hecho, los fiscales siguen considerando tres años después que el procés fue una rebelión y que atentó con violencia contra el orden constitucional, una tesis que el Supremo ya descartó al definir el proceso soberanista como un engaño y un delito contra el orden público como es la sedición en vez de la rebelión reclamada por el Ministerio Público.
No tan previsible era que los fiscales realizaran, además de las obligadas consideraciones jurídicas alrededor del indulto, un análisis de la coyuntura política que, en su opinión, envuelve la tramitación de los indultos. El informe fiscal supone una enmienda a la totalidad a las dos vías que estudia el Gobierno de coalición para acelerar la salida de prisión de los presos y la solución política al conflicto: el indulto y la reforma del delito de sedición.
“El carácter discrecional del indulto no legitima la arbitrariedad, ni la desviación de poder, ni el alejamiento de la legalidad”, zanjan los fiscales, para a continuación recordar al Gobierno, que tiene la última palabra sobre los indultos, que la exclusión de la arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos consagrada en el artículo 9 de la Constitución “también rige” para la aplicación de la medida de gracia.
Por si quedaba alguna duda de su posición, los fiscales alertan de que el indulto no puede convertirse en “moneda de cambio política en el campo del acopio de apoyos parlamentarios” solo dos semanas después de que el Gobierno amarrara el apoyo a los presupuestos de ERC, partido de Oriol Junqueras.
Añaden los fiscales que el indulto no puede fundamentarse en la “necesidad de restaurar la convivencia frente a lo que se denomina un conflicto político”, pues se trata de una medida “excepcional”. Tras repasar la numerosa jurisprudencia que prohíbe los “indultos generales”, los fiscales indican que considerar el indulto como una solución al conflicto entre la Generalitat y el Gobierno “descansa única y exclusivamente en razones de conveniencia política y no en motivos particulares de carácter excepcional que lo justifiquen”.
“No se trata de una medida prevista para satisfacer intereses políticos coyunturales y que de manera arbitraria pueda concederse con carácter general ante la mera discrepancia con el tenor de la sentencia o la pura conveniencia de una situación política global”, apostillan los fiscales.
No se ahorran los fiscales calificativos graves para criticar un eventual indulto. A su juicio, la extinción parcial o total de las penas por sedición y malversación “equivaldría a banalizar una grave sedición que afectó a la democracia y a la unidad del Estado” y sería “propia de épocas totalitarias ya superadas y no acordes con los mecanismos de defensa de los valores constitucionales encarnados en las ideas de justicia, igualdad y responsabilidad de los gobernantes y dirigentes públicos”.
Tampoco desaprovechan la ocasión los fiscales para rechazar el principal motivo del Gobierno para reformar el delito de sedición. El Ejecutivo pretende con los cambios homologar este delito con otros códigos penales como el alemán, francés, italiano o portugués, pues la sedición en Europa se castiga con penas más bajas que en España y tiene como requisito la violencia.
Los fiscales consideran “incorrecto” el argumento de que el derecho comparado castiga con menor pena que el Código Penal español la sedición, comparación que tildan de “interesada”, “imposible” y “desafortunada”. A través de una extensa cita de códigos penales europeos, los fiscales señalan que la sedición en España equivale al delito de rebelión en legislaciones como la alemana, mientras que la rebelión española se equipara a los delitos de alta traición en Alemania, Suecia o Francia.
“El derecho europeo contempla tipos penales en los que se acomoda sin dificultad la alteración del orden público a través de alzamientos públicos y tumultuarios [la sedición] ejercitados por la fuerza o fuera de las vías legales desde el Gobierno de una comunidad autónoma”, concluyen los fiscales.
Los fiscales no esconden que su intención es que los presos del procés pasen más tiempo en prisión hasta que no se arrepientan o reconozcan el delito. Consideran “una necesidad ineludible” el cumplimiento “efectivo” de las penas de 9 a 13 años de cárcel a las que fueron condenados los dirigentes soberanistas. La permanencia de los presos entre rejas “no puede ni debe admitir atajos para burlar” la sentencia del Supremo, remachan los fiscales, que también muestran seguir anclados en sus tesis descartadas sobre la rebelión al afirmar que el Govern “redujo” a los Mossos d'Esquadra a un “elemento inoperativo” el 1-O, algo que descartó totalmente la Audiencia Nacional.
El próximo paso, el informe del Tribunal Supremo
Con la posición de la Fiscalía en contra del indulto y la favorable de las cárceles catalanas, el tribunal del juicio del procés, presidido por el magistrado Manuel Marchena, ya tiene los mimbres para elaborar su informe sobre la medida de gracia, que tampoco será vinculante para el Gobierno. Será el último trámite antes de que el Ejecutivo tome una decisión sobre el indulto, que no llegará hasta después de las elecciones catalanas de febrero.
En sus recientes resoluciones por las que tumbó el tercer grado de los líderes del procés el tribunal presidido por Marchena se guardó de hacer cualquier referencia directa o indirecta a los indultos. Pero si en algo viene insistiendo el Supremo es en su negativa a que su sentencia sea “permanentemente reinterpretada” por terceros y en que los presos tienen que pasar más tiempo entre rejas antes de cualquier flexibilización de su estancia en prisión.
Solo un 5% de los indultos en la última década se ha concedido con el criterio en contra de la Fiscalía y del tribunal sentenciador. Los plazos para saber si será así en el caso de los presos del procés se van acortando. La siguiente parada es la mesa de Manuel Marchena.