Nueva carpetazo a una investigación contra el Ayuntamiento de Barcelona. La Fiscalía ha archivado la investigación que abrió a la alcaldesa, Ada Colau por subvencionar con 3,4 millones de euros a entidades sociales como el Observatorio DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o Enginyeria sense Fronteres (ESF). El Ministerio Público ha concluido la investigación sin hallar indicios de delito, ha informado en primer lugar la agencia EFE y ha confirmado elDiario.es.
La asociación Abogados Catalanes por la Constitución, cercana a Ciudadanos, denunció ante la Fiscalía a Colau y a las exconcejales de Barcelona en Comú Gala Pin y Laia Ortiz, así como a la asesora municipal de Vivienda Vanesa Valiño, la teniente de alcaldía Laura Pérez y la directora del Observatorio DESC, Irene Escorihuela. Posteriormente, la entidad amplió su denuncia contra dos aforados: el portavoz de los Comunes en el Congreso, Jaume Asens, y el miembro de la Mesa Gerardo Pisarello, quienes fueron miembros del equipo de gobierno de Colau en el anterior mandato municipal.
Mantenía la asociación que el Ayuntamiento había otorgado las subvenciones porque eran entidades con las que sus responsables habían mantenido vínculos personales y profesionales antes de entrar en el consistorio, pese a que las subvenciones ya se concedían durante el anterior mandato, el del alcalde Xavier Trías (CiU). Sin embargo el fiscal concluye que en gobiernos socialistas y convergentes las entidades ya recibían subvenciones y en el mandato de Colau se concedieron “igual que las destinadas a cientos de entidades”.
En total, aseguraron los denunciantes, habían recibido 3,4 millones de euros en ayudas el Observatorio DESC (1,2 millones), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y Enginyeria sense Fronteres (ESF). El fiscal da carpetazo a las diligencias al considerar que las entidades sociales “no se beneficiaron específicamente de un trato de favor” por parte del consistorio. No obstante, deja la puerta abierta a llevar las subvenciones ante los juzgados de lo contencioso, pero no penal, al advertir de “irregularidades administrativas” relativas al deber de abstención de los concejales por su vinculación anterior con las entidades y al cauce legal elegido para otorgar las ayudas.
“Se trataba de subvenciones que habían pasado todos los controles internos de forma favorable y por ello estábamos muy tranquilos cuando se abrió la investigación”, ha declarado el concejal de Derechos de Ciudadanía de Barcelona, Marc Serra, que ha advertido de que los “ataques en forma de denuncias indiscriminadas” no frenarán la colaboración del consistorio con las entidades sociales. “Son denuncias que se presentan para atacar el prestigio del gobierno municipal y no para conseguir un resultado judicial”, ha agregado.
El archivo de la Fiscalía se suma al carpetazo que el mes pasado dio el Tribunal de Cuentas a la denuncia de Agbar contra el consistorio por los estudios realizados para municipalizar el agua, que ascendían a casi 900.000 euros. El ente fiscalizador acordó solo mantener abierta la causa contable por las subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona a entidades sociales –si bien no concreta qué cuantía investiga– y por una ayuda de 15.000 euros a los promotores de la consulta ciudadana sobre la gestión del servicio.
Con la decisión de la Fiscalía pierde fuelle el frente judicial del Ayuntamiento, que ha tenido que afrontar un aluvión de denuncias por las subvenciones o por vetar hoteles, aunque la mayoría han sido archivadas. A día de hoy solo permanece abierta la citada investigación del Tribunal de Cuentas, mientras que en los juzgados está investigada la concejal de Urbanismo, Janet Sanz, a raíz de una querella de London Private Company y los padres paúles por vetar un hotel de lujo en una finca modernista, la Casa Buenos Aires, aunque se pedirá el archivo del caso.